POR EL CAMBIO
PROGRAMA ELECTORAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAOL. 1982.

Las prximas elecciones generales sern una buena ocasin para que 
los ciudadanos espaoles recuperen su. protagonismo directo y 
relancen su voluntad de progreso y de solidaridad. El 28 de 
octubre, al tiempo que se elige a los representantes del pueblo en 
las Cortes Generales, se depositar la confianza en un nuevo 
equipo que garantice la puesta en prctica de esa voluntad de 
cambio.

La gran mayora de los espaoles es consciente de que sus 
esperanzas de modernizacin y de transparencia de las estructuras 
del Estado, de la sociedad y de la economa han sido repetidamente 
frustradas por la vacilante poltica de los gobiernos recientes, 
que han contemporizado con los grupos ms reaccionarios y 
egostas, preocupndose ms de sus propias disensiones internas 
que de los autnticos problemas de la sociedad.

Los ciudadanos han constatado da a da cmo esos equipos de 
gobierno han ido perdiendo la iniciativa, enredndose en prcticas 
oportunistas hasta quedar paralizados. Por ello, cuando las 
seales de agotamiento se hicieron evidentes, los socialistas 
avisamos seriamente al Ejecutivo, mediante la Mocin de Censura, 
advertencia que fue ignorada.

Esa actuacin, llena de indecisiones y falta de coherencia, que ha 
imposibilitado el saneamiento de las estructuras polticas, 
sociales y econmicas, ha agudizado an ms la necesidad de cambio 
que el pas siente.

Esa necesidad de cambio viene de lejos, puesto que la sociedad 
espaola sigue soportando una inaceptable desigualdad social, 
cultural y econmica, y, se ha hecho ms intensa porque se han 
perdido unos aos preciosos para atajar estos males endmicos. 
Nuestro ordenamiento constitucional plasm con total acierto un 
modelo de convivencia social, de libertades y derechos 
individuales y colectivos, que ofrece el marco ideal para 
modernizar el pas, marco que no ha sido aprovechado por las 
fuerzas polticas y sociales que han detentado el poder en las 
anteriores legislaturas. El Partido Socialista ha sabido durante 
todo este perodo de tiempo conjugar el lcito e imprescindible 
papel de oposicin con el de facilitar responsablemente la 
gobernacin y la estabilidad de las instituciones del pas, dentro 
del espritu pacificador y constructivo que la Corona ha 
promovido, en armona con el sentir del pueblo.

Los espaoles tenemos que superar la parlisis poltica actual, 
salir de la crisis econmica, desarrollar plenamente la estructura 
democrtica del Estado y las libertades garantizadas por la 
Constitucin, as como racionalizar el ineficaz aparato de la 
Administracin Pblica para luchar contra el paro y las 
desigualdades sociales.

El Partido Socialista, consciente de estos difciles problemas y 
de que en torno a l se han ido concentrando muy variadas 
esperanzas, ha integrado con rigor esas justas aspiraciones en un 
proyecto coherente, que se ha concretado, tras dos aos de trabajo 
de cientos de tcnicos y de dilogo intenso con todos los sectores 
sociales en un detallado programa de gobierno, del cual se han 
seleccionado las lneas de accin y las medidas ms esenciales 
para ofrecer a la ciudadana este Programa Electoral.

En cuanto a la crisis econmica, se ha demostrado claramente que 
las vas conservadoras puestas en prctica no slo no han 
solucionado nada, sino que la han agravado. La poltica de los 
anteriores gobiernos, basada en elevar los precios, rebajar 
sistemticamente los costes de la mano de obra, reducir los 
salarios reales o las plantillas, y transferir los costes de 
ineficacia de los aparatos productivos regresivos hacia los 
dinmicos, no ha logrado estimular la inversin Y ha tenido un 
efecto depresivo sobre la demanda, presentando el pavoroso balance 
de ms de dos millones de parados, a un ritmo de mil diarios en 
1981.

Es absurdo pensar que el pas puede seguir soportando una poltica 
cuyos nicos resultados son el mantenimiento de estructuras de 
poder -econmico, poltico y social- caducas a costa de desempleo, 
de reducciones salariales y de una poltica presupuestaria 
regresiva.

Respecto a la urgente necesidad de desarrollar todos los aspectos 
de la Constitucin, tanto en lo que se refiere a la estructuracin 
definitiva del Estado de las Autonomas, como en todo lo referente 
a las libertades y derechos personales NI sociales, el resultado 
no puede ser ms menguado. Por incapacidad y, ausencia de 
objetivos nos encontramos al final de esta legislatura sin 
concluir el mapa autonmico y sin haber terminado de realizar las 
transferencias a las que tienen derecho las Comunidades Autnomas.

Asimismo toda la magnfica riqueza potencial de libertades 
individuales y sociales que contiene nuestra Constitucin ha 
permanecido congelada y sin desarrollar. Las viejas e ineficaces 
estructuras de la Administracin han permanecido intocadas, 
haciendo baldo el esfuerzo de muchos de los que en ella trabajan. 
Ello ha permitido que nuestra Administracin Pblica siga siendo 
una trinchera de privilegios y prebendas, un aparato hostil a los 
ciudadanos y a los contribuyentes.

Las relaciones industriales siguen siendo poco fluidas a pesar del 
sentido de responsabilidad de los sindicatos, porque los sucesivos 
gobiernos, con una miopa histrica, no han sido capaces de 
entender que los sindicatos son piezas esenciales del mecanismo de 
una sociedad industrializada. La cultura ha seguido entendindose 
como un trastero que puede dirigir burocrticamente cualquier 
pretencioso personaje y los niveles de la misma siguen Siendo 
totalmente insuficientes para satisfacer a un pueblo imaginativo y 
deseoso de aprender.

Los servicios sociales, la sanidad, la vivienda, la educacin, 
siguen infradesarrollados y son centros de despilfarro y mala 
gestin. Todo este cmulo de desaciertos Y de problemas sin 
resolver ha llevado a nuestra sociedad a ser ms injusta, a tener 
bolsas de marginacin cada da mayores y a ampliar la desigualdad, 
a crear un clima de pesimismo y desnimo del que hay que salir con 
decisin y realismo.

Nuestro programa ataca estos problemas de forma armnica y 
equilibrada, teniendo como objetivo prioritario la creacin de 
empleo.

La magnitud de la crisis econmica internacional, junto al nivel 
de ineficacia alcanzado por nuestras estructuras productivas -
tanto pblicas como privadas- no permite a nadie responsable 
manifestar que es de fcil e inmediata solucin. No obstante, 
existen mrgenes de maniobra no despreciables dentro de la 
coyuntura econmica para ir modernizando nuestros aparatos 
productivos, reavivar la actividad econmica y generar en cuatro 
aos un paquete importante de nuevos puestos de trabajo que 
aligere considerablemente la lacra social del paro.

Crear empleo, mejorar la productividad, modernizar el pas, 
racionalizar las relaciones industriales, elevar los niveles 
tecnolgico-organizativos supone en definitiva situar a Espaa 
dentro del contexto internacional en el lugar que se merece. Esto 
exige aplicar gradualmente un abanico de sincronizadas medidas 
dinamizadoras, no slo en el mbito macroeconmico, sino tambin 
en la empresa, en la Administracin, en el sector pblico, en el 
rea de los servicios sociales, en la esfera de los derechos), 
libertades, en lo internacional y en la defensa. El programa 
socialista no se basa slo en un objetivo de mero crecimiento 
cuantitativo y economicista, sino que lo conjuga con el aumento de 
la calidad de vida, la mayor independencia nacional y con una 
mayor libertad y justicia.

Por eso, en las pginas que se ofrecer a continuacin, el 
ciudadano encontrar, junto a la planificacin concertada, el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios, un 
crdito transparente, la reestructuracin de la Empresa Pblica, 
la reduccin de los costes de la Seguridad Social que gravitan 
sobre las empresas, otros tantos proyectos para desterrar el 
despilfarro de la Sanidad y ofrecer prestaciones de mayor calidad, 
para mejorar y, democratizar la educacin pblica, privada, para 
extender la cultura, para erradicar corrupciones y privilegios en 
la Administracin, para conseguir una justicia ms eficiente, 
rpida y gratuita, para proteger los derechos personales y 
asegurar los derechos de participacin.

Todas estas medidas estn concebidas para resolver o para empezar 
a solucionar seriamente los problemas que tiene el pas y que 
afectan a la gran mayora de los espaoles, desde una perspectiva 
progresista y solidaria.

Hay que apartar de una vez por todas los obstculos y resistencias 
que ponen los grupos reaccionarios frente al avance y a la 
aspiracin a la igualdad y a la libertad. Hay que arrumbar los 
viejos mtodos, las estructuras caducas Y las viejas e ineficaces 
tcnicas, y poner al servicio del hombre y de la comunidad la 
nueva tecnologa y la ciencia para producir ms rentablemente. Hoy 
los ciudadanos pueden optar por soltar todos estos lastres 
histricos porque el sistema democrtico a travs de las urnas 
posibilita el cambio. La realizacin de nuestro proyecto exige, 
junto a una firme accin de Gobierno, la colaboracin decidida de 
los ciudadanos y su participacin en el esfuerzo comn, 
incorporndose al cambio.
Este programa asume las esperanzas y  las aspiraciones de la 
mayora y debe tener el respaldo de la mayora electoral de forma 
clara, para poder ponerlo en practica con serenidad y decisin.

I. LA CRISIS ECONMICA Y EL EMPLEO
1. CREAR EMPLEO, OBJETIVO  PRIORITARIO

La creacin de puestos de trabajo es el principal reto al que ha 
de enfrentarse la sociedad espaola durante los prximos aos. Por 
ello, el empleo es el objetivo prioritario del programa 
socialista. Es necesario crear puestos de trabajo para los ms de 
dos millones de parados que existen en la actualidad. Y tambin se 
requieren puestos de trabajo para los jvenes y mujeres que acuden 
por primera vez a solicitar su ingreso en la vida laboral. Para 
ello, el PSOE se propone crear ms de 800.000 empleos netos 
durante los cuatro aos de gestin gubernamental.

Ser necesario conseguir un ritmo de crecimiento econmico 
suficiente para crear ese volumen de empleo, a la vez que se 
incrementa el nivel de competitividad de la economa espaola.
Para alcanzar ese objetivo se adoptarn polticas especficas de 
empleo que, a travs de la solidaridad de los que ya cuentan con 
un puesto de trabajo, permitan reducir la edad de jubilacin, 
reducir la jornada de trabajo y escolarizar al mximo nmero 
posible de jvenes.

Buena parte de los puestos de trabajo que se ofrezcan sern de 
nueva creacin, por lo que se elaborarn medidas suplementarias en 
orden a la cualificacin y formacin de jvenes y desempleados.
Se hace necesaria, por tanto, una poltica expansiva, desarrollada 
dentro de un plan general de crecimiento a medio plazo que lleve a 
cabo la indispensable modernizacin de la economa. Ello requiere 
un crecimiento apoyado en la inversin, la exportacin y la mejora 
de la calidad de vida, corrigiendo los actuales desequilibrios 
mediante la realizacin de un esfuerzo nacional, distribuido entre 
todos con justicia.

La inversin pblica actuar como motor de la economa. En el 
Presupuesto de cada ao se prever un Fondo de Accin Coyuntural 
para la creacin de puestos de trabajo, cuya aplicacin ser 
objeto de negociacin con los interlocutores sociales. Pero es la 
inversin privada la determinante en el volumen de la creacin de 
empleos. Por ello, se propondr: un plan concertado que elimine 
incertidumbres de tipo institucional y de poltica econmica. la 
moderacin de costes, tanto salariales como de seguridad social y 
financieros. el establecimiento de canales de financiacin a largo 
plazo. el fomento del ahorro para financiar la inversin. el 
ahorro de costes de energa y el control de la inflacin.

El empleo en la negociacin colectiva
La negociacin colectiva debe llevarse a cabo segn el esquema 
adoptado en los ltimos aos, fijando la banda salarial en tomo a 
la inflacin prevista. Los acuerdos salariales anuales deben 
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
La negociacin a escala de empresas deber centrarse en la mejora 
de las condiciones de trabajo y en la distribucin del excedente 
obtenido por mejoras de la productividad.
Las prioridades socialistas para la distribucin de este excedente 
son: invertir en expansin y creacin de empleo, reducir jornada, 
sustituyendo las horas liberadas por nuevos contratos, mejorar las 
condiciones de trabajo y la participacin de los trabajadores en 
los beneficios de la empresa, y remunerar el ahorro para fomentar 
la inversin.

Todas estas medidas y objetivos exigen la participacin real de 
los trabajadores en la marcha de las empresas.
Reduccin de los costes salariales no laborales
La actual carga que las cotizaciones de la Seguridad Social 
suponen para las empresas es una barrera para la creacin de 
puestos de trabajo.

Por ello, se duplicar la aportacin actual del Estado reduciendo 
en un veinte por ciento la cotizacin empresarial. Las 
cotizaciones tendern a ser proporcionales al total de 
remuneraciones salariales.

El funcionamiento del mercado de trabajo
Se modificar la regulacin de la contratacin laboral para 
asegurar el control sindical y administrativo de su aplicacin a 
los distintos supuestos. Adems, se favorecer  la conversin de 
los contratos especiales en ordinarios.

Los contratos temporales constituirn un recurso excepcional, 
evitndose que representen para algunos colectivos la nica va 
posible de acceso a un trabajo remunerado.

Se promocionarn los contratos a tiempo parcial, por su adecuacin 
a las circunstancias actuales. Sin embargo, y en tanto no mejore 
sustancialmente la coyuntura de empleo, su uso seguir 
promovindose dentro de los colectivos actualmente incluidos y de 
las mujeres que buscan su primer empleo.

Para facilitar la insercin de los jvenes en la vida laboral, se 
difundir, asimismo, la utilizacin de los contratos en prcticas 
y para la formacin, poniendo los medios para que puedan concluir 
en contratos ordinarios.

La solidaridad para crear puestos de trabajo
Con carcter general se rebajar en el plazo de un ao la edad de 
jubilacin a los 64 aos, y las jubilaciones anticipadas podrn 
iniciarse a los 59 aos con coeficientes reductores.

Se marcar la tendencia a la reduccin de la edad de jubilacin, 
mediante un ritmo de rebaja de 6 meses cada ao.
Los trabajos penosos, txicos y peligrosos tendrn una regulacin 
ms favorable.

Se crear la figura del contrato de relevo, consistente en la 
jubilacin progresiva de trabajadores mayores de 60 aos y su 
sustitucin por jvenes en busca del primer empleo.
Se apoyar la jubilacin anticipada con carcter voluntario, 
especialmente cuando exista la posibilidad de sustitucin por 
jvenes trabajadores a travs de la negociacin.

El PSOE extender la escolarizacin plena hasta los 16 aos, y 
favorecer la prolongacin de la escolarizacin hasta los 18 aos.
Se dar prioridad a la expansin y reordenacin de la formacin 
profesional.

Durante el primer ao se fijar la jornada laboral legal en 40 
horas semanales y en 30 das las vacaciones anuales. Se mantendr, 
sin embargo, el objetivo de las 35 horas, al que deber tenderse a 
travs de las negociaciones colectivas, que debern avanzar haca 
la consecucin de la quinta semana de vacaciones.
Se recomendar en las negociaciones colectivas reducciones 
superiores de jornada como frmula de remuneracin de los aumentos 
de productividad.

Creacin directa de empleo por el sector pblico
Se constituir anualmente con cargo a los Presupuestos del Estado 
un Fondo para la creacin de empleos temporales por las 
Corporaciones Locales. Tal fondo se distribuir por las 
Comunidades Autnomas atendiendo a un conjunto de indicadores 
objetivos para su distribucin, entre los que tendrn prioridad el 
desempleo relativo y el grado de desproteccin existente en cada 
rea.

Se fomentar el empleo cooperativo posibilitando la utilizacin 
global de las percepciones a que tengan derecho los desempleados 
como aportacin al capital de la cooperativa.
Se establecer un programa temporal de bonificaciones fiscales y 
de cotizaciones, de la Seguridad Social para el fomento de nuevas 
iniciativas empresariales generadoras de empleo. Al mismo podrn 
acogerse las pequeas empresas de nueva creacin, siempre que den 
empleo a un mnimo de cuatro trabajadores y a un mximo de 10, de 
los que al menos la mitad sean desempleados o busquen por primera 
vez un empleo.

2. LA PLANIFICACION CONCERTADA

La planificacin y el mercado son instrumentos fundamentales en el 
desarrollo de una poltica racional para lograr el mximo 
bienestar y el ptimo aprovechamiento de los recursos del pas.
La planificacin democrtica consagrada en los artculos 38 y 131 
de la Constitucin es necesaria para responder a los desafos 
econmicos y sociales de la sociedad, atender a las necesidades 
colectivas, equilibrar el desarrollo regional y sectorial y 
estimular el crecimiento de la renta y su ms justa distribucin.
El mercado, como mecanismo de asignacin de recursos, tiene el 
valor de informacin y decisin en el funcionamiento de la 
economa, facilitando la libre eleccin del consumidor entre 
diversas alternativas. Su papel es fundamental para la adopcin de 
decisiones econmicas y para la gestin empresarial.

La existencia de un Plan a medio plazo, que sea la expresin de 
los grandes objetivos econmicos nacionales y que comprometa, por 
tanto. a todos los grandes agentes o fuerzas econmico-sociales, 
es una condicin fundamental para la reduccin de incertidumbres.
Un reparto claro de responsabilidades entre el sector empresarial 
y el Estado con el objeto de que las acciones entre uno y otro 
sector se refuercen y no se obstaculicen, parece hoy da ms 
necesario que nunca.

Para salir de la crisis es fundamental avanzar hacia una "economa 
concertada" en la que exista un importante sector de mercado con 
una clase empresarial dinmica, un sector pblico eficiente y unos 
sindicatos fuertes.

La planificacin democrtica y concertada tendr como lneas 
fundamentales las siguientes:

1. Como proceso poltico se basar en la formulacin de 
objetivos econmicos coincidentes con la legislatura, 
ajustndose anualmente en los Presupuestos Generales del 
Estado.

2. La articulacin entre los intereses generales de la Nacin 
y la construccin del Estado de las Autonomas, de acuerdo 
con el mandato del artculo 131 de la Constitucin.

3. La ordenacin y control del gasto pblico de modo que 
pueda responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.
4. Dentro de este marco, el Consejo Econmico y Social, 
previsto en la Constitucin, ser el instrumento bsico de 
concertacin, informacin y negociacin.

5. Como apoyo a este proceso, se proceder a una sustancial 
mejora de las estadsticas econmicas de la Nacin.

6. Para facilitar la actividad empresarial el Plan formular 
las previsiones y objetivos bsicos a desarrollar. Ello 
permitir la racionalidad y claridad en el tratamiento de la 
ayuda pblica con un delimitado presupuesto de gastos 
fiscales.

De este modo, la planificacin ser democrtica, objeto de un 
compromiso poltico. concertada, a travs de la negociacin con 
las principales fuerzas socioeconmicas. descentralizada, 
integrando las aspiraciones de los pueblos de Espaa, y flexible, 
adaptada a una poca de incertidumbre generalizada que requiere 
opciones selectivas. Con esta perspectiva, planificar es una 
prctica que permitir la profundizacin democrtica y una mayor 
eficacia del sistema econmico espaol.

3. LA MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS

3.1. El sector agrario: la agricultura, la ganadera y los montes
La agricultura y la ganadera espaolas estn afectadas y 
condicionadas en estos momentos por los efectos de la crisis 
energtica, el bajo crecimiento econmico, las incertidumbres ante 
la previsible integracin en la Comunidad Europea, as como por 
las prdidas de rentas sufridas por amplias capas de agricultores 
y ganaderos, cuya situacin se ha agravado como consecuencia de la 
sequa en los dos ltimos aos.

La poltica socialista se basa en la capacidad de la agricultura y 
la ganadera espaolas para mejorar, as como en la necesidad de 
que estos sectores jueguen un importante papel en el relanzamiento 
del conjunto de la economa y en el objetivo prioritario general 
de aumentar el nmero de puestos de trabajo. Nuestro 
abastecimiento alimentara, la potenciacin de la industria 
agroalimentaria y otras actividades relacionadas dependern de la 
capacidad de cambio del sector agrario, que se impulsar con 
carcter prioritario.

Ello exige una poltica agraria que aborde la reestructuracin y 
modernizacin de las estructuras agrarias, el desarrollo de 
importantes recursos ociosos y una decidida poltica de rentas que 
permita superar la marginacin y el paro que afecta. a grandes 
reas y comarcas. Los anteriores objetivos se considerarn desde 
una perspectiva descentralizada y participativa. Se proceder a la 
revisin del funcionamiento de las Cmaras Agrarias, y se 
establecern criterios estrictamente democrticos para definir la 
representatividad de las organizaciones agrarias.

La poltica de estructuras agrarias tendr como objetivo bsico el 
desarrollo y potenciacin de unas explotaciones agrarias ms 
productivas y competitivas en las que basar slidamente la mejora 
de las rentas de amplios sectores de la poblacin rural y capaces 
a su vez de satisfacer las necesidades actuales y futuras de 
productos agrarios, demandados por el conjunto de la sociedad.
Las explotaciones calificadas como familiares, pequeas y 
medianas, constituyen el tejido social y econmico del campo, su 
existencia es una garanta contra el aumento del desempleo y por 
tanto gozarn de acceso prioritario a todas las ayudas pblicas 
contempladas en la legislacin agraria.

Se fomentarn las cooperativas de carcter integral, como va 
natural de expansin de la agricultura familiar en los sectores de 
comercializacin e industrializacin de productos agrarios y se 
favorecer su competitividad en el mercado, sin renunciar a los 
principios de solidaridad y democracia interna.

En cualquier caso, las explotaciones agrarias podrn concertar con 
la Administracin programas de modernizacin y transformacin de 
su empresa, ajustndose a los planes prioritarios que se 
establezcan.

Se crearn "consorcios para la mejora del uso de la tierra", para 
la ordenacin del mercado de suelo agrcola y como instrumentos de 
clarificacin e intervencin a nivel regional. Estos consorcios, y 
la aplicacin de la legislacin vigente en materia de fincas 
manifiestamente mejorables, constituirn los instrumentos para 
corregir las situaciones de cuasi monopolio, tierras ociosas, 
infrautilizacin de tierras comunales, actividades de tipo 
especulativo, etc., que provocan los actuales desajustes en el 
mercado de la tierra. Las explotaciones familiares, las 
cooperativas, los agricultores jvenes y los asalariados sin 
tierra sern los beneficiarios directos de cuantas medidas de 
intervencin se produzcan.

Se elaborarn programas especficos de desarrollo regional para 
zonas desfavorecidas con objeto de corregir el abandono en que se 
encuentran regiones enteras y el escaso aprovechamiento de 
importantes recursos naturales.

El fomento ganadero se llevar a cabo a travs de un programa que 
tenga en cuenta la expansin de cultivos forrajeros, la mejora y 
recuperacin de recursos pastables, un mayor impulso a las razas 
autctonas y el saneamiento de la cabaa ganadera.

En el sector forestal se fomentar la puesta en valor de las masas 
forestales en su triple vertiente protectora, cultural y 
productiva de una manera equilibrada. Se desarrollar un Plan de 
repoblacin, integrado en los principios de la Ley Bsica del 
Medio Ambiente, sobre dos aspectos fundamentales: la lucha contra 
la erosin y la produccin forestal. Se mejorar la productividad 
de los montes particulares y en mano comn, y se articularn con 
el mercado fomentando la asociacin de productores para la 
ordenacin de masas y comercializacin Se ordenar el mercado de 
la madera con la participacin de productores y transformadores. 
Se ampliarn los medios de prevencin y lucha contra los incendios 
forestales.

En muchas regiones, el envejecimiento de la poblacin agraria est 
frenando los procesos de cambio y modernizacin, dificultando el 
acceso de los jvenes a la titularidad de las explotaciones 
agrarias, e inmovilizando importantes superficies de tierra. Por 
ello, se establecer un programa de jubilaciones anticipadas y de 
reagrupamiento de explotaciones inframarginales, que facilite el 
acceso de los jvenes a la titularidad de las explotaciones 
agrarias.

3.1.1. Poltica de rentas agrarias

La poltica de rentas se concebir como una superacin de la 
poltica de precios que corrija no slo los desequilibrios campo-
ciudad, sino tambin las desigualdades ms acusadas dentro del 
sector.

Los precios de garanta son necesarios para asegurar un nivel 
mnimo de ingresos al agricultor. Pero no sera realista esperar 
de la poltica de precios un papel redistribuidor de las rentas. 
por ello, se pondr especial atencin en otras medidas 
complementarias que permitan una mayor selectividad en las ayudas 
segn tipos de explotacin. Los precios y calidad de los medios de 
produccin sern igualmente objeto de negociacin y vigilancia.
Como garanta del nivel de rentas se potenciar un programa 
general de seguros agrarios que impida situaciones de ruina 
generalizada por motivos climatolgicos.

La poblacin agraria gozar de un sistema de prestaciones sociales 
que le ofrezca igual nivel de cobertura que otros sectores, lo que 
exige la reordenacin de la Seguridad Social Agraria, adaptndola 
a las peculiaridades del campo.

Los programas de mejora de las estructuras productivas agrarias, 
la necesidad de capitales para el campo, as como los nuevos 
programas de apoyo a la agricultura precisan de -un nuevo sistema 
de crdito para la agricultura y la ganadera, que supere las 
actuales discriminaciones, falta de publicidad en las concesiones, 
desviacin de fondos hacia otros sectores y retrasos 
injustificables.

La poltica crediticia pblica ser centralizada por el Banco de 
crdito Agrcola, que actuar de acuerdo con los criterios de la 
poltica agraria del Gobierno, regionalizar sus acciones y 
democratizar sus rganos de gobierno. El Banco atender de forma 
especial y con los beneficios previstos en tipos de inters y 
subvenciones las solicitudes que respondan a los diferentes 
programas de apoyo ya enumerados.

Las Cajas Rurales como entidades de crdito cooperativo sern 
igualmente un instrumento bsico de la poltica crediticia- para 
el campo, lo que exige su democratizacin.

La mejora de las estructuras comerciales y el acortamiento de la 
cadena de intermediarios pasan en primer lugar por mejorar la 
comercializacin de los productos agrarios en origen, para lo cual 
se reestructurar MERCORSA, modificando y ampliando sus cometidos.
El comercio en destino se ordenar potenciando la empresa pblica 
MERCASA. propiciando una mayor colaboracin entre Ayuntamientos, 
organizaciones agrarias, minoristas y consumidores.

Como estructuras intermedias se potenciarn las cooperativas de 
comercializacin, propiciando la integracin voluntaria y activa 
del mayor nmero de agricultores y ganaderos en las mismas, as 
como la asuncin por las mismas de aquellos procesos industriales 
que constituyan la base de la ampliacin y difusin de una 
industria agroalimentaria en el medio rural.

Se desarrollar de forma gradual un modelo de consumo que limite 
las dependencias internacionales y adapte las producciones 
agrcolas propias con las necesidades y nuevos hbitos de los 
consumidores, coordinando el desarrollo de la industria 
alimentara con las necesidades de los mismos y las de la 
produccin y reforma de la agricultura.

La investigacin y experimentacin agraria se potenciar de 
acuerdo con las necesidades prioritarias del pas y las diversas 
realidades agropecuarias. Se apoyarn especialmente los programas 
que se propongan reducir nuestra dependencia exterior, el mayor 
aprovechamiento de los recursos infrautilizados y solucionar las 
nuevas situaciones planteadas a la empresa agraria como 
consecuencia del encarecimiento de los medios de produccin.

A travs de los servicios de extensin y capacitacin agraria se 
impulsar la asistencia tcnica y la cualificacin profesional 
dirigida hacia todos los colectivos agrarios, a la vez que se 
incrementarn sus actuaciones en el campo del cooperativismo y el 
desarrollo rural, todo ello en colaboracin con las organizaciones 
de agricultores.

En materia de asistencia al desempleo agrario, el grado de 
proteccin tender a equipararse al rgimen general en materia de 
prestaciones y asistencia. terminando con la discriminacin que 
sufren los asalariados agrcolas y modificando el actual sistema 
de empleo comunitario.

3.2. La pesca

La pesca se configura como un importante sector de futuro, 
representando un valor estratgico alimentario fundamental. Para 
recuperar y potenciar el sector, se proceder a una urgente 
ordenacin de las aguas propias. Para ello, es necesaria una 
regulacin concertada de las pesqueras y la reestructuracin de 
la flota pesquera, as como de los cultivos marinos y del 
marisqueo, abordando decididamente la repoblacin de las zonas 
litorales y costeras. La lucha contra la contaminacin de las 
aguas y la reserva de espacios para cultivos marinos constituyen 
dos pilares bsicos en la ordenacin y aprovechamiento de las 
aguas propias.

En cuanto a las aguas internacionales se establecern criterios de 
negociacin poltica, que aseguren y estabilicen nuestra presencia 
en los caladeros internacionales.

Una reforma de las estructuras comerciales deber acercar al 
sector extractivo al consumo final, eliminando costes de 
intermediacin excesivos, para lo cual se potenciar el 
cooperativismo de comercializacin en sus diferentes formas.
Se asegurar la proteccin a la primera venta estableciendo 
precios de garanta, siendo las diferencias de precios 
subvencionadas por el FROM.

Los poderes pblicos, especialmente a travs del FROM, 
contribuirn a crear un nuevo hbito alimentario para aquellas 
especies hoy poco consumidas a pesar de su valor proteico y 
abundancia en nuestras aguas. Igualmente, se fomentar la 
industria de precocinados espaoles.

La poltica social en el sector pesquero, se apoyar en una 
clarificacin de la prestacin laboral contratada, en la 
democratizacin de las cofradas de pesca dores y en la 
potenciacin de los sindicatos de pesca.
Las lneas de actuacin ms urgentes se centrarn en la formacin 
de nuevas profesiones de la actividad pesquera, la asistencia 
social a las familias de los pescadores y a los tripulantes en 
puertos extranjeros.

La Seguridad Social prestar especial atencin a las 
peculiaridades sanitarias de la vida del pescador, extendindose 
el seguro de desempleo a la totalidad del colectivo de pescadores.

3.3. Poltica industrial

La agudizacin de la crisis econmica y la pasividad e 
improvisacin de las polticas industriales pasadas, han 
determinado la existencia de un sector industrial en Espaa en 
fase de desarrollo intermedio, muy dependiente del exterior, 
sometido a un intervencionismo poco transparente y con escaso 
nivel de concurrencia en el mercado interior, lo que le hace poco 
competitivo y extremadamente frgil y vulnerable ante los retos a 
que habr de hacer frente.

La poltica industrial contemplar un ajuste positivo e integral 
que supere las actuaciones parceladas, defensivas y coyunturales, 
de modo que la asignacin de recursos para la reindustrializacin 
se realice integrando las tareas de reestructuracin, reconversin 
y creacin de nuevas actividades industriales. Ello exigir 
consolidar la parte del actual patrimonio industrial que tenga 
posibilidades de subsistir, favorecer el crecimiento competitivo 
del mismo y buscar y potenciar actividades de recambio, de acuerdo 
con las nuevas demandas sociales.

Las posibilidades de alcanzar un ritmo de crecimiento adecuado 
dependern, fundamentalmente, de la capacidad de asignar recursos 
financieros al sector industrial. Lograr el volumen de inversiones 
necesario constituir un objetivo prioritario y preocupacin 
permanente de los socialistas en el campo de la poltica 
industrial.

Los criterios de actuacin que servirn a la poltica de 
industrializacin de nuestro pas son los siguientes:

1. El diseo de la poltica para salir de la crisis en el 
sector industrial no puede realizarse al margen de las 
exigencias del mercado, que habr de funcionar bajo 
crecientes cotas de competitividad interna y externa.

2. El protagonismo del sector pblico como instrumento de 
apoyo a sectores en crisis y como agente favorecedor de la 
creacin y desarrollo de sectores de futuro.

3. La reindustrializacin se basar en criterios de 
selectividad y de concentracin de las ayudas. La apuesta por 
la selectividad se sustentar en una creciente 
coparticipacin de los diferentes agentes protagonistas y en 
el aprovechamiento de las ventajas relativas previsibles a 
medio y largo plazo. La concentracin se har hacia aquellos 
proyectos que impulsen el proceso de reindustrializacin.

4. Se fijarn objetivos que atiendan al desarrollo de 
tecnologas especficas, con vistas a su incorporacin a los 
proyectos y sectores relacionados como prioritarios en el 
proceso de reindustrializacin.

5. En la asignacin de recursos, predominar el criterio de 
mxima descentralizacin territorial.

Los instrumentos de actuacin de la poltica industrial socialista 
respondern a las siguientes directrices:

1. Tendrn prioridad los instrumentos de naturaleza 
financiera sobre los fiscales, de peor cuantificacin y 
control, potenciando la Banca Oficial y reorientando la 
actividad de las Cajas de Ahorro.

2. En materia de poltica exterior, se favorecer la 
implantacin y desarrollo de actividades industriales en el 
extranjero como factor fundamental en la promocin y 
consolidacin de las exportaciones industriales.

3. La poltica de compras del Estado constituir un 
importante instrumento en la reindustrializacin, 
especialmente en el mercado de bienes de equipo, de nuevas 
tecnologas, etc.

4. Se dar una especial atencin al desarrollo tecnolgico 
especializado, tanto de proceso como de diseo y marca 
propia, a la informacin y a la formacin gerencial, junto 
con estmulos a la exportacin por medio de investigaciones 
de mercado y promocin comercial.

En definitiva, los socialistas propugnamos la puesta en marcha de 
procesos de planificacin econmica que sirvan de orientacin y 
marco de referencia a la iniciativa privada. la utilizacin ms 
eficaz de la empresa pblica. la clarificacin del papel de las 
fuerzas sociales en los procesos de reindustrializacin en que sea 
necesaria la aportacin pblica. la puesta en marcha de un nuevo 
marco de relaciones industriales con la constitucin del Consejo 
Econmico y Social y el acercamiento real de la poltica 
industrial a los mbitos autonmicos y locales. y la potenciacin 
del papel de las Comunidades Autnomas en la promocin industrial.

3.4. Electrnica, Informtica y  Telecomunicacin
Por las tecnologas que incorporan y los servicios que prestan, 
estos sectores constituyen una de las bases fundamentales de 
modernizacin del aparato productivo. Adems estn estructurando 
un nuevo modelo de produccin y modificando los flujos de 
informacin y, por tanto, condicionan un nuevo modelo de consumo, 
de vida y de distribucin de poder.

El PSOE es consciente de que la utilizacin de estas tecnologas 
es incuestionable si se quiere ser competitivo y modernizar la 
economa y, a la larga, producir cualquier bien o servicio. Por 
ello, acepta el reto que supone esta revolucin tecnolgica y 
expresa una decidida voluntad poltica de acometer el desarrollo 
en Espaa de la electrnica, la informtica y las 
telecomunicaciones, controlando a la vez los efectos que su 
introduccin produce en su entorno socioeconmico. Igualmente se 
hace imprescindible una actividad gubernamental ejercida con 
decisin y aceptada por las fuerzas sociales y empresariales que 
se ven implicadas.

El PSOE prestar un decidido apoyo a aquellos segmentos de mercado 
en los que sea posible la creacin de una industria nacional 
competitiva.

3.5. La energa

Las directrices que determinan la poltica energtica del PSOE son 
tres: la primera es el ahorro y la mejora de la eficiencia del 
consumo energtico, la segunda es dar un mayor peso relativo al 
carbn y al gas natural y menor a la energa nuclear, y la tercera 
evitar el sobreequipamiento actual en la generacin elctrica y en 
los planes de reconversin de la estructura de refino.
Los objetivos generales de la poltica socialista para la energa 
son, por tanto, reducir la inversin en el sector a sus justos 
trminos, desarrollar al mximo los recursos nacionales y la 
investigacin e implantacin de nuevas energas, junto con la 
aplicacin de una poltica de precios realista.

Para la consecucin de los objetivos expuestos se llevarn a cabo 
las siguientes actuaciones:

* Carbn
Acelerar la investigacin de todos los recursos potenciales y de 
las cuencas en explotacin. Se mantendr a largo plazo la demanda 
de carbn termoelctrico para conseguir sostener la expansin 
acelerada de las producciones nacionales.
Llevar a cabo una planificacin ordenada y acorde de las 
importaciones complementarias.

* Petrleo
Alcanzar una adecuada sustitucin del petrleo en el balance 
energtico espaol, lo que constituye el eje de la poltica 
energtica.

Transferir los actuales medios estatales para el transporte y 
distribucin que gestiona Campsa a una empresa de capital pblico 
mayoritario. La reforma de la estructura del refino se limitar a 
las necesidades de unas previsiones realistas, que eviten el 
sobreequipamiento.

* Gas natural
Negociar acuerdos internacionales de suministro, expansionar la 
red nacional de gasoductos y poner en servicio las redes de 
distribucin en las reas de influencia de los gasoductos.
Realizar la conexin con la red europea de gasoductos para 
garantizar el consumo futuro. Se intensificar, fundamentalmente, 
la exploracin de los recursos nacionales potenciales.

* Electricidad
Impulsar eficazmente el agotamiento de los recursos 
hidroelctricos pendientes -contemplando simultneamente las 
restantes necesidades hidrulicas-, as como la cogeneracin y la 
autogeneracin de energa elctrica.

Constituir una empresa con mayora de capital pblico para 
explotar, en rgimen de propiedad, el monopolio nacional de la red 
primaria de transporte de energa elctrica.

Impulsar definitiva y finalmente el Plan de Electrificacin Rural, 
desarrollndolo en el marco de las Comunidades Autnomas y de las 
Corporaciones Locales y Provinciales.
Proceder a la integracin de los intereses pblicos en el 
subsector.

Llevar a cabo una poltica de estricta complementariedad de la 
energa  nuclear, que atender exclusivamente las necesidades del 
consumo no cubiertas con otras fuentes disponibles. La potencia 
instalada no superar los 7.500 MW en el horizonte de 1990, lo que  
implicar una detencin ordenada del programa nuclear en curso. En 
cualquier caso, los criterios de seguridad sern un requisito 
previo para su entrada en funcionamiento.

* Investigacin y nuevas energas
Desarrollar la tecnologa nacional en todo el sector, poniendo el 
mximo empeo en la expansin de las nuevas energas limpias y 
renovables, con especial atencin a la energa solar.

3.6. Obras Pblicas

Las Obras Pblicas inciden de modo importante en la modernizacin 
de la economa y en la creacin de empleo. Son el elemento 
primordial en la poltica de Ordenacin del Territorio y 
proporcionan al ciudadano servicios indispensables para alcanzar 
una aceptable calidad de vida, por lo que ocuparn un espacio 
relevante en el programa plurianual de Inversiones Pblicas.
La poltica de carreteras se dirigir preferentemente hacia la 
mejora de calidad de la infraestructura existente. Las actuaciones 
en autopistas se encaminarn a la culminacin de las ya iniciadas, 
racionalizando su explotacin e interconectando las existentes, 
con presencia directa del sector pblico. El resto de la red 
viaria, en lo no transferido a las Comunidades Autnomas, ser 
objeto de mejora y conservacin a travs de los oportunos 
programas.

La poltica hidrulica se basar en la gestin integral de los 
recursos, incrementando la regulacin de las aguas superficiales 
mediante la construccin de embalses y programando su explotacin 
conjunta con las aguas subterrneas, en el marco de la unidad del 
ciclo hidrulico y en su doble aspecto de cantidad y calidad del 
agua.

El agua es un bien pblico, escaso y esencial, determinante para 
la poltica de Ordenacin del Territorio. Se elaborar una nueva 
Ley de Aguas basada en estos criterios y adecuada a los problemas 
actuales.

Se fomentarn la investigacin y la tecnificacin. Se potenciarn 
programas conducentes al ahorro de agua. Se dedicar atencin 
prioritaria a la elaboracin de planes hidrulicos para uso 
agrcola, a la dotacin de un adecuado nivel de servicio a todos 
los ncleos urbanos y al fomento de la produccin de energa 
hidroelctrica.

La poltica portuaria ir dirigida a la integracin de los puertos 
en el sistema general de transporte y a su especializacin, 
dotndolos de rganos de gobierno en los que estn representados 
los sectores implicados en su explotacin y conservacin, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades 
Autnomas. Se prestar especial atencin a los programas de 
inversin necesarios para una adecuada proteccin de las costas.

3.7. Transporte

El transporte, como sector intermedio, cumplir un -papel- 
importante en la poltica de reactivacin industrial, creando 
empleo y contribuyendo activamente a un desarrollo territorial ms 
homogneo.

El criterio bsico para las inversiones en infraestructura ser la 
coordinacin de las correspondientes a los distintos modos de 
transporte, y entre ellas se dar prioridad a las destinadas a 
conservacin, mantenimiento y racionalizacin de las existentes.
La redistribucin del trfico entre las distintas modalidades se 
orientar mediante la clarificacin del mercado, las tarifas y los 
costes, teniendo en cuenta el inters social, el impacto 
ecolgico, la seguridad y el ahorro energtico. La fiscalidad 
tender a no privilegiar a unas modalidades sobre otras.

Para aumentar la seguridad, se crear la Junta General de 
Seguridad del Transporte, que tendr como misin el control e 
investigacin de los accidentes en transportes.

En el transporte por carretera, se tender hacia una mayor 
transparencia en el mercado, as como a la equiparacin de las 
condiciones de concurrencia entre las diversas empresas 
existentes, para lo cual se prestar un apoyo efectivo a la 
pequea y mediana empresa.

En el transporte por ferrocarril, el objetivo general es mejorar 
su calidad y servir a los intereses sociales que justifiquen las 
subvenciones, a la par que actuar como demandante bsico de la 
industria nacional, creando empleo.

En el transporte martimo, se contendr el descenso del tonelaje 
de la flota de comercio espaola y se crearn las bases reales 
para su posterior crecimiento.

Se ordenar el transporte areo y se modernizar y clarificar su 
estructura actual.

En el terreno laboral, se tender al logro de la mxima 
homogeneidad posible en las condiciones de trabajo en los 
distintos modos de transporte.

3.8. Turismo

En 1981, Espaa recibi ms de 40 millones de visitantes e ingres 
por este concepto casi el 37 por 100 de nuestras exportaciones. El 
turismo da empleo directo e indirecto a ms de un milln de 
personas.

La evolucin actual y las nuevas formas de vida determinan que el 
turismo seguir creciendo y ser en un futuro inmediato an ms 
importante que lo es hoy da. Por ello, es necesario desarrollar 
la oferta turstica en las reas ms especializadas y que 
requieren tecnologa ms compleja, ya que en las de tecnologa ms 
sencilla -sol y playa- los mejores precios de otros pases pueden 
producir desplazamientos hacia ellos.

Para mejorar lo que existe y desarrollar otras lneas de mayor 
futuro, se programarn acciones dirigidas a evitar el deterioro 
del medio ambiente y los valores paisajsticos, urbansticos y 
artsticos, la planificacin de las grandes lneas de desarrollo 
turstico, el replanteamiento del crdito turstico dirigido 
fundamentalmente al mejoramiento, modernizacin y diversificacin 
de la oferta, el incremento de la formacin profesional y la 
racionalizacin de la participacin pblica en la actividad 
empresarial del sector.

3.9. Comercio interior

En los ltimos aos ha tenido lugar un proceso de fuerte 
penetracin de las empresas multinacionales en la implantacin de 
grandes superficies comerciales. otras formas de comercio, 
igualmente modernas, como las cadenas voluntarias y el franchising 
van penetrando gradualmente en el sector.

Al no existir una programacin previa para la reforma y 
modernizacin del sector, que cuenta con estructuras obsoletas, se 
est provocando una reestructuracin atropellada y desordenada con 
elevados costes sociales.

El PSOE promover la necesaria modernizacin y reestructuracin de 
las empresas comerciales, que permita el desarrollo del urbanismo 
comercial, compatible con la defensa de los pequeos comerciantes 
de los cascos tradicionales de las ciudades. No actuar en esta 
direccin supone dejar el protagonismo casi exclusivo del sector 
en manos de las empresas multinacionales y del capital extranjero.
El PSOE fomentar la incorporacin de las empresas espaolas al 
papel protagonista del proceso de cambio y reordenacin del sector 
mediante programas definidos. Se estimular la tecnificacin de 
las empresas independientes, el fomento del comercio asociado e 
integrado y la cooperacin entre empresas, especialmente en la 
prestacin de servicios y el cooperativismo.

La labor de promocin y apoyo a la modernizacin y racionalizacin 
de las pequeas y medianas empresas del sector se extender a los 
campos de la formacin profesional y capacitacin gerencial, al 
desarrollo de la informacin, a la incorporacin de innovaciones 
tcnicas, al acceso a la exportacin, a la potenciacin financiera 
y al desarrollo de los servicios de asesoramiento.

En los aspectos puramente normativos. se estima necesaria la 
simplificacin de las numerosas y complejas disposiciones de 
distinto rango que acentan en exceso el intervencionismo 
administrativo, tarea por lo dems imprescindible de acometer para 
culminar el proceso de transferencias a las Comunidades Autnomas.

3.10. La poltica cientfica y tecnolgica

El desarrollo de la ciencia y la tecnologa es una de las bases 
fundamentales de progreso de la sociedad y de modernizacin de la 
economa. Es preciso acabar con el equilibrio inestable entre 
crecimiento econmico y estancamiento cultura] y cientfico. El 
progreso cientfico y tecnolgico es hoy un imperativo del 
bienestar futuro. La ciencia debe ser un instrumento para superar 
algunas carencias sociales de la mayor importancia en los campos 
de la salud, la educacin y la comunicacin cultural, la vivienda, 
el transporte, la agricultura y la alimentacin, etc.

La investigacin cientfica y tcnica en Espaa adolece de una 
dbil infraestructura, tanto por lo que respecta a recursos 
econmicos -se dedica slo el 0,4 por 100 del Producto Interior 
Bruto, lo que nos coloca en los ltimos puestos de los pases 
desarrollados como por lo que se refiere a los recursos humanos- 
un nmero de investigadores muy inferior a los de cualquier pas 
europeo.

Pero si grave es la carencia de infraestructura investigadora, 
quizs lo es ms la descoordinacin en que se mueve. La falta de 
coordinacin entre gran nmero de organismos e instituciones 
contribuye al bajo rendimiento de la investigacin cientfica y 
tcnica en nuestro pas.

Uno de los problemas ms graves del sistema espaol de ciencia *y 
tecnologa es el aislamiento relativo de las personas e 
instituciones que intervienen en el proceso de la innovacin. La 
dbil conexin entre el sector investigador y el sector social y 
productivo es una amenaza hacia el futuro. El esfuerzo de 
investigacin debe ir unido y seguido de la difusin de 
conocimientos y su materializacin en bienes y servicios.

Con el fin de adecuar nuestra capacidad cientfica y tcnica a las 
necesidades de nuestro pas, los socialistas proponemos como 
medidas ms relevantes las siguientes:

1. Duplicar en cuatro aos el gasto en investigacin respecto al 
Producto Interior Bruto.

2. Dar prioridad a las inversiones estratgicas que preparan el 
futuro, lo que implica:

- Fomentar la formacin de personal investigador, 
incrementando el nmero de los que comienzan anualmente su 
formacin, reformando a su vez los estudios correspondientes 
al tercer ciclo universitario. Debe hacerse un esfuerzo 
social para recuperar a los investigadores espaoles que 
trabajan fuera de nuestro pas.

- Formular grandes programas pluridisciplinares en campos de 
especial inters derivados de las necesidades sociales y 
econmicas: biologa, alimentacin y salud. recursos 
naturales, energa y materiales bsicos, electrnica y 
telemtica. vivienda y transporte. ciencias sociales y mejora 
de las condiciones de trabajo en la agricultura y en la 
industria.

- Activar la demanda de innovacin creando la infraestructura 
tecnolgica adecuada y fomentando las compras tecnolgicas 
del Estado.

3. Elaborar un Presupuesto consolidado y nico de investigacin y 
tecnologa, as como un Presupuesto plurianual para los programas 
prioritarios de acuerdo con la necesaria planificacin.

4. Modificar el rgimen jurdico de los centros de investigacin 
con el fin de dotarlos de una mayor autonoma, iniciativa y 
capacidad de contratacin.

5. Elaborar un Estatuto del personal que trabaja en las tareas de 
investigacin que contemple su estabilidad, movilidad y la 
evaluacin de sus carreras.

6. Establecer el examen previo de conveniencia para las compras de 
tecnologa estratgica, asegurando la coherencia de las normas 
sobre inversiones extranjeras con la legislacin de transferencia 
de tecnologa, as como instrumentar ayudas para la exportacin de 
tecnologa nacional.

7. Restablecer la comunicacin en todos los mbitos entre los que 
generan conocimientos y aquellos que precisan aplicarlos para el 
bienestar y progreso de nuestra nacin. -

4. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMA

4.1. La empresa privada

El sector empresarial ha sido, y seguir siendo en el futuro, un 
importante protagonista de la actividad econmica. Para ello, no 
obstante, tiene que resolver los graves problemas que le aquejan 
actualmente, como son el minifundismo, la excesiva dependencia 
respecto al crdito a corto plazo, la insuficiente capacidad 
tecnolgica y unas prcticas de gestin que no se adecan a las 
necesidades actuales. El PSOE estima que es responsabilidad del 
Gobierno prestar el mximo apoyo en la bsqueda de un sistema 
eficiente y adecuado a las necesidades que la sociedad espaola 
demanda. Por ello, se propone:

a ) Impulsar los principios fundamentales que deben inspirar el 
comportamiento de la empresa en una sociedad democrtica: 
colaboracin, transparencia y eficiencia. Colaboracin en el 
sentido del dilogo y del necesario entendimiento entre los 
distintos grupos y fuerzas econmicas y sociales que operan dentro 
y fuera de la empresa. Transparencia como la obligacin de 
facilitar al exterior una informacin mnima y veraz. Eficiencia 
para poder alcanzar los objetivos empresariales a un coste mnimo, 
es decir, la maximizacin del beneficio en un mercado competitivo.

b ) Democratizar las estructuras de poder de las empresas con 
objeto de conquistar progresivamente la democracia econmica y 
social, fomentando los medios de descentralizacin y 
participacin.

c ) Apoyar la investigacin, la mejora de los mtodos de gestin y 
la innovacin tecnolgica, entendida sta como la actividad 
consistente en poner en prctica nuevos conocimientos que 
contribuyan al incremento de la eficiencia empresarial.

d ) Una reforma del sistema financiero orientada a potenciar el 
endeudamiento a medio y largo plazo de las empresas y a moderar el 
coste de los crditos.

4.2. Apoyo a la pequea y mediana empresa
Las pequeas y medianas empresas, el artesanado y los trabajadores 
por cuenta propia conforman un amplsimo conjunto de unidades de 
decisin descentralizada que constituyen un soporte fundamental 
para el sistema democrtico. En el orden econmico, las pequeas y 
medianas empresas son igualmente un tejido bsico del que depende 
el crecimiento y el desarrollo del conjunto econmico 
encontrndose, sin embargo, en especiales dificultades en relacin 
con las empresas de mayor tamao.

El PSOE considera un objetivo prioritario la modernizacin, mejora 
de la eficacia e incremento de la competitividad en las pequeas y 
medianas empresas. Para ello, est dispuesto a potenciar la' 
accin del Estado orientada a apoyar la reestructuracin de este 
tipo de empresa, y apoyar igualmente el cooperativismo en general 
y la cooperacin entre empresas, en tanto que instrumento eficaz 
para la prestacin de servicios comunes a las empresas 
individuales. Los aspectos determinantes de la poltica socialista 
se basan en las siguientes prioridades:

a ) Remocin de los obstculos legales e institucionales que 
dificultan la competitividad de las pequeas y medianas empresas.

b ) Modernizacin de las estructuras productivas y saneamiento de 
la estructura financiera de las PYMES.

c ) Adaptacin de las PYMES a la poltica e instituciones de las 
Comunidades Europeas y ayuda a sus actividades de exportacin.

d ) Apoyo al desarrollo de la informacin, formacin y asistencia 
tcnica, a travs de las propias asociaciones profesionales de 
empresarios, de las Cmaras de Comercio e Industria y, en general, 
de las instituciones vinculadas a las PYMES.

e ) Favorecer el acceso de las pequeas y medianas empresas a los 
suministros y contrataciones del Estado y, en general, a los 
Mercados Pblicos.

f ) Apoyo a la cooperacin entre empresas, al cooperativismo de 
produccin y, especialmente, al de servicios.
Se prestar especial atencin a la artesana, ya que constituye 
una parte importante del patrimonio cultural histrico, fomenta la 
capacidad creativa y artstica y supone una actividad intensiva en 
empleo.

4.3. Poltica de precios

La poltica de precios se llevar adelante, en general, por vas 
indirectas y evitando una intervencin y control directo sobre los 
mismos.

Sin embargo, ciertos precios seguirn sometidos a control o 
vigilancia:

- Los bienes y servicios producidos en rgimen de monopolio, 
tanto pblico como privado.

- Los de las empresas pblicas que presten servicios 
pblicos.

- Los de los bienes bsicos para la familia, materias primas 
estratgicas y bienes de servicios fuertemente 
subvencionados, pblicos o privados.

- Los precios agrarios, de acuerdo con las necesidades del 
sector y de la poltica general de precios y rentas.

4.4. La poltica monetaria

La poltica monetaria debe seguir jugando un papel fundamental, 
junto a la poltica salarial y de precios, dentro de la actuacin 
dirigida al control de la inflacin, aunque no como la poltica 
prioritaria a la que se subordinan las dems. Su ejecucin no 
estar exclusivamente centrada en una sola variable, la oferta 
monetaria, sino que tendr en cuenta tambin el crdito y los 
tipos de inters. Los objetivos monetarios sern dados a conocer y 
perseguidos con rigor, revisndose continuamente los instrumentos 
de control. Deben diversificarse y mejorarse los mecanismos de 
financiacin al Tesoro con la colaboracin de la autoridad 
monetaria. En un perodo inmediato se procurar la moderacin de 
los tipos de inters, sin soslayar su sintona con los 
internacionales, y se conceder una especial atencin a la 
poltica de tipo de cambio y de reservas, con objeto de evitar los 
movimientos especulativos, que puedan producirse.

4.5. La poltica financiera

La reforma iniciada en 1977 no ha alcanzado totalmente sus 
objetivos, en especial en lo que se refiere a la diversificacin 
de los mercados, modernizacin de las instituciones y formacin de 
los precios del dinero. Por otra parte ha generado grandes 
contradicciones en el sistema financiero. Por ello, es necesario 
plantear una nueva poltica que corrija los efectos menos deseados 
de la liberalizacin. Los objetivos primordiales de la misma han 
de ser alejar el peligro de una posible segunda crisis de la Banca 
y evitar el riesgo de desmantelamiento de nuestra industria por la 
aplicacin de una poltica liberal pura. Para ello, debe adoptarse 
una poltica en la que colaboren las autoridades financieras con 
las entidades privadas ms importantes a travs de acuerdos 
generales que fijen marcos a la actuacin pblica y privada. Los 
objetivos son: hacer ms flexibles los tipos de inters, 
consolidar la ampliacin de la gama de activos financieros, 
adaptar nuestras instituciones a la CEE, reforzar la 
responsabilidad de los dirigentes con una nueva legislacin en 
casos de quiebra o suspensin de pagos y potenciar la competencia 
en la totalidad del sistema.

4.5.1. La poltica en relacin con cada tipo de entidades

4.5.1.1. Banca. El tipo de actuacin a seguir debe basarse en los 
siguientes puntos:

1 . Se procurar que la Banca recupere su papel de gran 
inversor y promotor en el sector industrial y de servicios, a 
travs de acuerdos con el Estado, ligados a los programas de 
inversiones pblicas y de reestructuracin. Estos acuerdos se 
extendern tambin a ciertos sectores en los que no existe 
inversin pblica, como en el caso de las PYMES.

2. La creciente vinculacin de las cuentas de resultados de 
la Banca a las operaciones de financiacin al Sector Pblico 
debe utilizarse para propiciar una mayor flexibilidad de los 
costes financieros. Tales operaciones se coordinarn a travs 
de la Comisin de Financiacin Interior.

3. Se continuar el proceso de desintermediacin, 
especialmente en la financiacin al Sector Pblico.
Actuaciones en relacin con los Bancos en crisis
La crisis de la Banca es un proceso an no concluido, que 
condiciona toda actuacin poltica con el sector. En el futuro, la 
actuacin de las autoridades financieras se regir, adems de 
proteger los intereses de los depositantes y procurar la 

supervivencia de las entidades, por los siguientes principios:

1. Cuando la normalizacin de la entidad se realice con 
fondos mayoritariamente pblicos, el Estado har uso de la 
opcin de compra prevista en la legislacin actual. Dicha 
compra podr ser total o parcial.

2. Se incrementar la actuacin del Banco de Espaa y del 
Fondo de Garanta de Depsitos con carcter preventivo y 
procurando una mayor aportacin del sector bancario.

3. Se reforzar la accin legal sobre los banqueros con 
responsabilidades personales en la situacin crtica de sus 
entidades, modificndose el derecho aplicable y mejorando la 
atencin de la Administracin de Justicia a estos casos.

4.5.1.2. Cajas de Ahorro. La reforma ms urgente de las Cajas de 
Ahorro consiste en dotarlas de una regulacin legal moderna que, 
conservando la forma de fundacin, introduzca nuevas 
caractersticas, entre las que cabe destacar el carcter de 
"utilidad pblica" de todas ellas. el nombramiento por las 
Corporaciones Locales de la mayora de los consejeros. su 
actuacin en un territorio bien definido. la desaparicin de la 
distincin entre caja pblica y privada. la no persecucin del 
lucro. y la integracin de su obra social en los proyectos y en 
las instituciones pblicas de su mbito.

En cuanto a los rganos de gobierno, la normativa de las Cajas de 
Patronato Pblico se extender a todas las existentes. El resto 
proceder de los representantes legales de los trabajadores, de 
los depositantes y las entidades presentes en la asamblea. La 
composicin de las asambleas se regir por un criterio similar.
Las federaciones regionales de Cajas deben ser potenciadas. A 
partir de ellas, se abordar la reorganizacin de la CECA como 
Caja de Cajas que de coherencia a la actuacin de todas las 
existentes, sirviendo de intermediario con el Banco de Espaa y 
las otras autoridades econmicas y financieras.

En relacin con la expansin, fusin y modos de actuacin, ser 
prohibida la expansin de las Cajas de Ahorro fuera de su regin y 
sus operaciones se dirigirn a satisfacer las demandas especficas 
de la misma. Asimismo se prohibir su participacin en el capital 
de entidades bancarias.

En cuanto a sus operaciones activas, se moderar el descenso de 
los coeficientes obligatorios y se flexibilizar su composicin. 
Tambin se limitarn sus depsitos en el mercado interbancario y 
la concentracin de riesgos y se acentuarn las inversiones con 
sus clientes tradicionales, especialmente en la vivienda y las 
PYMES.

4.5.1.3. crdito oficial. Sus finalidades deben ser clarificadas, 
destacando la de completar la actividad de las entidades privadas, 
adems de garantizar la presencia activa del sector pblico en el 
sistema bancario. Las lneas de actuacin estarn dirigidas a 
conseguir:

a ) Una mayor coordinacin entre las entidades, con una progresiva 
integracin entre ellas. Para conseguirlo, el Instituto de crdito 
Oficial debe ser convertido en una sociedad estatal a la que se 
transferir la titularidad de las acciones de aqullas y a la que 
correspondern competencias de inspeccin y control, 
establecimiento de normas comunes en materia de personal, 
organizacin y servicios, as como la formulacin de programas de 
expansin y de financiacin.

b ) El equilibrio financiero de las entidades. Las operaciones 
activas estarn dirigidas a la financiacin de inversiones a largo 
plazo, flexibilizando las garantas exigidas y los tipos aplicados 
y con explicitacin de la subvencin recibida cuando sta exista. 
En las operaciones pasivas, se tender a aumentar la proporcin de 
las emisiones de renta fija.

Por otra parte, los Bancos oficiales reforzarn su colaboracin 
con la Caja Postal de Ahorros. Las grandes posibilidades 
operativas de esta institucin pblica de crdito sern 
desarrolladas al mximo, aprovechando su implantacin nacional.

4.5.1.4. Cajas Rurales. El objetivo que se persigue es la 
democratizacin, tecnificacin y consolidacin de estas entidades. 

Esto es posible a travs de dos vas complementarias: la 
penetracin de las organizaciones agrarias democrticas en los 
rganos de gestin y las modificaciones normativas, por medio de 
una nueva legislacin aplicable a las cooperativas en general y a 
estas entidades en particular. Al mismo tiempo se establecer una 
mayor coordinacin de su actuacin con el crdito oficial, y un 
control estricto de sus actividades.

4.5.1.5. Seguros. El aumento de su capacidad para atraer el ahorro 
depende de la mejora en la eficacia de las empresas y de la 
racionalizacin del sector. Para ello, deber reducirse el coste 
de gestin e incrementarse el nivel de solvencia, a lo cual 
contribuir un control ms eficiente de cada entidad y un nuevo 
marco de sanciones y responsabilidades. Se potenciar la 
concentracin de empresas y el aumento de dimensin media y se 
incentivar el seguro de vida. Tambin se favorecer el reaseguro 
interno.

4.5.1.6. Mercado de valores. Su funcin de desintermediacin como 
mercado abierto se reforzar mediante la cotizacin en el mismo de 
todo tipo de ttulos a corto y largo plazo, pblicos y privados. 
Los intereses de los inversores deben protegerse mediante el 
cumplimiento de las normas de informacin por parte de las 
empresas emisoras, la vigilancia de la correcta formacin de los 
cambios, el aseguramiento de la liquidez de todos los ttulos 
cotizados y la regulacin de la contratacin de grandes paquetes. 
La opacidad fiscal de algunas nuevas modalidades de ttulos ser 
evitada.

La inversin burstil ser favorecida sin que las entidades de 
inversin colectiva gocen de ventajas fiscales superiores al 
inversor individual.

4.5.1.7. Nuevos mercados e instituciones. En el desarrollo y 
consolidacin de los nuevos instrumentos financieros se prestar 
especial atencin al nuevo mercado hipotecario y a las sociedades 
de garanta recproca y segundo aval, cuya operativa debe 
simplificarse. Los fondos de pensiones sern regulados asegurando 
el control de su gestin por parte de sus beneficiarios.

4.6. Sector exterior

Un sector exterior fuerte y saneado es una condicin ineludible 
para un desarrollo equilibrado de la economa. Ello exige una 
reforma de la poltica actual de promocin y fomento de las 
exportaciones y un mayor rigor en nuestra poltica arancelaria y 
de importacin. Para ello:

a ) Se ampliar el fomento financiero a la exportacin. Hacen 
falta fondos suficientes, a un tipo de inters preferencia], lo 
que exige la reforma del Banco Exterior y una mayor participacin 
de la Banca privada y de las Cajas de Ahorro. Asimismo, es 
necesario ampliar los mecanismos del seguro de exportacin.

b ) La promocin comercial en el exterior estar presidida por el 
principio de la ms estrecha colaboracin entre los sectores 
pblicos y privados, no solamente aumentando las dotaciones 
presupuestarias para ese fin, sino mejorando sustancialmente su 
aplicacin y aprovechamiento.

c ) La red exterior de oficinas comerciales se modernizar 
mejorando sus niveles de informacin y gestin, y su coordinacin 
con la red de oficinas exteriores de las entidades pblicas y 
privadas.

d ) Complementariamente se apoyar al sector privado para que 
ample su presencia exterior, facilitando la instalacin y 
ampliacin, en el extranjero, de los servicios bancarios.

e ) La pequea y mediana empresa es un elemento fundamental en la 
exportacin. La labor de promocin realizada por el Gobierno 
estar orientada principalmente a ayudar a este sector, completada 
con una mejora sustancial de los actuales servicios de informacin 
del Ministerio de Economa y Comercio, promoviendo servicios 
comerciales conjuntos y compaas de comercio exterior.

f ) La estructura de nuestras importaciones y la presencia de 
tendencias proteccionistas en el comercio internacional hacen 
improcedente la adopcin de una poltica liberalizadora a 
ultranza. Adems es necesario ordenar el mbito arancelario y el 
extra-arancelario, donde siguen existiendo prcticas de marcados 
tintes arbitristas y distorsionantes.

g ) Las posibilidades de obtencin de cuotas crecientes de mercado 
interior para la produccin espaola, aunque existen, son 
limitadas, y por ello creemos que la base de esa sustitucin no 
debe ser una poltica proteccionista sino una adecuada poltica 
sectorial.

Financiacin exterior

La inversin extranjera en sus diversas formas ha supuesto un 
notable aporte a la economa espaola que en el futuro debe seguir 
mantenindose. La internacionalizacin de la economa espaola 
debe continuar, pero enmarcada en una poltica global adecuada.
El diseo y aplicacin de esta poltica requiere al menos los 
siguientes elementos: ampliacin y mejora del aparato estadstico, 
reestructuracin de los rganos interministeriales, definicin 
clara de las prioridades sectoriales y regionales, capacidad de 
control de los precios de transferencia, beneficios, pagos por 
"royalties" y asistencia tcnica, y sobre todo, robustecimiento de 
la capacidad negociadora ante las inversiones extranjeras. Los 
mismos principios cabe aplicar a la inversin-crdito. Nuestro 
endeudamiento ha de servir para financiar eficiencia y no para 
subvencionar la ineficiencia.

La inversin espaola en el exterior, especialmente la inversin 
directa ligada a actividades de exportacin, seguir siendo 
apoyada por el Gobierno, establecindose las garantas oportunas 
para impedir movimientos especulativos.

4.7. Sector pblico

4.7.1. Ingresos y gastos pblicos

El sector pblico atraviesa una grave crisis. Salir de esa crisis 
es una condicin ineludible para realizar una accin coherente de 
gobierno. Ello implica liberar al sector pblico de su 
sometimiento a intereses particulares o de grupo y ponerlo al 
servicio de todo el pas. Pero implica igualmente, una mejora 
sustancial de su gestin administrativa y financiera. Por ello, es 
necesario una reforma en profundidad de los ingresos y gastos 
pblicos y del proceso presupuestario.

1. La reforma del Presupuesto del Estado

El Presupuesto del Estado es actualmente un documento obsoleto que 
escasamente cumple ninguno de los principios presupuestarios, ni 
sirve a su finalidad principal de instrumento de programacin e 
informacin de la actividad econmica del Estado.
La elaboracin del Presupuesto ha de hacerse coordinada con el 
resto de la poltica econmica. Se desarrollar totalmente la 
presupuestacin por programas, que servir no slo como medio de 
mejora de la eficacia del sector pblico, sino tambin como cauce 
para una reforma de la Administracin en el sentido de ir 
adaptando su actual estructura orgnica a una nueva estructura 
funcional.

2. La reforma del sector pblico

La Constitucin proclama que el gasto pblico se realizar con los 
criterios de economicidad y eficiencia. En el momento actual ni el 
uno ni el otro se cumplen en el grado que sera exigible en una 
sociedad como la espaola. La reforma del gasto pblico se 
orientar con los siguientes criterios y objetivos:

a ) Aumento de la eficacia global del sector pblico y 
racionalizacin de la gestin del gasto.

b ) Modificacin del sistema de control, desplazando 
progresivamente las actuales tareas de intervencin hacia los 
centros gestores y creando un riguroso sistema centralizado de 
auditora de gestin.

c ) Conclusin del proceso de estructuracin de los mecanismo 
financieros correspondientes a las Haciendas territoriales, tanto 
de las Comunidades Autnomas como de las Locales, respetando el 
principio de equilibrio financiero proclamado en los Pactos 
Autonmicos.

d ) Desviacin del gasto hacia planes de inversin pblica 
directamente productiva, limitando el crecimiento de los gastos 
corrientes no asistenciales y potenciando el nivel de ahorro 
pblico.

e ) Implantacin y desarrollo de una poltica unitaria de personal 
y un sistema justo de retribuciones que sirva como autntico 
incentivo a la mejora de la gestin del gasto pblico, as como 
racionalizacin de la gestin de compra de los bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento del sector.

f ) Establecimiento de un riguroso control de las transferencias 
corrientes y de capital. En especial, no se concedern 
subvenciones a ningn tipo de empresas e instituciones pblicas o 
privadas sin que se hayan definido previamente los objetivos que 
justifiquen su concesin, las condiciones de utilizacin y las 
formas de evaluacin de los acuerdos adoptados.

g ) Se ejercer un riguroso control sobre el dficit 
presupuestario de acuerdo con la poltica econmica propugnada por 
el Gobierno, para aliviar la grave situacin que atraviesa la 
financiacin del sector pblico.

3. La reforma tributaria

La poltica tributaria socialista tiene como objetivo el convertir 
en realidad el principio constitucional de que cada ciudadano 
pague sus impuestos de acuerdo con su capacidad econmica. Para 
ello, se acentuarn los aspectos que incrementen la solidaridad y 
la justicia, as como los que contribuyan a la inversin 
productiva.

Para alcanzar estos objetivos, los criterios bsicos son:
1. La generalizacin del pago de impuestos es requisito 
fundamental para lograr un sistema tributario equitativo y eficaz.
Para ello, los socialistas nos comprometemos a:

a ) Luchar frontalmente contra el fraude y la evasin fiscal, 
aplicando la ley y dotando a la Administracin de los medios 
necesarios.

b ) Corregir las discriminaciones que existan, en los distintos 
impuestos, entre las diferentes fuentes de renta.
c ) Implantar y desarrollar una normativa adecuada que regule las 
infracciones y sanciones tributarias.

c ) Culminar el proceso de reforma fiscal iniciado en 1977 en las 
tres reas todava pendientes: en la imposicin patrimonial, en 
los impuestos sobre el consumo, y en la regulacin del Impuesto 
sobre el Valor Aadido, cuya entrada en vigor requiere un 
cuidadoso estudio, en especial en el sector agrario y las pequeas 
y medianas empresas.

2. El segundo criterio bsico es el de corregir los aspectos ms 
negativos de los impuestos directos, y en especial del Impuesto 
sobre la Renta. Ello se har a travs de:

a) Una mayor progresividad de la tarifa acompaada de la supresin 
de los frenos que la limitan, para evitar la injustificable 
situacin fiscal de las rentas y patrimonios altos.

b ) Para los que viven de sus rentas de trabajo, se corregirn los 
efectos de inflacin regularmente, con el objetivo de mantener 
como mnimo la renta real, teniendo en cuenta el nivel de los 
aumentos salariales. Adems, se adoptar una poltica de ayuda y 
fomento del ahorro.

c ) Se revisar regularmente el nivel mnimo de la obligacin de 
declarar para ajustarlo a la prdida producida por la inflacin. 
Con respecto a los pensionistas, se establecer una deduccin 
especial en la cuota, que en sus tramos ms bajos permita el 
incremento de su poder adquisitivo. Adems, no se practicarn 
retenciones a aquellos pensionistas, que por la cuanta de sus 
ingresos no estn obligados a presentar declaracin en el IRPF.

d ) Se mejorar el tratamiento fiscal de la familia, para evitar 
la discriminacin que sufre actualmente la mujer casada que 
percibe rentas por su trabajo. En relacin con los hijos y los 
miembros dependientes de la unidad familiar, se actualizarn las 
deducciones en el impuesto, relacionndolas con el sistema de 
ayuda familiar y de servicios sociales.

3. El tercer criterio bsico de poltica tributaria, consiste en 
la reordenacin de los incentivos fiscales a la inversin y al 
esfuerzo productivo. Con este objeto, se proceder a una revisin 
rigurosa de los gastos fiscales, para suprimir situaciones de 
privilegio y para orientarlos en funcin de la poltica de 
inversin y empleo definida en el marco de 11 planificacin.

4.7.2. La empresa pblica

Los socialistas concebimos las empresas pblicas como instrumentos 
fundamentales para la creacin de puestos de trabajo y el logro de 
un desarrollo estable. Para ello, el PSOE considera ineludible la 
creacin de mecanismos de control econmico, social y poltico de 
las empresas pblicas.

Disciplina y saneamiento en las empresas pblicas
La operacin de saneamiento de las empresas pblicas implica una 
mayor profesionalizacin en todos sus niveles. Para ello, se 
imposibilitar el ejercicio de la presidencia, o cualquier tipo de 
cargo directivo, en ms de una empresa, impidiendo igualmente la 
utilizacin de la empresa pblica como mecanismo de pago de 
sobresueldos a cualquier persona ajena a la misma.
Asimismo, es imprescindible su saneamiento financiero dotndolas 
de los recursos suficientes.

La empresa pblica y su compromiso con los trabajadores
El PSOE no desea mantener empresas pblicas sin potencial de 
desarrollo a largo plazo. Sin embargo, el coste social y econmico 
derivado de su reconversin no debe recaer exclusivamente sobre 
los trabajadores. Por ello, nos comprometemos a la creacin en el 
seno de las empresas pblicas de instrumentos que hagan posible el 
reciclaje de la mano de obra empleada en actividades obsoletas. 
Estas actuaciones son el complemento a un esfuerzo decidido en la 
elaboracin de nuevos proyectos empresariales que permitan la 
generacin de empleo.

La colaboracin con el capital privado
Las empresas pblicas estarn abiertas e interesadas en la 
colaboracin con el capital privado, sin ms exigencias que su 
acatamiento a la legislacin vigente.
La organizacin de las empresas pblicas
Una organizacin adecuada es condicin necesaria para la 
transparencia en las relaciones entre las empresas pblicas, el 
Gobierno y la sociedad. La organizacin actual se modificar 
configurando tres grandes tipos de empresas pblicas:

a) Empresas de servicios pblicos, cuyo objetivo es abastecer a la 
poblacin de ciertos bienes a un coste mnimo y que pueden tener 
financiacin presupuestaria total o parcial.

b ) Empresas energticas agrupadas en torno al Instituto Nacional 
de Hidrocarburos, cuyo objetivo ser asegurar el cumplimiento del 
Plan energtico Nacional.

c ) Empresas concurrenciales agrupadas en torno al INI, cuyo 
objetivo ser el desarrollo de la actividad econmica de acuerdo 
con los criterios que rigen la economa de mercado.
Las relaciones del Gobierno con las empresas pblicas
El PSOE considera a las empresas pblicas como instrumentos de 
poltica econmica e industrial. Por ello, ajustarn sus 
presupuestos y planes a largo plazo a las directrices emanadas del 
Gobierno.

Control parlamentario de la empresa pblica
Los mecanismos de control de la empresa pblica deben cumplir la 
funcin de incentivar la eficacia de su gestin. Los rganos de la 
Administracin del Estado, de los que depende la empresa pblica, 
informarn al Parlamento sobre su gestin, planes a largo plazo y 
programas de actuacin a corto.

5. LAS RELACIONES LABORALES

El programa socialista de medidas laborales y sindicales pretende 
posibilitar y facilitar un cambio en profundidad en las 
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en una 
sociedad que presenta para ellos rasgos injustos y 
discriminatorios.

La consecucin de este objetivo precisa necesariamente la 
modificacin sustancial de las relaciones laborales y humanas 
existentes en el mundo del trabajo tanto dentro como fuera de la 
empresa, y al mismo tiempo de un fortalecimiento de los sindicatos 
como organizaciones de los trabajadores, as como de sus medios de 
accin sindical.

En cuanto al primer aspecto, las medidas legales promulgadas hasta 
ahora han tenido escasa incidencia. Dichas medidas han de basarse 
en la idea de participacin y negociacin entre trabajadores y 
empresarios. En consecuencia, la modificacin de la situacin 
existente exige, al menos, los siguientes planteamientos:

a ) La consideracin del trabajador como ciudadano, tanto fuera 
como dentro del centro de trabajo, por lo que el ejercicio de los 
derechos y libertades constitucionales, individuales y colectivos, 
debe ser garantizado dentro de la empresa y compatibilizado con el 
normal proceso de produccin.

b ) Las medidas que se establezcan en este sentido potenciarn la 
buena marcha de la empresa y de la produccin, al mismo tiempo que 
implican un serio intento de democratizar la vida en la misma.
En cuanto al segundo aspecto, la modificacin en un sentido ms 
democrtico de las relaciones laborales, requiere el 
fortalecimiento de los sindicatos, a lo cual no pueden permanecer 
ajenos los poderes pblicos.

Se tomarn medidas dirigidas: 1) a modificar y completar de una 
manera urgente el actual marco legal a partir de la necesaria 
presencia del sindicato en el seno de la empresa. 2) a la 
articulacin democrtica del derecho de huelga con un contenido 
acorde con el artculo 28 de la Constitucin. 3) a la 
profundizacin del derecho de negociacin colectiva de los 
trabajadores, as como de su representacin y participacin 
institucional en la Administracin, potenciando su participacin 
en la adopcin de decisiones que afectan a la poltica econmica 
en general, y 4) a modificar la regulacin de las condiciones de 
trabajo contenida en el Ttulo I del Estatuto de los Trabajadores.

5.1. Marco de relaciones laborales

5.1.1. Relaciones laborales colectivas

5.1.1.1. Derecho de huelga. El PSOE plantea la necesidad de una 
Ley reguladora del derecho de huelga, que necesariamente tendr 
carcter orgnico, de contenido breve y sencillo, que reduzca las 
intervenciones de la Administracin y potencie la autonoma de las 
partes sociales.

5.1.1.2. Regulacin de los conflictos colectivos, reconociendo la 
legitimidad procesal de los sindicatos, a todos los niveles, para 
la declaracin de conflicto colectivo y estableciendo un 
procedimiento de solucin de dichos conflictos basado 
principalmente en sistemas de mediacin, conciliacin y arbitraje 
voluntario, de tal modo que la solucin jurisdiccional sea 
excepcional.

5.1.1.3. Libertad sindical. La Ley orgnica reguladora de la 
libertad sindical se basar fundamentalmente en los convenios 87 y 
98 de la OIT, as como en el convenio 135, de modo que dicha 
libertad sea una realidad tambin dentro de las empresas. En 
consecuencia, los socialistas consideramos imprescindible el 
reconocimiento legal de las secciones sindicales de empresa y el 
establecimiento de las garantas necesarias para que stas puedan 
ejercitar la accin sindical dentro de la misma. La Ley reguladora 
de la libertad sindical recoger adems las garantas necesarias 
para el ejercicio de la accin de los sindicatos, tipificando y 
penalizando las prcticas antisindicales dirigidas contra personas 
u organizaciones, y regulando procesos y recursos jurisdiccionales 
giles y rpidos para hacer valer las libertades y los derechos 
sindicales.

5.1.1.4. Representacin de los trabajadores en la empresa. El PSOE 
afirma la necesidad ineludible de fortalecer la representacin de 
los trabajadores en la empresa, acentuando las funciones de 
control y vigilancia y potenciando los derechos de informacin y 
consulta a los trabajadores por parte del empresario. El trabajo 
del Comit de Empresa se descentralizar a travs de la 
formalizacin de comisiones que fomenten la participacin de los 
trabajadores en la adopcin de decisiones relativas a sus 
condiciones de trabajo. En el terreno electoral, se ampliar el 
colectivo de electores a travs de la modificacin de las normas 
establecidas en relacin con los trabajadores eventuales y 
trabajadores sujetos a contratos de duracin determinada.

5.1.1.5. Negociacin colectiva. Para el PSOE, el progreso social y 
econmico y la buena marcha de la empresa dependen en gran medida 
de un sistema de negociacin colectiva gil y democrtico en 
cuanto a su instrumentacin, as como amplio en cuanto a su 
contenido y aplicable a todos los trabajadores. En este sentido, 
el PSOE considera que debe mantenerse en sus lneas bsicas el 
actual sistema de negociacin colectiva, debindose, sin embargo, 
ampliar y extender el campo subjetivo de la aplicacin de la 
negociacin colectiva, para conseguir que todo trabajador est
incluido en el mbito de un convenio colectivo. Para ello, es 
imprescindible, en primer lugar, que el convenio colectivo sea 
aplicable a todos los trabajadores de la empresa o el sector, sin 
distincin alguna por el tipo o naturaleza del contrato que 
vincula al trabajador con la empresa. En segundo lugar, es 
necesario extender la negociacin colectiva a aquellos sectores 
productivos y mbitos territoriales donde las condiciones de 
trabajo no se determinan actualmente a travs de convenio 
colectivo.

Ser necesario constituir la Comisin Nacional, de acuerdo con lo 
establecido en la Disposicin Final Octava del Estatuto de los 
Trabajadores, y fortalecer la obligatoriedad de negociar una vez 
que se haya ejercitado por alguna de las partes la iniciativa de 
apertura del proceso de negociacin.

5.1.2. Relaciones laborales individuales

La fijacin de las condiciones de trabajo, su alteracin o 
modificacin, y las circunstancias que pueden incidir en la vida o 
vigencia del contrato de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza 
de ste, respondern a la idea de que el contrato de trabajo es un 
contrato cuyas condiciones son realmente negociadas tanto a nivel 
individual como a travs de los representantes del colectivo de 
trabajadores de la empresa.

En esta perspectiva, el Ttulo 1 del Estatuto de los Trabajadores 
se modificar en su redaccin actual a travs de tres tipos de 
actuaciones:

a) En cuanto a las relaciones especiales de trabajo (deportistas 
profesionales, representantes de comercio, personal civil no 
funcionario de los establecimientos militares, personal de alta 
direccin, servicio del hogar familiar, penados, artistas, etc.) 
se proceder a una nueva regulacin de las mismas, tratando de 
evitar discriminaciones y privilegios con el resto de los 
trabajadores sometidos al Estatuto. Se regular por Ley un 
Estatuto del Minero.

b ) Los empresarios, especialmente en la pequea y mediana 
empresa, deben disponer de una cierta flexibilidad en la 
contratacin de los trabajadores. Sin embargo, el contrato de 
duracin indefinida seguir siendo el contrato de referencia y el 
objetivo a conseguir.

c ) Se superarn las condiciones mnimas de trabajo, fijando en 40 
horas semanales la jornada mxima, aumentando el mnimo de das de 
vacaciones legales, modificando la actual regulacin del rgimen 
de suspensin y extincin del contrato de trabajo y estableciendo 
un estricto control sindical sobre la realizacin de horas.

5.2. Participacin institucional de los trabajadores y de sus 
organizaciones sindicales representativas

El campo de accin del sindicato abarca la defensa de los 
intereses objetivos y generales de los trabajadores. En 
consecuencia, el sindicato no puede permanecer al margen de las 
polticas que repercuten directamente sobre la situacin de los 
trabajadores. Es necesario articular su participacin 
institucional, no slo en la empresa, sino tambin en determinados 
centros o instituciones donde se adoptan decisiones relativas a la 
poltica econmica y social. En consecuencia, las medidas 
contempladas son las siguientes:

5.2.1. Participacin de los trabajadores en la empresa
A travs de una ley en la que se establecern frmulas adecuadas 
de coparticipacin de los trabajadores en la gestin, 
fundamentalmente de las grandes empresas.

5.2.2. Participacin institucional en la Administracin
En la tarea de democratizar la Administracin Laboral y de la 
Seguridad Social, se asegurar la presencia sindical en todas 
aquellas instituciones y organismos donde se adoptan decisiones 
que afectan a los trabajadores. La participacin sindical tendr 
una nueva dimensin que permitir una facultad mayor de decisin y 
de gestin directa de los asuntos que son competencia de cada 
Instituto.

5.2.3. Creacin del Consejo Econmico y Social
La constitucin del Consejo previsto en el artculo 131.2 de la 
Constitucin es para el PSOE una decisin urgente. Dicho Consejo 
ser el lugar de encuentro de los interlocutores sociales y 
econmicos con el fin de que stos participen y hagan or su voz 
en los proyectos de planificacin econmica. Para ello este 
rgano, de carcter consultivo y de colaboracin en la 
planificacin, contar con funciones de informacin, consulta, 
estudio y asesoramiento, y facultad para la emisin de dictmenes, 
bien con carcter preceptivo, bien por propia iniciativa. 
Asimismo, en l se crearn comisiones especializadas sobre 
desarrollo y reconversin industrial, clasificacin profesional y 
sistemas de remuneracin, productividad y condiciones de trabajo y 
desarrollo de las relaciones laborales.

5.3. Medidas de apoyo a los sindicatos

El artculo 7 de la Constitucin establece que los sindicatos, 
"contribuyen a la defensa y promocin de los intereses econmicos 
y sociales que les son propios". Este reconocimiento 
constitucional atribuye implcitamente a los sindicatos un papel 
primordial en nuestra sociedad. Por consiguiente, para los 
socialistas no se concibe un Estado democrtico sin la presencia 
de sindicatos fuertes y representativos, resultantes de la 
aplicacin prctica del principio de libertad sindical contenido 
en el artculo 28 de la Constitucin espaola. Si bien el 
principio de autonoma sindical hace recaer principalmente sobre 
los propios sindicatos la responsabilidad de fortalecer sus 
estructuras, el Estado asumir determinadas responsabilidades en 
relacin con aqullos. En este contexto los socialistas 
procederemos a la solucin definitiva, adoptndose las medidas 
ejecutivas y normas jurdicas necesarias, del problema del 
patrimonio sindical, as como al establecimiento de convenios 
bilaterales entre el Gobierno y los sindicatos para la 
participacin de stos en campos como la educacin, formacin 
profesional, prestacin de servicios, ocio y descanso de los 
trabajadores, fomento de la formacin sindical, econmica y 
jurdica de trabajadores y cuadros sindicales, y para el 
mantenimiento de centros educativos y de formacin a cargo de las 
centrales sindicales.

II. UNA SOCIEDAD MAS JUSTA E IGUALITARIA

1. SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social en su situacin actual es insuficiente y est 
mal gestionada. Gasta poco en comparacin con los pases de la 
Comunidad Econmica Europea, gasta mal los recursos de que 
dispone. amplios sectores sociales se encuentran desprotegidos 
mientras otros se hallan sobreprotegidos, su sistema de 
financiacin es excesivamente gravoso para las empresas, 
especialmente para las pequeas, medianas y ms intensivas en 
trabajo, convirtindose en una forma de penalizacin del empleo y 
en factor perjudicial para la competitividad de las empresas 
espaolas.

El PSOE llevar a cabo un programa de reformas que comprende tres 
objetivos bsicos:

1. Incrementar inmediatamente la eficacia en la gestin.

2. Racionalizar y mejorar el actual sistema de prestaciones.

3. Extender progresivamente los beneficios de la Seguridad Social 
a todos los ciudadanos, como exige la Constitucin.

Se tender a incluir a todos los trabajadores por cuenta ajena en 
el rgimen general de la Seguridad Social, mantenindose aquellas 
especificidades de los actuales regmenes especiales que estn 
justificadas. Se reformar el rgimen especial de autnomos, 
incluyendo en el mismo a todos los trabajadores por cuenta propia. 
Se crear un rgimen nico para todos los funcionarios.

Se extender de forma progresiva a todos los espaoles la 
cobertura por la Seguridad Social de la asistencia sanitaria, en 
el marco de un servicio nacional de la salud. Se ampliarn 
igualmente las ayudas familiares, las pensiones asistenciales y 
los servicios sociales.

Se incrementar la aportacin estatal para financiar las 
prestaciones de carcter universal y los dficit de los regmenes 
especiales de la Seguridad Social. Al final del cuatrienio, las 
transferencias del Estado a la Seguridad Social duplicarn su 
participacin en la financiacin del sistema. Adems, se 
eliminarn cargas y gastos indebidos, sobre todo en los gastos 
sanitarios. Todo ello har posible la reduccin en un 20 por 100 
de la actual cotizacin empresarial, con los consiguientes efectos 
positivos sobre el empleo.

La elevacin de los topes mximos, el prorrateo de las pagas 
extraordinarias y un gravamen equitativo por las horas 
extraordinarias contribuirn a eliminar el desigual reparto de la 
carga entre empresas.

La recaudacin de las cuotas de la Seguridad Social se har ms 
eficaz, reformando y simplificando el actual marco normativo y 
aplicando un adecuado sistema de inspeccin informatizado.
Se asegurar el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los 
pensionistas, mediante una ley sobre revalorizacin automtica de 
las pensiones en funcin de la evolucin de los precios y 
salarios. Se sealar una cuanta mxima en el reconocimiento 
inicial de las pensiones por la aplicacin de un tope mximo al 
que se igualarn de forma paulatina las actuales pensiones que 
excedan de dicho tope mximo. Asimismo, se fijar la edad de 
jubilacin, con carcter general, en los 64 aos. edad que se 
reducir para las profesiones txicas, penosas e insalubres.
Se incrementarn de forma inmediata las asignaciones por hijos, 
utilizando a este fin las actuales asignaciones por matrimonio y 
cnyuge a cargo. A medio plazo se revisar el actual sistema de 
proteccin familiar, utilizando recursos adicionales derivados de 
los beneficios fiscales. Se aumentar la cobertura a los invlidos 
permanentes totales y a los supervivientes en situaciones de 
necesidad. Se eliminarn las discriminaciones por razn de sexo en 
la normativa sobre muerte y supervivencia.
Se incrementarn la eficacia y calidad de los servicios de la 
Seguridad Social, reduciendo los plazos de tramitacin de las 
prestaciones y garantizando la seguridad jurdica de los 
beneficiarios.

Se promover la participacin efectiva de los trabajadores y 
beneficiarios en las Entidades Gestoras. Los criterios de reforma 
de la Funcin Pblica se aplicarn a la reforma de la gestin de 
la Seguridad Social. Se proceder a la descentralizacin de 
funciones en las Comunidades Autnomas, garantizndose en todo 
caso el principio de igualdad de todos los espaoles con 
independencia de su residencia.

2. PROTECCION A LOS DESEMPLEADOS

El actual sistema de proteccin a los desempleados es 
manifiestamente insuficiente, ya que mantiene sin cobertura al 70 
por 100 de los parados, y lo que es ms grave, se est operando un 
deterioro creciente de las tasas de cobertura. A la vez, la 
gestin de las prestaciones es absolutamente catica.
El PSOE mejorar y extender el actual nivel contributivo y crear 
adems un nivel asistencial que cubra a los parados en estado de 
necesidad a los que no alcancen las prestaciones contributivas. 
Para conseguir tales objetivos se modificar la Ley Bsica de 
Empleo, con arreglo a los siguientes criterios:
1. El nivel contributivo del seguro de desempleo incluir diversos 
colectivos hoy desprotegidos.

En particular se buscar la equiparacin de los asalariados 
agrcolas al rgimen general de las prestaciones por desempleo. 
As, los trabajadores agrarios eventuales que tengan un mnimo 
anual de cotizaciones, en la agricultura 0 en otros sectores, se 
beneficiarn de las prestaciones por desempleo en proporcin a los 
das cotizados. Para los trabajadores agrarios fijos deber 
hacerse efectivo el sistema de prestaciones ya establecido y an 
no aplicado. Aquellos trabajadores agrcolas excluidos de estos 
casos o que hubiesen agotado el perodo de prestaciones ordinarias 
dispondrn de un nuevo sistema de proteccin que sustituya al 
Empleo Comunitario, que canalizar sus fondos tanto para la 
realizacin de obras de inters para las comunidades locales, como 
para cursos de capacitacin y formacin profesional, 
alfabetizacin, formacin y promocin cooperativa, etc. Este 
sistema se extender a ciertas comarcas y bolsas de paro agrario 
no comprendidas hoy en el mbito del Empleo Comunitario.
Se adaptarn los requisitos de acceso a las prestaciones por 
desempleo. La extincin voluntaria del contrato y los despidos 
procedentes no darn lugar a la exclusin, sino a un perodo de 
espera de 6 meses.

2. Se extender la duracin de las prestaciones bsicas, que 
quedar comprendida entre 6 y 24 meses. Se garantizar la 
percepcin de una cuanta igual al salario mnimo 
interprofesional.

3. Se crear un nuevo nivel asistencial en el caso de parados con 
cargas familiares y de parados cuya renta no supere el salario 
mnimo, y que hayan agotado los periodos de la prestacin 
contributiva.

El periodo de asistencia no ser inferior a 2 aos para 
trabajadores con cargas familiares, y para el resto no exceder de 
2 aos, complementados con perodos de formacin profesional. 
Dicho perodo podr prorrogarse para los mayores de 55 aos hasta 
que accedan a cualquier tipo de jubilacin.

4. Se mejorar la gestin de las prestaciones por desempleo, 
agilizndose los trmites para su concesin, se perfeccionar la 
informacin acerca del mercado de trabajo y la detencin de los 
posibles fraudes, mejorando sustancialmente el funcionamiento del 
INEM y de sus oficinas de empleo.

3. EDUCACION

En nuestra sociedad la cantidad y calidad de servicios educativos 
que recibe una persona depende de su capacidad econmica, nivel 
social y lugar de residencia. El gobierno socialista se propone 
acabar con este crculo vicioso de reproduccin de la desigualdad 
mediante una poltica educativa socialmente compensatoria e 
integradora de los ciudadanos, por encima de sus diferencias 
socioeconmicas, culturales e ideolgicas.

Un profesorado pedaggicamente renovado debe acometer, con la 
participacin del resto de la comunidad escolar, la tarea de 
formar hombres libres, capacitados para ejercer sus derechos 
ciudadanos y participar en el esfuerzo productivo.
En primer lugar, nos proponemos democratizar el acceso de todos 
los ciudadanos a los diferentes niveles de enseanza, eliminando 
obstculos al principio de igualdad real ante la educacin. La 
educacin es un servicio pblico, que ser garantizado mediante la 
programacin general y la creacin de centros suficientes, cuyos 
servicios estarn financiados de manera que el principio de 
gratuidad sea una realidad.

La escolarizacin de nios y jvenes comprendidos entre los 2 y 
los 16 aos se realizar de acuerdo con una programacin cuyo 
orden de prioridades deber permitir que todos los nios de 4 y 5 
aos dispongan de un puesto en educacin preescolar, que la 
escolarizacin de los menores de 16 aos llegue al 100 por 100, y 
que se satisfagan las necesidades sociales ms urgentes de 
escolarizacin de los nios de 2 y 3 aos. Se aumentar la tasa de 
escolarizacin para jvenes de 16 a 18 aos, mediante un sistema 
flexible que incluya la expansin de la Educacin Permanente, de 
la Formacin tcnica, y de una Formacin Profesional integrada en 
el resto de los niveles educativos y con una ms adecuada 
orientacin ocupacional.

Se incrementar sustancialmente la capacidad de escolarizacin 
integradora en educacin especial y se ampliarn los centros y 
modalidades de 'educacin permanente. Para los menores de 16 aos 
no escolarizados se definir a corto plazo un programa especial 
dirigido a recuperar y ampliar su nivel de conocimientos 
culturales y profesionales.

La compensacin de la desigualdad social, econmica y geogrfica 
de oportunidades, redistribuyendo territorial mente los centros y 
restantes medios de manera equitativa, ser un objetivo bsico. 
Para ello se crearn zonas de accin prioritaria, ordenando 
eficazmente la actuacin en los medios sociales y geogrficos 
marginados, donde el fracaso escolar y la falta de oportunidades 
educativas y profesionales se asocia directamente a los bajos 
niveles de renta y cultura. Igualmente se pondrn en marcha 
programas de educacin permanente, as como una poltica de becas 
que compense las desigualdades, especialmente en los niveles no 
obligatorios de la enseanza.

Se pondrn en marcha acciones para lograr una enseanza cuya 
calidad est al alcance de todos, con independencia de su renta o 
lugar de nacimiento. A tal fin, los centros sern dotados de los 
medios de apoyo didcticos y profesorado que faciliten la 
recuperacin de los nios con dificultades en el aprendizaje. 
Tambin se adecuarn las plantillas del profesorado a las 
necesidades de la enseanza y se constituirn equipos comarcales 
multiprofesionales de orientacin.

La renovacin pedaggica afectar a la formacin y actualizacin 
del profesorado, objetivos, mtodos pedaggicos y programas. Se 
potenciar una metodologa activa, el trabajo en equipo de los 
profesores, la prctica escolar innovadora y los movimientos de 
renovacin pedaggica.

Los centros docentes sern transformados progresivamente en 
autnticas comunidades escolares, en las que la educacin ser 
asumida como una tarea comn. Las comunidades escolares 
intervendrn en el control y la gestin de los centros a travs de 
los Consejos escolares, cuya creacin no se limitar slo a los 
centros, sino que se extender a otros mbitos ms amplios. A 
tales efectos se derogar la actual Ley de Estatutos de Centros, 
sustituyndola por otra adecuada al texto constitucional.

Se apoyarn las asociaciones de padres de alumnos, tanto como 
movimiento social que colabora a la consecucin de los fines 
globales del sistema educativo como por su carcter de 
asociaciones interesadas en la mejora de la enseanza en cada 
centro. Entre las diferentes medidas de apoyo se prev el fomento 
de las escuelas de padres.

El proceso educativo de los alumnos se ordenar de modo que stos 
puedan asumir progresivamente la responsabilidad de su propia 
educacin. Se estimular la participacin de los alumnos en la 
gestin de los centros y en la organizacin autnoma de aquellas 
actividades culturales y deportivas cuya responsabilidad exclusiva 
puedan asumir.

Se establecern los medios para que el alumno ejerza su derecho a 
ser orientado y preparado para una salida profesional.
La poltica del PSOE dedicar una atencin preferente a la 
dignificacin de la profesin docente, al reconocimiento de sus 
derechos econmicos, sindicales y acadmicos y a su formacin y 
perfeccionamiento continuo.

La Administracin educativa ser reformada para hacerla ms 
participativa, eficaz y transparente, as como para adecuarla a 
los cambios derivados del proceso autonmico. Se promover un 
proceso de consolidacin y coordinacin de las competencias 
educativas de las Comunidades Autnomas y de los Municipios.
La financiacin de la enseanza contribuir a la redistribucin de 
la renta y de las oportunidades educativas compensando las graves 
desigualdades ahora existentes.

Los centros no estatales que sean sostenidos con fondos pblicos, 
debern cumplir rigurosamente lo que previene el texto 
constitucional, garantizando el derecho de los padres, profesores 
y alumnos a participar en su control y gestin. Una norma regular 
los requisitos exigidos para su financiacin. En los niveles 
obligatorios, la financiacin deber realizarse conforme a un 
orden justo de prioridades, teniendo en cuenta las necesidades ms 
acuciantes de nuestro sistema escolar, como la desescolarizacin, 
la insuficiencia de la educacin especial, la baja calidad de la 
enseanza y la marginacin que sufren amplios sectores sociales y 
el medio rural.

Se apoyarn iniciativas sociales y cooperativas que se propongan 
la atencin prioritaria a los sectores mas necesitados, la 
aplicacin de modelos pedaggicos progresivos y realistas y la 
realizacin de proyectos educativos de escuela pluralista e 
integradora.

Para cumplir los objetivos de asegurar a todos el ejercicio pleno 
de su derecho a la educacin y mejorar la calidad y resultados de 
la enseanza, los socialistas realizaremos reformas fundamentales 
en la ordenacin y funcionamiento del sistema educativo.

En primer lugar, se organizar la educacin de los nios menores 
de 6 aos, transformando profundamente el sistema dual de 
guarderas y de centros de educacin preescolar para sustituirlo 
por las escuelas infantiles. Estas sern instituciones educativas 
dotadas de una ordenacin pedaggica y de servicios para el 
desarrollo del nio, para satisfacer las necesidades de la familia 
trabajadora.

Se iniciar un proceso de reforma de las enseanzas medias, con la 
participacin protagonista de los sectores implicados, tendente a 
la creacin de un primer ciclo comn de bachillerato, gradualmente 
diversificado, gratuito y obligatorio hasta los 16 aos, que evite 
divisiones discriminatorias. El acceso al empleo se efectuar tras 
una formacin profesional de calidad ajustada a las exigencias 
socioeconmicas o cursos de enseanza ocupacional que inicien a la 
vida laboral.

Se pondr fin a la situacin que padece la educacin especial, en 
la que centros y aulas especficas contribuyen a perpetuar la 
marginacin. Se pondr en marcha una poltica de integracin 
escolar de carcter dinmico y paulatino. Las aulas especiales se 
transformarn en aulas de apoyo y se potenciarn los equipos 
psicopedaggicos. Las necesidades de educacin especial no 
cubiertas a travs del rgimen ordinario se atendern a travs del 
fortalecimiento del Instituto Nacional de Educacin Especial y de 
centros regionales o comarcales adecuadamente dotados. La 
combinacin de programas de educacin especial y de oportunidades 
de traba o contribuir a integrar a los disminuidos fsicos y 
psquicos en la sociedad.

Se acometer la reforma de la investigacin educativa 
reorientndola hacia la satisfaccin de necesidades reales del 
sistema educativo en su totalidad. Los planes de formacin del 
profesorado se adaptarn a las exigencias de renovacin pedaggica 
y a la nueva ordenacin del sistema educativo. El 
perfeccionamiento y la actualizacin profesional del profesorado 
habrn de ser permanentes. Para la realizacin de tales propsitos 
se crearn Centros Superiores del Profesorado que articulen y 
coordinen las diferentes medidas necesarias para su cumplimiento.

4. LA UNIVERSIDAD

La Universidad debe contribuir eficazmente al desarrollo econmico 
y cultural de la sociedad. Su urgente reforma girar en torno a 
dos principios fundamentales: la democratizacin de la difusin de 
conocimientos y el aumento de la calidad de los servicios que la 
Universidad ofrece.

La democratizacin de la difusin de conocimientos, implica 
reducir las discriminaciones sociales y geogrficas en el acceso a 
los estudios universitarios. Ello exige una planificacin 
territorial adecuada de los centros de enseanza superior, as 
como una poltica avanzada de becas para las clases sociales ms 
desfavorecidas. La racionalizacin del acceso a la enseanza 
superior se realizar mediante la reconversin del COU y una 
orientacin escolar adecuada.

La extensin de la oferta universitaria incluir la renovacin de 
la UNED hacia frmulas nuevas de enseanza. La ampliacin de los 
servicios docentes universitarios contendr acuerdos entre 
universidades, empresas y sindicatos para llevar a cabo programas 
especiales para trabajadores.

Para aumentar la calidad de los servicios que la Universidad 
ofrece se reformar el profesorado, profesionalizndolo, 
estructurando una verdadera carrera docente, normalizando la 
precaria situacin del profesorado interino y contratado, 
introduciendo formas ms racionales de seleccin, promocin y 
evaluacin, potenciando la dedicacin exclusiva y mejorando los 
actuales niveles retributivos. Se modificar y reforzar el tercer 
ciclo.

Se fomentar la investigacin como requisito esencial para la 
mejora de la calidad de la enseanza y, en definitiva, para el 
progreso de nuestra sociedad. Las carencias de la investigacin en 
la Universidad espaola se deben a razones humanas, organizativas 
y presupuestarias. Para poner al da la investigacin en los 
centros de enseanza superior se potenciarn los departamentos 
como unidades bsicas de docencia e investigacin, se crearn 
institutos universitarios de investigacin con carcter 
interdisciplinar y medios suficientes y se fomentarn las 
oportunidades de formacin del profesorado y la relacin entre 
centros nacionales e internacionales de investigacin.
La reforma de la estructura actual de las Universidades es 
necesaria para adecuarlas a las necesidades sociales. Este 
problema se abordar a partir del aumento de sus presupuestos, del 
sealado reforzamiento de los departamentos, de la modernizacin 
del concepto tradicional de carrera y la creacin de titulaciones 
que respondan a las exigencias de la sociedad y el desarrollo de 
la ciencia.

Por ltimo, se elaborar una Ley de Autonoma Universitaria que 
otorgue a las Universidades la capacidad para administrar sus 
bienes y elaborar sus presupuestos, les permita la confeccin de 
sus estatutos y sus planes de estudio, y les otorgue facultades 
para seleccionar y promocionar a su profesorado y a su personal no 
docente.

5. CULTURA

La cultura de un pueblo es el resultado de la actividad de los 
creadores, de los artistas, de los poetas, los pensadores, de los 
hombres y mujeres que configuran da a da la imagen por la que 
una sociedad se reconoce y se da a conocer a los dems pueblos.
La cultura es tarea del conjunto de la sociedad, que debe 
desarrollarse desde plataformas y asociaciones ciudadanas. No es, 
pues, propiedad del Estado, ni de ninguna administracin o lite, 
ni una ddiva otorgada desde arriba. Es el fruto de una sociedad 
rica y creadora en la que el Estado debe promover el derecho de 
todos los ciudadanos a la cultura y superar toda discriminacin. A 
la vez, la cultura es uno de los instrumentos ms importantes para 
afrontar el cambio y consolidar una sociedad ms justa, ms libre 
y ms solidaria.

Los socialistas asumimos, como labor ineludible, llevar la cultura 
a todos los mbitos del Estado, impregnando todas las acciones de 
gobierno, y asegurar la igualdad de todos los ciudadanos para 
disfrutar y participar en la cultura.

En nuestro pas existen, fundamentalmente, cuatro retos para una 
poltica cultural progresista:

- Promover una mayor participacin social y acabar con la 
desigualdad ante el hecho cultural.

- Culminar el proceso autonmico en materia cultural, asegurando 
la plena normalizacin, desarrollo y potenciacin de las 
diferentes lenguas y culturas del Estado espaol.

- Ampliar y proteger la libertad de expresin, condicin 
irrenunciable para la creacin cultural y artstica.

- Estimular la produccin nacional cultural y artstica para 
evitar que la sociedad espaola se convierta en un rea de simple 
distribucin cultural. Se promover, asimismo, la proyeccin 
exterior de la cultura espaola y se llevar a cabo una poltica 
de promocin internacional de la cultura hispnica, a travs de 
proyectos de intercambio y colaboracin cultural con los pases de 
Iberoamrica.


5.1. Medios e instrumentos

Se desarrollarn los aspectos legislativos de la Constitucin en 
materia cultural, elaborando las leyes que precisan los diversos 
sectores, y sometiendo el conjunto de la legislacin cultural a un 
proceso de racionalizacin que haga posible una gestin gil y no 
burocratizada. Debido a la estructura autonmica del Estado, la 
mayora de estas leyes habrn de tener carcter de "marco", para 
permitir a los parlamentos autonmicos desarrollar sus propias 
leyes.

El presupuesto del Ministerio de Cultura aumentar y se orientar 
hacia una poltica eminentemente inversora que permita mejorar el 
nivel cultural, crear la infraestructura necesaria y generar 
empleo tanto directo como inducido. Se reorientarn la estructura 
administrativa y los medios humanos del Ministerio de Cultura 
mediante una reforma administrativa que garantice la agilidad 
burocrtica y la descentralizacin.

5.2. La lucha contra la colonizacin cultural. RTVE

La sociedad espaola se encuentra en una situacin de gran 
vulnerabilidad en el terreno de la cultura, ya que importa de 
otros pases contenidos informativos y culturales con frecuencia 
de nula calidad. Corre as un riesgo de dependencia ante otras 
culturas.

El proceso tecnolgico aplicado a la cultura va a dar lugar a una 
gigantesca revolucin a travs de la telemtica, de los satlites, 
de las redes de cables, de los videogramas, etc. Estas tecnologas 
de distribucin masiva producen unos retos nuevos y gigantescos a 
las culturas nacionales y estn siendo objeto de atencin 
prioritaria en los pases ms avanzados. En Espaa es necesaria 
una alternativa centrada, sobre todo, en los "contenidos" 
culturales, mediante una poltica de fomento de la oferta cultural 
nacional. Esta alternativa consiste, en ltimo trmino, en la 
extensin de una distribucin de bienes culturales de calidad y en 
estimular la creatividad cultural en todos los niveles y sectores.
La Radiotelevisin se convertir en un instrumento fundamental en 
la promocin de la oferta cultural. Culminar su proceso de 
institucionalizacin democrtica abordando una reestructuracin 
funcional y administrativa del medio que lo coloque al servicio de 
toda la comunidad. Este objetivo bsico debe concretarse en un 
instrumento sustancial de la propia produccin cultural de RTVE, 
evitando su colonizacin por producciones extranjeras de nulo 
valor cultural. En este sentido, la poltica cultural respecto a 
RTVE reforzar su papel impulsor de otras formas de expresin 
cultural, como el teatro, la msica, el libro y especialmente el 
cine. elevar los niveles tcnicos, culturales y estticos de sus 
programas. defender y fortalecer su carcter pblico, atendiendo 
prioritariamente a su proceso de territorializacin.

5.3. El acceso igualitario a los bienes y actividades culturales

El Gobierno espaol promover el acceso de todos los ciudadanos a 
la cultura. Esta exigencia contiene dos objetivos prioritarios: 
una poltica de creacin de infraestructura cultural y una 
poltica de enseanza, cultural. El Estado desarrollar tambin 
una poltica de servicios culturales que enriquezcan el trabajo y 
no slo el tiempo libre y que se extiendan a los sectores ms 
olvidados de la sociedad: los nios, los jvenes y la Tercera 
Edad.

Para conseguir el acceso igualitario a los bienes culturales es 
necesario rescatar a stos de la situacin de crisis en que se 
encuentran, mediante medidas urgentes que aseguren el 
funcionamiento de la vida cultural en los diferentes sectores. Con 
este fin, se ampararn iniciativas concretas, incluyendo las 
procedentes de la iniciativa privada y de las dems 
administraciones pblicas, arbitrando los medios fsicos y 
econmicos necesarios.

En el sector cinematogrfico, el Estado fomentar la creacin, 
facilitando y racionalizando el acceso a las diferentes 
modalidades de crdito, cumpliendo rigurosamente los controles de 
taquilla, reforzando la presencia del cine espaol en los mercados 
internacionales y desarrollando a travs de RTVE una poltica de 
estmulo a la cinematografa nacional.

Se acercar el conjunto de la actividad teatral a zonas 
geogrficas donde prcticamente no existe, procurando la apertura 
de nuevos locales, recuperando los actualmente dedicados a otros 
usos, estableciendo una red de compaas y centros teatrales 
estables y prestando atencin presupuestaria a la creatividad 
teatral privada realizada sinnimo de lucro.

El patrimonio arquitectnico ser protegido, recuperado y 
revitalizando a travs de frmulas de cooperacin con proyectos 
urbansticos referidos a la defensa de los cascos histricos y a 
la reutilizacin de monumentos histricos, adquiriendo obras de 
artistas espaoles actuales y mediante la reorientacin de la 
poltica de museos y de los programas de exposiciones e 
intercambios internacionales.

Para el fomento de la msica se acometer la construccin de 
auditoriums, la colaboracin con las Comunidades Autnomas para el 
apoyo de las actividades lricas y musicales, y se amparar la 
msica nacional en la radiodifusin y televisin. Se potenciar la 
investigacin y la creacin de artistas jvenes en las nuevas 
formas de expresin musical.

Se fomentar la lectura, la proteccin de la lengua castellana y 
del resto de las lenguas espaolas, la ayuda al sector editorial y 
una poltica activa de bibliotecas en cooperacin con las 
Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales, lo que posibilitar 
situar los ndices de lectura del pueblo espaol en la media de 
los pases europeos ms desarrollados.

5.4. Deporte para todos

1. La extensin de la prctica deportiva, haciendo que el "deporte 
para todos" llegue a ser una realidad viva en nuestra sociedad, es 
objetivo fundamental del Partido Socialista. Para ello, se 
reformarn los rganos de la Administracin hacindolos ms 
eficaces. en particular, se modificar el Pleno del Consejo 
Superior de Deportes, estableciendo una presencia ms ponderada de 
todos los sectores del deporte.

2. Las federaciones y clubes deportivos se organizaran con 
escrupuloso respeto a los principios democrticos, diferenciando 
con claridad el deporte de base, el de rendimiento y el 
profesionalizado. El funcionamiento de dichas federaciones ser 
asegurado con recursos pblicos.

3. La construccin y gestin de instalaciones deportivas ser 
regulada y promovida mediante un Plan General de Desarrollo de 
Instalaciones Deportivas, dirigido a dotar al pas de una 
infraestructura deportiva suficiente y a asegurar la plena y 
racional utilizacin de las instalaciones pblicas.

4. La Educacin Fsica, entendida como actividad permanente, ser 
uno de los aspectos ms importantes del programa de promocin 
deportiva. La Educacin Fsica se generalizar en los planes de 
enseanza.

6. URBANISMO Y VIVIENDA

La poltica socialista de urbanismo y vivienda se dirigir a 
mejorar la calidad de vida en un marco no discriminador, 
reduciendo la segregacin social, mejorando las condiciones del 
medio ambiente. Se preservarn las actividades productivas, los 
recursos naturales y el patrimonio construido del despilfarro que 
representa la destruccin.

Para ello hay que reducir las diferencias en las condiciones de 
vida, hoy discriminadas brutalmente, entre reas rurales y 
concentraciones urbanas y, dentro de stas, entre las reas 
favorecidas y las tradicionalmente marginadas.

Los objetivos son:

A ) Planificar el territorio para la localizacin de las 
actividades productivas, la implantacin de las grandes 
infraestructuras y la utilizacin racional de los recursos 
naturales, preservndolos de la urbanizacin y de los conflictos 
con las dems actividades productivas. En la distribucin de los 
recursos se atender al actual asentamiento de la poblacin. En el 
caso de la poblacin rural, se atender a su doble condicin de 
formar parte del sistema productivo y de ser la garanta de la 
preservacin del medio natural.

Se regular una nueva figura para la ordenacin del territorio: 
las Directrices Regionales, que sern elaboradas por las Entidades 
Autnomas desde los problemas existentes con la aportacin de los 
Ayuntamientos, y que sern la base para la planificacin global y 
para la distribucin de la inversin pblica.

B ) Garantizar el equipamiento y la dotacin de los servicios 
necesarios en cada rea, obteniendo el suelo, bien por medio de 
cesiones obligatorias y gratuitas de los particulares en 
contrapartida de las plusvalas producidas por el crecimiento de 
las ciudades, o bien mediante la expropiacin, cuyos valores se 
establecern de acuerdo con los Planes de Urbanismo en funcin de 
la regulacin del mercado a que dan lugar.

C ) Desarrollar una poltica que asegure la construccin de 
viviendas econmicas en reas no discriminadas, fomentando las 
competencias municipales en la regulacin del mercado del suelo, 
tales como: a) los Planes de Urbanismo que sealarn los suelos 
destinados obligatoriamente a edificacin de viviendas de 
Proteccin Oficial, las reas de preferente rehabilitacin que 
puedan ser objeto de los beneficios de la Proteccin Oficial, y 
las reas de preferente remodelacin en cuyo caso, bien por 
expropiacin o por concierto con los particulares, se garantizar 
el realojo de la poblacin residente. b) la formacin de 
patrimonios municipales de suelo por compra, incluidos la 
aplicacin del derecho de tanteo o la expropiacin. c) el 
desarrollo de una fiscalidad progresiva que aune los objetivos 
generales de justicia distributiva con los especficos de poltica 
urbanstica.

6.1. Vivienda

Una racionalizacin de la poltica de vivienda conlleva 
necesariamente una planificacin general y un mayor protagonismo 
de las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales. El diseo de 
la poltica de vivienda debe ser competencia del Gobierno del 
Estado y de las Autonomas, mientras que la aplicacin directa de 
esta poltica debe ejercerse desde los Ayuntamientos controlando 
la edificacin y el uso de las viviendas, impulsando operaciones 
de rehabilitacin y promoviendo y administrando viviendas 
pblicas.

La promocin pblica ser, por tanto, primordialmente municipal y 
se orientar a facilitar viviendas prioritariamente en rgimen de 
alquiler a los ciudadanos de ms bajos ingresos. Las viviendas de 
promocin pblica en rgimen de propiedad estarn afectadas por 
una clusula de recompra o tanteo en favor de los organismos 
pblicos, para los casos en que los adjudicatarios deseen 
venderlas. Las condiciones de financiacin debern ser 
particularmente favorables: 25 aos y un inters en torno al 6 por 
100 anual.

Se clarificar y dinamizar el mercado de viviendas usadas y se 
fomentar, sin que en ningn caso las condiciones de arrendamiento 
sean traba para ello, la rehabilitacin del patrimonio existente.
Para asegurar la oferta, adems de la promocin pblica, se 
facilitar su produccin mediante conciertos con la iniciativa 
privada, fomentando las que se ofrezcan en rgimen de alquiler y 
las de promocin cooperativa.
Se establecern unas mejores condiciones financieras mediante la 
reduccin de los tipos de inters y el alargamiento de los plazos. 
Los prstamos destinados a abonar el pago de cuotas e intereses de 
las economas ms desfavorecidas variarn en su cuanta, 
dependiendo de los ingresos familiares y del nmero de miembros de 
cada familia.

Un aspecto esencial es la concesin de crditos directos a los 
compradores, tanto para la compra como la rehabilitacin, lo que 
conllevar la introduccin de un mayor dinamismo en el mercado de 
viviendas de segunda mano.
La crisis energtica obliga a la construccin de viviendas menos 
costosas en trminos de balance energtico. Se fomentar, por 
tanto. la utilizacin de elementos constructivos tendentes a este 
tipo de ahorro. Se elaborar. adems, una normativa que me ' ore 
sustancialmente la calidad de las nuevas
A corto plazo debe obtenerse un ritmo anual de construccin de 
45.000 nuevas viviendas de promocin directa, 145.000 de 
proteccin oficial y la rehabilitacin equivalente a la iniciacin 
de 100.000 viviendas. tendindose durante los aos siguientes a la 
produccin de 400.000 unidades.

7. LA SALUD

La poltica sanitaria socialista quiere crear un servicio de salud 
integrado, que extienda a todos los ciudadanos la atencin a la 
misma. Tal poltica se basar en la promocin de la salud, en la 
prevencin individual y colectiva, en la atencin primaria, en la 
asistencia eficiente y en la reinsercin social del enfermo.
Se evaluarn permanentemente los programas y presupuestos, con un 
control estricto de los gastos y de la calidad. Se buscar la 
optimizacin de la gestin de los recursos sanitarios 
hospitalarios y se prestar particular atencin al trabajo en 
equipo y al centro de salud integral o integrado. Se llevar a 
cabo una poltica de personal sanitario que promueva la 
dedicacin, el cumplimiento de las normas y funciones y una 
racional formacin profesional. Se impulsar la investigacin 
sobre la salud. Se llevar a cabo una nueva poltica de 
especialidades en orden al concepto integral de la salud.
Se tutelarn los derechos d los enfermos en todos los centros y. 
servicios sanitarios. Se establecern instrumentos de 
participacin comunitaria en las estructuras sanitarias, se 
reformar la Administracin Sanitaria en una direccin de 
descentralizacin y de protagonismo de las corporaciones locales y 
se unificarn las diferentes redes sanitarias pblicas.
Todo ello entraa una reforma de la Administracin Sanitaria y la 
promulgacin de tres leyes bsicas: de Sanidad, del Medicamento y 
de Sanidad Alimentara. A la vez, se potenciar y reordenar la 
gestin y la inspeccin sanitaria.

La reforma y racionalizacin de la gestin del sistema entraa las 
siguientes medidas:

- La reforma del hospital pblico. Se potenciar la autonoma de 
gestin imponiendo criterios generales de maximizacin de la 
eficiencia, as como controles de calidad. El cumplimiento de las 
normas sobre horarios e incompatibilidades ser complementado con 
una poltica adecuada de remuneraciones. Se implantarn nuevas 
unidades diferenciadas para atender nuevas demandas -psiquiatra, 
dermatologa, reumatologa, farmacia- y se propiciar la apertura 
del hospital a su entorno, creando unidades de hospitalizacin de 
da y a domicilio. Se reordenar la asistencia a enfermos privados 
en hospitales pblicos. Se racionalizar la admisin hospitalaria 
y los servicios administrativos y mdico-administrativos.

- La asistencia sanitaria concertada obedecer a criterios de 
complementariedad, normalizacin, transparencia y controles de las 
clusulas, de la calidad y de los derechos de los enfermos.

- Se crearn plazas especficas para especialistas en medicina de 
familia y salud comunitaria, se potenciarn los niveles primarios 
y, en concreto, los Centros de Salud y Hospitales Comarcales, 
incluyendo programas acomodados a los indicadores de salud del 
rea. En la atencin primaria se introducir progresivamente la 
jornada completa laboral estableciendo en caso necesario sistemas 
de turnos anlogos a los de los hospitales con control de 
responsabilidades de horarios e incompatibilidades.

- En el nivel primario habr plena libertad de eleccin de mdico 
de la Seguridad Social para Medicina General, Pediatra y 
Tocoginecologa. La retribucin al sanitario ser por usuario y no 
por familias adscritas.

- Se combatir la masificacin de consultas y el exiguo tiempo 
asistencial. Se propiciar la informacin clnica. ' Se evitar la 
injustificada utilizacin de medios, de diagnsticos, de 
prescripciones y frmacos o el envo a hospitales de problemas 
subsanables por la atencin primaria.

- La poltica del medicamento se fundamentar en una 
racionalizacin de la oferta por criterios sanitarios, en el 
impulso de la investigacin y de la industria nacional del 
medicamento y en la reordenacin del registro y del precio de 
frmacos.

8. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales son un instrumento bsico de la poltica de 
bienestar social y calidad de vida. El PSOE concibe la accin de 
los servicios sociales basada en la solidaridad y extendida a 
todos los ciudadanos, mediante la promocin de recursos sociales 
en funcin de las necesidades y caractersticas especficas de 
individuos, grupos y comunidades.

El PSOE se compromete a establecer un sistema de bienestar social 
que, mediante servicios sociales comunitarios y sectoriales, 
ofrezca la informacin, asesoramiento y medios necesarios a todos 
los ciudadanos y grupos sociales para que puedan ejercer los 
derechos sociales reconocidos, promoviendo las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y grupos en que se 
integran sean reales y efectivas.

El programa socialista de servicios sociales desarrollar las 
siguientes lneas de actuacin:

- Creacin de un sistema pblico de servicios sociales alternativo 
a la beneficencia pblica y a la asistencia social como garanta 
frente al paternalismo y la desproteccin social. Integracin en 
el sistema pblico de servicios sociales de los recursos y 
servicios de la actual Beneficencia, Asistencia Social y servicios 
sociales de la Seguridad Social y reforma de sus centros e 
instituciones.

- Establecimiento de las medidas legislativas para garantizar el 
derecho a los servicios sociales de todos los ciudadanos. 
Planificacin y coordinacin de los recursos dispersos, 
descentralizacin de los servicios, financiacin a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado y participacin de los 
afectados.

- Puesta en marcha de un Plan General de Servicios Sociales de 
Comunidad, de base local, en coordinacin con los entes 
territoriales, incluyendo la creacin de un centro estatal que 
coordine y promocione la informacin de recursos sociales.

- Programas especficos para el desarrollo del bienestar social en 
las diversas reas que integran el campo de actuacin de los 
servicios sociales: promocin y animacin comunitaria. bienestar 
de la familia y de la infancia carente de ambiente familiar 
adecuado. bienestar de la Tercera Edad y de los minusvlidos 
fsicos, psquicos y sensoriales. prevencin y reinsercin social 
de toxicmanos, marginados y delincuentes. promocin de minoras 
tnicas y sociales y programas para situaciones de emergencia 
social.

- Impulso de las formas de convivencia y participacin ciudadana 
que fortalezcan la conciencia social y las relaciones de 
cooperacin y solidaridad de la comunidad con la problemtica 
social de los ciudadanos y de cada uno de los colectivos sociales.

9. LA MUJER

El cambio que proponemos los socialistas significa para las 
mujeres la mayor igualdad en la distribucin de las oportunidades 
de educacin y trabajo, as como en las responsabilidades 
cotidianas de la vida familiar. A la vez, se basa en un cambio 
profundo de la escala de valores fundado en el mximo respeto a la 
identidad individual y colectiva de las personas.

9.1. Igualdad en la educacin y el trabajo

Se eliminarn de las prcticas educativas toda discriminacin 
respecto de las nias y mujeres. Para ello se desarrollarn las 
siguientes medidas:

- La inclusin en los planes de estudios de EGB de los 
conocimientos necesarios para el cuidado personal de los nios y 
nias y la supresin de diferencias entre sexos en los mbitos de 
la educacin fsica, juegos y programacin del ocio.  La creacin 
de una comisin de vigilancia sobre el contenido de imgenes en 
los libros de texto que discriminen las tareas por razn de sexo. 
La prctica de la educacin, y el funcionamiento de los gabinetes 
de orientacin profesional en las escuelas para evitar 
discriminaciones sexuales en el mercado de trabajo.

- La implantacin de un programa especial de formacin de adultos 
dirigido a las mujeres, atendiendo a sus necesidades. Dentro del 
mismo se incluir un programa especial de erradicacin del 
analfabetismo.

En la esfera laboral, la discriminacin afecta muy especialmente a 
colectivos de trabajadoras desatendidas por la vigente legislacin 
de trabajo. Por ello, se dispondr que: los derechos de las 
empleadas de hogar se equiparen a los de los dems trabajadores, 
las trabajadoras a domicilio tengan asegurado el derecho a la 
atencin mdica en el hogar, la reglamentacin de las condiciones 
de seguridad e higiene en su trabajo y la negociacin de su 
salario mediante convenio.

En el mbito de la Administracin se crear una comisin para la 
igualdad que garantice la no discriminacin entre los dos sexos.

9.2. Por una maternidad deseada

Se crearn Centros de Planificacin Familiar en los Centros de la 
Seguridad Social y de la red sanitaria pblica. Estos Centros 
atendern problemas de regulacin del embarazo, psicoprofilaxis y 
asistencia al parto y puerperio.

Para el cuidado de los hijos menores de seis aos se 
proporcionarn, mediante programas especiales, todos los 
conocimientos de alimentacin infantil, higiene, enfermedades 
infantiles y psicologa. La creacin de escuelas infantiles 
facilitar la maternidad a las mujeres trabajadoras. La proteccin 
a las madres con responsabilidades familiares no compartidas 
incluir favorecer su acceso a la formacin profesional, su 
inclusin en los programas de viviendas de promocin pblica, la 
creacin de escuelas infantiles pblicas con servicios 
complementarios, as como medidas de fomento del empleo.

10. LOS JOVENES

En nuestro pas los jvenes comprendidos entre los 15 y los 24 
aos constituyen ms de 6 millones de ciudadanos. ms de un milln 
de jvenes menores de 25 aos se encuentran en paro o a la 
bsqueda de un primer empleo, la educacin que reciben es escasa, 
mal dotada y penetrada de formas no democrticas y valores 
autoritarios.

Todo ello como expresin ms dramtica de la marginacin y la 
progresiva restriccin de los derechos a que se ve sometida la 
poblacin juvenil.

Los jvenes constituyen el eje de dinamizacin de la sociedad, 
reivindicando todas aquellas capacidades libertaras, creativas y 
antiautoritarias de las que son depositarios, impulsando sus 
valores y la incorporacin de formas que les son propias, 
radicalmente innovadoras y democrticas.

La poltica socialista para los jvenes abarcar aspectos tales 
como el fomento del empleo juvenil, la transformacin del sistema 
educativo y un sistema de aprovechamiento del tiempo de ocio, 
ligado a programas culturales y deportivos.

Los socialistas estableceremos programas de fomento del empleo 
juvenil que atiendan:

a ) Al fomento de la contratacin, fundamentalmente a travs de la 
extensin y mejora de los contratos en prcticas y para la 
formacin.

b ) A la solidaridad del resto de la sociedad en favor de los 
jvenes, mediante la aplicacin estricta de las incompatibilidades 
y el adelantamiento de la edad de jubilacin, que enlazar con los 
contratos de relevo, establecidos para que los jvenes vayan 
sustituyendo paulatinamente a la poblacin prxima a la 
jubilacin.

c ) Al fomento del trabajo de inters social y cultural, promovido 
desde la Administracin a sus distintos niveles.

d ) A la potenciacin de los distintos tipos de cooperativismo.
Se potenciarn los contratos de relevo en la agricultura como 
forma de acceso a la propiedad y explotacin de la tierra de los 
trabajadores jvenes por cuenta propia, y se emplearn parte de 
los fondos del actual empleo comunitario en la capacitacin y 
formacin profesional agraria de los jvenes trabajadores 
agrcolas por cuenta ajena.

Con relacin al sistema educativo los socialistas proponemos:

a ) Garantizar una educacin para la libertad y la convivencia 
democrtica a travs de la mayor participacin de los alumnos, del 
fomento de la creatividad, de la eliminacin de todo signo de 
belicismo y sexismo en la escuela, del control de la publicidad 
sobre juguetes blicos y sexistas y de la coeducacin.

b ) Reformar las Enseanzas Profesionales con el fin de lograr que 
los actuales niveles de Formacin Profesional se integren en el 
resto de los niveles educativos, con la posibilidad de optar por 
uno u otro tipo de enseanza en cualquier momento.

c ) Fomentar la educacin permanente de los jvenes y mejorar la 
orientacin e informacin referente a las posibilidades del 
mercado de trabajo.

d ) Incrementar la tasa de' escolarizacin de los jvenes mayores 
de 16 aos y menores de 18.

Respecto al aprovechamiento del tiempo de ocio , los socialistas 
proponemos la popularizacin del deporte y la cultura y el fomento 
de los intercambios y del turismo juvenil.

El Servicio Militar obligatorio se cumplir preferentemente en la 
regin que constituya la residencia habitual del soldado, siempre 
que lo permitan las necesidades de la defensa nacional. Adems, se 
procurar la mejora en las condiciones de vida del soldado y en la 
remuneracin que perciba. Se reducir paulatinamente la duracin 
del Servicio Militar y se estudiar la ampliacin de efectivos 
procedentes del voluntariado.

La delincuencia juvenil, sus causas y consecuencias sociales se 
abordarn desde una nueva perspectiva que, poniendo el acento 
esencial en su prevencin, encuentre formas ms racionales y 
eficaces en su tratamiento, como son: la reforma del Cdigo Penal, 
el replanteamiento del sistema penitenciario y la derogacin.. de 
la Ley de Peligrosidad Social.

La drogadiccin se entender esencialmente como un problema de 
salud pblica. El Estado, a travs de sus instrumentos de poltica 
sanitaria, dispondr de los medios necesarios para la 
desintoxicacin y reinsercin social del toxicmano.
Para que las medidas de poltica juvenil alcancen sus efectos 
ptimos es preciso una Administracin Pblica al servicio de la 
juventud. En consecuencia, los socialistas proponemos:

a) Fomentar y regular el asociacionismo juvenil.

b ) Crear el Consejo de la Juventud como interlocutor ante la 
Administracin a todos los niveles, con representacin de las 
asociaciones juveniles.

c ) Estudiar el procedimiento de acceso de las asociaciones y 
organizaciones juveniles al disfrute del Patrimonio juvenil.

11. TERCERA EDAD

Promover el bienestar bsico de la Tercera Edad supone la 
progresiva transformacin de sus condiciones materiales de vida. A 
tal fin se desarrollarn las siguientes acciones:

- Garantizar la atencin sanitaria en el sistema sanitario pblico 
mediante la creacin de servicios de Geriatra y Gerontologa en 
los diversos niveles de atencin sanitaria, para lo cual se pondr 
en marcha la Cartilla Sanitaria de la Tercera Edad para todos los 
mayores de 65 aos.

- Conseguir de manera progresiva y paulatinamente el nivel de 
suficiencia de las pensiones, asegurando por Ley el mantenimiento 
de su capacidad adquisitiva.

- Reformar el Fondo Nacional de Asistencia Social creando 
progresivamente un sistema de pensiones mnimo para todos los 
espaoles en razn a la vejez e invalidez y a la carencia de otras 
fuentes de ingresos.

- Crear los servicios sociales de la Tercera Edad y reformar los 
existentes para mantener al anciano en su entorno de vida familiar 
y comunitario.

Para ello se llevar a cabo:

- La reconversin de las instituciones pblicas ya caducas -
asilos, casas de misericordia, etc., adaptndose a los 
objetivos de la poltica de bienestar social.

- La construccin de residencias asistidas para ancianos no 
autosuficientes y que requieran de manera permanente cuidados 
especializados.

- La extensin de la Ayuda a Domicilio, mejorando las 
prestaciones actuales a partir de una atencin integral al 
anciano en su propio domicilio y en el marco de su vida 
habitual.

- El desarrollo de actividades de dinamizacin cultural 
mediante la utilizacin polivalente de los servicios pblicos 
existentes en cada zona.

12. LA EMIGRACION

El PSOE proteger los derechos econmicos y sociales de los 
trabajadores espaoles en el extranjero a travs de una nueva Ley 
de Emigracin, basada en los siguientes criterios:

- Ayuda y preparacin del emigrante antes de su salida de Espaa y 
proteccin durante todo el perodo emigratorio y en el retorno.
- Renegociacin de los convenios de emigracin y Seguridad Social 
existentes y negociacin de los mismos con los pases con los que 
no los haya.

- Acuerdo transitorio con la CEE en favor de los emigrantes 
espaoles.

- Ordenacin del Censo Electoral Permanente para Residentes 
Ausentes y garanta del ejercicio del voto.

- Reforma de la Administracin Exterior relacionada con los 
trabajadores emigrantes, basada en una reestructuracin del 
Instituto Espaol de Emigracin y organismos dependientes del 
mismo.

- Puesta en funcionamiento de las Juntas Consulares elegidas por 
sufragio universal como medio de participacin directa en el 
quehacer administrativo.

- Necesidad de firmar convenios bilaterales sobre Enseanza a 
todos los niveles, con el fin de regular uno de los aspectos ms 
importantes en el desarrollo del individuo.

- Reestructuracin de las Agregaduras de Educacin y del sistema 
de enseanza seguido hasta el momento.

- Garanta real del acceso a la doble nacionalidad de los 
emigrantes espaoles que lo soliciten.

- Regulacin adecuada del servicio militar de los emigrantes.

- Prohibicin de toda forma de emigracin clandestina por parte de 
agencias, entidades o personas. - De manera particular se actuar 
para evitar discriminaciones sociales y laborales de los 
emigrantes que realizan trabajos de temporada.

El tratamiento integrador que el Gobierno llevar a cabo para que 
la proteccin, equiparacin laboral, social y educacional de los 
trabajadores emigrantes espaoles sea una realidad, se aplicar 
igualmente a los trabajadores extranjeros inmigrantes en Espaa.
Por ltimo, el objetivo del PSOE es el de crear las condiciones 
sociales que eviten, en un futuro prximo, que Espaa siga siendo 
un pas exportador de mano de obra barata, permitiendo que todos 
los trabajadores espaoles, tanto manuales como intelectuales y 
cientficos, encuentren la oportunidad y las condiciones ms 
favorables posibles que les permitan vivir y desarrollarse en su 
propia tierra.

13. MEDIO AMBIENTE

Los socialistas pretendemos eliminar desde el Gobierno las causas 
concretas que provocan el deterioro ambiental, la conflictividad 
con el entorno, el despilfarro de recursos, la destruccin 
irreversible de espacios naturales de importancia ecolgica o 
econmica, la degradacin continua del mbito rural, la 
contaminacin en las ciudades, la transformacin en cloacas del 
litoral y los ros, y, en general, las modificaciones negativas 
del entorno fsico y de nuestras condiciones de vida.
La poltica socialista sobre Medio Ambiente es esencialmente 
preventiva, atendiendo al doble imperativo de economa de recursos 
y de calidad de vida para los ciudadanos. Sin embargo, en Espaa 
se ha llegado a un grado tal de degradacin ambiental que no slo 
se hace necesaria la implantacin de esa poltica preventiva, sino 
la puesta en marcha inmediata de medidas concretas y urgentes al 
menos en los siguientes campos:

13.1. Calidad ambiental

Se abordar urgentemente la descontaminacin atmosfrica limitando 
las emisiones potencialmente contaminantes y potenciando el empleo 
de tecnologas limpias en reas industriales. A su vez, se pondr 
en marcha un plan de descontaminacin de los ros, limitando los 
vertidos contaminantes y exigiendo las responsabilidades a que 
hubiera lugar. Los residuos slidos, sean de origen urbano o 
industrial, sern objeto de una poltica en que se consideren 
prioritarios los aspectos preventivos, tanto por razones 
sanitarias y ambientales como econmicas. Se ejercern las 
acciones precisas para impedir el vertido de residuos nucleares en 
los mares y zonas prximasal litoral espaol.

13.2. Proteccin de la naturaleza

Se establecer una poltica de lucha contra la erosin 
protegiendo, en primer trmino, la cubierta vegetal natural y 
reconstruyendo los ecosistemas. Los espacios naturales se 
considerarn como parte integrante del territorio y se procurar 
su utilizacin correcta en funcin de sus caractersticas 
ecolgicas, sociales, econmicas y recreativas.
De igual manera se abordar la tarea de preservar las distintas 
especies terrestres y marinas.

Se cortarn las expectativas especuladoras respecto a ciertas 
reas de montaa, propiciando un desarrollo de las mismas que 
permita tanto la conservacin o regeneracin como la promocin 
econmica y social de sus habitantes.
Para todo ello, los socialistas presentaremos una Ley Bsica del 
Medio Ambiente que d inicio al control y al uso racional del 
entorno y de los recursos.

14. LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El objetivo prioritario de la poltica socialista en relacin con 
los consumidores pasa por una profunda crtica del actual modelo 
de consumo, basado en relaciones de dependencia y subordinacin de 
los intereses de los consumidores a los de los productores y por 
la creacin de un nuevo modelo de consumo, liberador, equilibrado, 
democrtico y defensor de aquellos estratos de poblacin ms 
dbiles.

Ello comporta el compromiso del PSOE de lograr, a travs de una 
Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, el reconocimiento 
de los cinco derechos de los consumidores y usuarios: l) el 
derecho a la proteccin de la salud y de la seguridad fsica. 2) 
el derecho a la informacin y educacin. 3) el derecho a la 
representacin y a la consulta. 4) el derecho a la proteccin de 
sus intereses econmicos, y 5) el derecho a la reparacin de los 
daos sufridos.

La poltica socialista en este campo responder fundamentalmente a 
criterios de defensa de la calidad de vida del consumidor. As, se 
aplicarn las siguientes medidas:

1. Reformar los mtodos de distribucin y desarrollar el 
cooperativismo tanto de compra como de consumo.

2. Establecer para los fabricantes normas de control de calidad, 
as como medidas represivas del fraude.

3. Potenciar y apoyar a las asociaciones de consumidores 
democrticas con una normativa que les posibilite un mayor 
protagonismo y eficacia en el desempeo de sus funciones.

4. Establecer medidas de defensa frente a los monopolios de 
servicios pblicos para el estudio y modificacin de los contratos 
de adhesin que resulten abusivos para los consumidores.

5. Promulgar una nueva normativa jurdica sobre control de 
fabricacin, comercializacin y funcionamiento de una serie de 
productos que pueden entraar riesgos para la salud de los 
consumidores.

6. Establecer mecanismos para lograr la proteccin de los 
intereses econmicos de los consumidores y usuarios mediante 
medidas que garanticen la claridad y sencillez de los contratos, 
as como el cumplimiento efectivo de las normas de publicidad con 
que se desarrolla la promocin, difusin y venta de productos o 
servicios.

7. Creacin de un Fondo Nacional de garanta de daos corporales y 
muerte sufridos por los consumidores y usuarios que asegure el 
derecho de los consumidores a la reparacin de daos corporales -y 
muerte que puedan causarle los Productos que consume, en aquellos 
casos en que se declare la insolvencia del obligado al pago, y 
creacin de Tribunales de Arbitraje voluntario para reclamaciones 
de cualquier clase y cuanta.

III. UNA SOCIEDAD MAS LIBRE

1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y  LIBERTADES PUBLICAS

La proteccin de los derechos fundamentales de los ciudadanos en 
condiciones igualitarias constituye no slo un lmite de la 
actuacin estatal, sino ante todo el mismo fundamento del Estado, 
la condicin de justicia que dota de legitimidad suficiente al 
ejercicio del poder legislativo, ejecutivo y judicial y, en 
definitiva, a la existencia misma de la organizacin poltica.

La actividad legislativa resulta hoy necesaria para garantizar las 
libertades de los espaoles y para promover un progreso humano de 
la sociedad que ponga a todos sus miembros en disposicin de gozar 
de aquellos valores superiores en condiciones iguales.

El Partido Socialista Obrero Espaol estima que la simple 
proteccin de las libertades individuales (libertad de expresin, 
reunin, etc.) resulta imprescindible, pero no suficiente. Hoy el 
ciudadano, adems de exigir que el Estado y los dems individuos 
se abstengan de violar el espacio de su libre autonoma, demanda 
tambin prestaciones concretas de trabajo, salud o educacin, es 
decir, demandas sociales cuya satisfaccin constituye el contenido 
del Programa socialista, porque as lo exige el cabal cumplimiento 
de los mandatos constitucionales. Con todo, los derechos 
individuales, que garantizan la -autonoma jurdica de los 
ciudadanos, y los derechos de prestacin que tratan de asegurar la 
igualdad y el progreso, no agotan nuestra concepcin de los 
derechos fundamentales. Para que aquellos derechos alcancen su 
plenitud es preciso que los propios ciudadanos los impulsen y 
protejan ejerciendo los derechos de participacin poltica, 
econmica y ciudadana.

Los tres ejes esenciales sobre los que gira este Programa 
socialista en materia de libertades pblicas son: las libertades 
que garantizan la autonoma de los ciudadanos, los derechos 
econmicos, sociales y culturales, que persiguen la consecucin de 
la igualdad y los derechos de participacin que profundizan la 
democracia.

1.1. Desarrollar la Constitucin - Afianzar nuestras libertades
Aunque los derechos y libertades fundamentales gozan de plena 
vigencia en nuestro ordenamiento jurdico, merced a su inclusin 
en el texto constitucional, constituye un firme compromiso del 
Partido Socialista Obrero Espaol proceder al desarrollo 
legislativo de los mismos a fin de lograr su ms plena y real 
satisfaccin. Ciertamente, para lograr este fin se requiere algo 
ms que medidas legislativas, en muchos casos, sern precisas 
acciones gubernamentales tendentes a crear el sustrato econmico, 
social y cultura] imprescindible para el ejercicio igualitario de 
los derechos constitucionales reconocidos.

La accin del Gobierno se encaminar, por lo tanto, a remover los 
obstculos que en la sociedad civil (en las relaciones laborales, 
en el consumo, en las escuelas, etc.) impiden esta igualdad real. 
En el marco de esta preocupacin por la igualdad, merece 
destacarse como postulado esencial del Programa socialista la 
eliminacin de toda discriminacin entre el hombre y la mujer.

1.1.2 Libertades individuales

En relacin con la libertad religiosa corresponde al Estado 
facilitar su ejercicio, pero sin privilegiar a ninguna confesin o 
ideologa. En este aspecto se establecern, como ya se hizo con la 
Iglesia catlica, las negociaciones pertinentes con otras 
confesiones a fin de constituir su rgimen jurdico bsico.
El Gobierno proceder a la reglamentacin urgente de la objecin 
de conciencia, conjugando la mayor garanta y respeto a los 
ciudadanos con la proteccin de la igualdad de los espaoles.
En materia de derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen, ser preciso ofrecer una ms rpida y eficaz tutela penal 
frente a los ataques que puedan producirse desde los poderosos 
medios de comunicacin. Adems, el enorme desarrollo tecnolgico 
en materia de informtica exigir un urgente tratamiento legal, 
tratando de armonizar el derecho a la informacin con el honor y 
la intimidad de las personas.

En cualquier caso, la proteccin de los derechos antes mencionados 
no ahogar la libertad de expresin y prensa, que representa una 
de las claves de la sociedad democrtica y cuyo ejercicio no 
requiere una normativa excesivamente reglamentista como la 
padecida en perodos anteriores. Por ello, no es propsito 
socialista sustituir la Ley de Prensa por otra norma, anloga. Los 
lmites de la libertad de expresin se hallarn en el Cdigo Penal 
nicamente y su control se encomendar a los Jueces.
En cambio, s se proceder a una regulacin ms eficaz de los 
derechos de rplica y rectificacin mediante un procedimiento 
rpido y judicializado, as como a la regulacin de la clusula de 
conciencia y  secreto profesional periodista.

Dos derechos genuinamente polticos son los de reunin y 
asociacin. La normativa vigente en esta materia resulta compleja, 
dispersa y parcialmente inconstitucional, por lo que el Gobierno 
adaptar su regulacin al texto constitucional.

Finalmente, dentro de la categora de los derechos aqu examinada, 
la Constitucin exige una nueva normativa del derecho de asilo de 
los extranjeros en Espaa.

1.1.3. Derechos de participacin de los ciudadanos

Puede decirse que el reconocimiento constitucional y el desarrollo 
legal de los derechos de participacin representa una novedad en 
nuestro ordenamiento jurdico, con algunas escasas excepciones 
como el derecho de peticin, cuya normativa exige una reforma que 
fortalecer su ejercicio y garantizar el cumplimiento por los 
poderes pblicos de las obligaciones consiguientes.
Junto al derecho de peticin ser desarrollada la iniciativa 
legislativa popular, que representa una de las manifestaciones ms 
propias de la participacin poltica.

Pero la Constitucin no slo prev derechos y figuras de 
participacin poltica en general, sino que con frecuencia 
reconoce frmulas de participacin en sectores concretos, donde 
tal vez aqullos resultan ms eficaces. As la accin popular, los 
Jurados o la eleccin de los Jueces de Paz constituyen los medios 
especficos de participacin en la Administracin de Justicia. En 
relacin con la accin popular es propsito socialista eliminar 
los obstculos que en la actualidad dificultan injustificadamente 
su ejercicio. Asimismo, el Gobierno establecer el Jurado, 
tratando de evitar algunos errores histricos que viciaron la 
prctica de esta institucin. Por ltimo, la eleccin de los 
Jueces de Paz supondr no slo el descargar a los jueces tcnicos 
de buena parte de su trabajo, sino tambin responsabilizar a los 
propios ciudadanos de la administracin de justicia.

1.1.4 La proteccin de los derechos fundamentales

Aunque la proteccin de los derechos y libertades corresponde a 
todo el entramado social, institucional y privado, deben existir 
rganos especializados en la tutela de los derechos, pero su 
intervencin slo procede, en ltimo caso, cuando los dems 
rganos vulneran o no son capaces de proteger con todo rigor esos 
derechos.  Tales rganos especializados son, precisamente, los 
Jueces. Por ello, el Programa socialista presta una especial 
atencin a los procedimientos jurisdiccionales de tutela de las 
libertades. procedimientos stos, particularmente rigurosos, 
generalmente rpidos e incluso sumarios, capaces de reponer el 
titular en su legtimo y pacfico ejercicio del modo ms eficaz 
posible. Especial atencin merecen el "habeas corpus", la 
Asistencia Letrada al Detenido y el Proceso de Amparo.
La regulacin del "habeas corpus" garantizar el amparo judicial 
frente a detenciones legales y evitar, en su caso, la prctica 
de malos tratos o torturas al detenido.

En cuanto a la asistencia al detenido y al preso, se desarrollar 
el artculo 17.2 y 3 de la Constitucin dando respuesta a los 
problemas que ha ido planteando la prctica diaria. Asimismo y 
entendiendo la asistencia letrada concebida no como un simple 
derecho de los ciudadanos, sino, adems, como una garanta 
procesal que los poderes pblicos tienen el deber de procurar, se 
arbitrarn los mecanismos oportunos para que ningn ciudadano 
carezca de dicha asistencia.

Finalmente, el Gobierno llevar a cabo el desarrollo legislativo 
del llamado amparo judicial o procedimiento sumario y preferente 
ante la jurisdiccin ordinaria, reconocido en el artculo 53 de la 
Constitucin.

Pero es preciso algo ms que el proceso de amparo constitucional. 
En la tarea de proteccin de las libertades es necesario acudir a 
todos los instrumentos de defensa del Estado y, entre ellos, al 
Derecho Penal. De ah que el nuevo Cdigo Penal insistir de modo 
particular en la represin de todas aquellas conductas que 
representen un atentado a los derechos fundamentales.

1.1.5 Eleccin del Defensor del Pueblo

Existe, por ltimo, una institucin a la que nuestra Constitucin 
atribuye importantes funciones en orden a la proteccin de las 
libertades: se trata del Defensor del Pueblo. Es propsito y 
compromiso de los socialistas el que se proceda a la inmediata 
eleccin del Defensor del Pueblo.

La trascendencia de un correcto funcionamiento de la 
Administracin de Justicia es evidente para el Estado. Pero mucho 
ms trascendente es un correcto funcionamiento de la 
Administracin de Justicia en un sistema constitucional de 
libertades como el nuestro. Hemos puesto en manos de los Jueces 
nuestros derechos. por ello, si nuestra Administracin de Justicia 
no funciona, la consagracin legal de los mismos ser pura 
retrica.

Reformar, pues, la Administracin de Justicia es hoy una cuestin 
de Estado. una cuestin, incluso, de supervivencia del propio 
Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitucin.

2. LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Para hacer justicia a nuestra Justicia, para que nuestros 
ciudadanos recuperen la confianza en la Justicia es preciso 
reformar la misma poniendo remedio a aquellos -aspectos 
estructurales o funcionales que hacen de la misma un servicio 
catico, caro y desvinculado de la conciencia de nuestra sociedad. 
Si hay crisis de confianza en la Administracin de Justicia se 
debe, al menos, a los siguientes factores: La existencia de una 
pluralidad de "justicia", el anquilosamiento de nuestro Cdigo 
Penal, la caresta de la Justicia, la lentitud de los 
procedimientos.

El Partido Socialista Obrero Espaol considera que es urgente 
acometer la solucin de estos problemas y, por ello, el Gobierno 
se propondr las siguientes actuaciones:

2.1. Reformar la Justicia Militar

La unidad jurisdiccional constituye uno de los postulados del 
Estado de Derecho y su plena realizacin en las sociedades 
democrticas ha sido fruto de una larga y, a veces, costosa lucha 
contra los residuos feudales de Justicia privada o corporativa. La 
unidad jurisdiccional es un corolario de la igualdad de los 
ciudadanos: ante la Ley, y por tanto ante el Juez, no puede haber 
discriminaciones por razn de raza, sexo, religin, fortuna o 
profesin.

La Constitucin conjuga esta unidad jurisdiccional con el 
mantenimiento de una jurisdiccin especial, la militar, de larga 
tradicin en nuestro Derecho. Para que esta conjugacin resulte 
armnica es preciso, en primer lugar, reducir la jurisdiccin 
militar "al mbito estrictamente castrense" (art. 117 de la 
Constitucin) y, en segundo lugar, la ms plena judicializacin de 
la misma. es decir, que existiendo un mismo derecho igual para 
todos, su aplicacin no difiera de forma injustificada.
Por ello, el Gobierno proceder a una reforma de la jurisdiccin 
militar basada, entre otros, en estos tres principios:
1. La Constitucin exige, adems de una reforma del Cdigo de 
Justicia Militar, una distinta y completa regulacin de la 
jurisdiccin militar en sus vertientes sustantiva, orgnica y 
procesal y en las que se recojan y desarrollen los mandatos 
constitucionales referidos al Poder Judicial, teniendo en cuenta 
la experiencia y la realidad nacional en este mbito, as como los 
principios ms comnmente consagrados en la legislacin militar 
comparada.

As la reforma de la Justicia Militar se efectuar a travs de 
cuatro textos legales: un nuevo Cdigo Penal Militar, una Ley que 
regule los rganos de Jurisdiccin Militar, una Ley Procesal 
Militar y una Ley Disciplinaria Militar.

2. La nueva normativa sobre jurisdiccin militar respetar 
escrupulosamente los principios orgnicos y procesales que la 
Constitucin impone a la Justicia en general.

3. Se reducir la jurisdiccin militar al enjuiciamiento de 
aquellos delitos cometidos por militares en servicio activo y que, 
adems, lesionen bienes o intereses de naturaleza especficamente 
militar.

Entendemos como razn o peculiaridad sustancial y definitoria de 
la Justicia Militar la necesidad de salvaguardar la disciplina y 
cohesin de las Fuerzas Armadas. Es, pues, la disciplina en su 
sentido ms amplio y exigente, el bien especficamente militar 
contra el que atentan los delitos militares. La clasificacin y 
tipificacin de los mismos atender sustancialmente a la 
proteccin de este bien o valor militar bsico en sus distintas 
vertientes.

2.2. Adecuar el Cdigo Penal a la sociedad espaola
La existencia de un nuevo Cdigo Penal constituir un objetivo 
prioritario para la poltica legislativa socialista, impuesto por 
el desfase entre los valores sociales y morales vigentes en la 
sociedad espaola y los que perpeta el actual Cdigo Penal. As, 
pues, se pretende que el nuevo Cdigo Penal se adecue a la 
conciencia moral y cvica de la actual sociedad espaola.
Los principios esenciales de nuestro Proyecto de Cdigo Penal 
sern, entre otros, los siguientes:

1. Fijacin de la edad penal a los 18 aos.

2. Supresin de las penas cortas privativas de libertad, por 
considerarlas contraproducentes desde el punto de vista de la 
poltica criminal y su sustitucin por otras penas como la 
pecuniaria, el arresto de fin de semana, la condena condicional, 
etc.

3, Derogacin de la Ley de Peligrosidad Social y desaparicin de 
las medidas de seguridad predelictuales.

4. Regulacin de la interrupcin del embarazo en situaciones como 
peligro para la vida de la mujer, peligro de nacimiento con graves 
patologas fsicas o psquicas y violaciones, asegurando el 
respeto a la libre conciencia de cada ciudadano.

5. Secularizacin del Derecho Penal, que no debe recoger tipos 
delictivos influidos por una u otra concepcin religiosa, sino 
aquellos que responden a valores generalmente aceptados por la 
sociedad.

6. Proteccin, penal ms eficaz del medio ambiente, del orden 
urbanstico y del patrimonio histrico, cultural y artstico.

7. Represin de los delitos socioeconmicos.

8. Represin de la adulteracin de alimentos.

9. Endurecimiento de las penas por los delitos de rebelin.

2.3. Adaptar la organizacin judicial a la Constitucin

La Constitucin espaola ha impuesto la necesidad de elaborar una 
Ley Orgnica del Poder Judicial que determine, entre otras 
cuestiones, la Constitucin, funcionamiento y gobierno de los 
Juzgados y Tribunales. La anterior mayora parlamentaria no ha 
sido capaz de cumplir con este mandato constitucional paralizando, 
as, todo el proceso de reforma de la Administracin de Justicia.
El Gobierno otorgar prioridad legislativa a este Proyecto de Ley, 
sin cuya aprobacin se perpeta la catica interinidad de la 
crisis de la Administracin de Justicia.

2.4. Definir una nueva demarcacin judicial

Uno de los motivos de desconfianza del ciudadano en la Justicia es 
la lentitud de los procesos. Y una de las causas explicativas de 
dicha lentitud viene determinada por la obsoleta demarcacin 
judicial existente, que permanece prcticamente inalterada desde 
el siglo  XIX, Pese a los cambios demogrficos y sociales 
acaecidos en Espaa.. Por ello, el Gobierno, una vez elaborada la 
Ley Orgnica del Poder Judicial, proceder a una nueva demarcacin 
judicial que acerque el Juez al ciudadano, permita una 
descongestin de los Juzgados y Tribunales de los grandes ncleos 
de poblacin a travs del incremento en los mismos de nuevos 
rganos, agilice la tramitacin de los procesos y, al hacer as la 
justicia ms rpida y eficaz, la haga ms justa.

2.5. Agilizar los procedimientos judiciales

Agilizar la Administracin de Justicia exigir una revisin a 
fondo de las normas procesales en el orden laboral, civil y 
contencioso-administrativo, lo que evitar las tcticas 
dilatorias, eliminar trmites innecesarios, unificar y 
simplificar los procedimientos, potenciar el juicio oral, 
despejar los obstculos en la ejecucin de las sentencias, etc.

2.6. Dotar la Administracin de Justicia de ms Jueces

Se crearn las bases para llevar a la prctica una decisin 
inaplazable: aumentar el nmero de Jueces, Magistrados, Fiscales y 
dems personal de la Administracin de Justicia de forma que sta 
gane en rapidez, calidad e inmediacin, mediante la aprobacin de 
la Ley Orgnica del Poder Judicial y la confeccin de una nueva 
demarcacin judicial.

Si queremos una Justicia de Jueces es inaplazable un importante 
aumento de los mismos, objetivo que alcanzar el Gobierno 
socialista.

El Partido Socialista Obrero Espaol considera que el incremento 
de Jueces y Fiscales y su superior cualificacin no es un objetivo 
que se pueda conseguir nicamente a travs del sistema tradicional 
de las oposiciones. El Gobierno, por ello, arbitrar junto al 
sistema de oposiciones otras vas que permitan el acceso a la 
funcin judicial de profesores, doctores en derecho o abogados de 
reconocida solvencia Profesional, con los debidos controles que se 
establezcan por el Consejo General del Poder Judicial, a travs de 
la Escuela de Estudios Judiciales.

Por ltimo, es preciso insistir en que la reforma de la 
Administracin de Justicia exigir una potenciacin del Ministerio 
Fiscal, as como dotar a la Administracin de Justicia del nuevo 
personal que precisa la misma: psiclogos, psiquiatras, 
economistas y socilogos, adems de suficientes secretarios, 
oficiales, auxiliares y forenses.

2.7. Proporcionar a la Justicia medios suficientes

Una Justicia eficaz y digna es incompatible con la falta de medios 
con que se encuentra su administracin. La infraestructura 
judicial presenta unas condiciones deplorables que ofenden no slo 
la dignidad de la Justicia, sino la del pueblo espaol de la que 
sta emana.

Hay que hacer justicia a la Justicia y, para ello, no slo son 
necesarios los cambios legislativos que propugnamos. ser preciso 
un importante esfuerzo econmico nacional que ponga remedio a esta 
situacin.

2.8. Establecer la gratuidad de la Justicia

El Partido Socialista Obrero Espaol manifiesta su voluntad de 
proceder a la eliminacin de las tasas judiciales. Consideramos 
que la Administracin de Justicia, como servicio pblico de los 
ms esenciales del Estado, deber ser gratuita para todos los 
ciudadanos.

3. REFORMAR LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El Partido Socialista Obrero Espaol considera inaplazable la 
profunda reforma de las instituciones penitenciarias, como parte 
fundamental de la reforma de nuestra Administracin de Justicia. 
La situacin actual de las prisiones resulta catica e injusta 
para el recluso, para el funcionario y para el conjunto de la 
sociedad, como pone de relieve el hecho de que la mitad de los 
reclusos sean hoy preventivos en espera de ser juzgados.
El Gobierno desarrollar los principios contenidos en el artculo 
25 de la Constitucin y la Ley Orgnica General Penitenciaria, que 
dan una respuesta moderna y avanzada a los problemas del mundo 
penitenciario. Teniendo en cuenta que las instituciones 
penitenciarias tienen como fin primordial la reeducacin y 
reinsercin social del delincuente, la poltica socialista en 
materia penitenciaria se centrar, entre otros, en los, siguientes 
aspectos:

1. Se dictar un nuevo Reglamento que desarrolle fielmente las 
disposiciones de la Ley Orgnica General Penitenciaria.

2. Se dar prioridad al tratamiento penitenciario.

3. Se considerar el trabajo en las prisiones elemento fundamental 
del tratamiento penitenciario.

4. Se planificar toda la poltica de construccin penitenciaria 
con la perspectiva de descongestionar los grandes centros 
penitenciarios.

5. Se aumentarn las plantillas tcnica, de personal sanitario. de 
profesores de EGB, de educadores y asistentes sociales, que con el 
personal ya existente configurarn la dotacin necesaria para 
atender esta nueva poltica penitenciaria.

6. Se potenciar la Escuela de Estudios Penitenciarios, que 
asumir funciones de seleccin de personal y reciclaje del ya 
existente.

Por ltimo, el Gobierno tramitar con carcter prioritario y 
urgente aquellas reformas parciales del Cdigo Penal que afectan a 
la poblacin reclusa. Y pondr los medios necesarios para evitar 
la sangrante injusticia de miles de presos preventivos en espera 
de ser juzgados.

3.1. Reformar la Obra de Proteccin de  Menores

El Gobierno promover, entre otras medidas, la supresin de las 
Magistraturas Tutelares de Menores y su sustitucin por Juzgados. 
especializados e independientes que cuenten con el asesoramiento 
tcnico indispensable.

En el plano administrativo se llevar a cabo una reforma radical 
de la Obra de Proteccin de Menores y el establecimiento de nuevas 
estructuras administrativas en estrecha colaboracin con las 
Comunidades Autnomas y Entidades Locales.

4. SEGURIDAD CIUDADANA

La Constitucin espaola encomienda a los Cuerpos de Seguridad la 
proteccin del libre ejercicio de los derechos y libertades y la 
garanta de la seguridad ciudadana.

El PSOE entiende la seguridad ciudadana como la situacin social 
que garantiza y permite el pleno ejercicio por parte de los 
ciudadanos de todos y cada uno de los derechos que ostentan, tanto 
individuales como colectivos.

Para el PSOE los factores generadores de inseguridad no se 
circunscriben slo a la delincuencia, sino que abarcan desde una 
mala concepcin urbanstica hasta un insuficiente control de la 
calidad de la vida, pasando por el desempleo, el deterioro 
econmico, y el consumismo sin lmites con necesidades 
artificiosamente creadas por intereses econmicos.

Para los socialistas la libertad y la seguridad son conceptos 
complementarios: la libertad permite el control de la 
arbitrariedad y la seguridad permite asentar la libertad.

4.1. La Administracin Policial

El PSOE concibe la Administracin Policial como un elemento bsico 
de ese conjunto homogneo poltico, social y econmico que 
contribuir al nacimiento de un clima general de orden, tolerancia 
y paz.

En la actualidad, la infrautilizacin de la Polica, la dispersin 
de sus medios y la desorganizacin, explican el escaso rendimiento 
que se obtiene en relacin con el costo de nuestro aparato 
policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un polica por 240 
habitantes) y obligan a las personas a multiplicar los esfuerzos.
Se hace, pues, imprescindible acometer las reformas necesarias de 
las estructuras de la Seguridad del Estado y de los Cuerpos que 
tienen encomendada dicha misin.

El Gobierno abordar con rigor la racionalizacin de las 
estructuras policiales subordinando los intereses de los Cuerpos 
de Seguridad, al inters general de la sociedad, que reclama mayor 
eficacia policial con menor riesgo para las libertades 
individuales y colectivas.

4.2. Principios bsicos de reforma de la Administracin Policial

La reforma de la Administracin, Policial ir orientada en el 
sentido de la necesaria especializacin de las diferentes policas 
estableciendo un mando funciona] y una adecuada coordinacin a 
travs del Ministerio del Interior.

Los policas de paisano se ocuparn fundamentalmente de la 
investigacin del delito y asumirn funciones referentes al crimen 
organizado y al terrorismo. Los policas de uniforme se ocuparn 
preferentemente de la prevencin del delito y la presencia en la 
calle, de las intervenciones en caso de conflicto, tumulto, 
calamidad y desgracia, as como de algunas funciones auxiliares.
Se reforzar la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del 
Interior, estudiando una reforma de este Cuerpo en funcin de las 
realidades Sociales.

Se intensificar la relacin de la Polica del Estado y de la 
Guardia Civil con las policas de las Comunidades Autnomas donde 
existan y con la Polica Municipal, mediante las oportunas Juntas 
de Seguridad.

Los sistemas de seleccin y formacin del personal sern objeto de 
especial atencin, basndolos en criterios constitucionales. 
capacitndolo en criminologa psicolgica, sociolgica, derechos y 
libertades, y conocimiento de la Constitucin. Se intensificarn 
igualmente las enseanzas de las tcnicas especficas para el 
desarrollo de sus funciones.

Se proceder a la regulacin de los derechos y obligaciones de los 
funcionarios de polica teniendo en cuenta lo especfico de sus 
funciones, amparando el derecho de sindicacin y participacin en 
los rganos disciplinarios, no reconocindose el derecho de 
huelga. Asimismo, se promulgar un cdigo deontolgico que informe 
su profesin basado en la Declaracin de la Polica del Consejo de 
Europa.

4.3. La Polica Municipal

Deber reajustar sus funciones, pasando a ser una Polica de 
presencia, preferentemente preventiva y polivalente que, adems de 
a sus actuales funciones, se dedicar al control de la pequea 
delincuencia y tender en general a asumir la figura del polica 
de barrio.

Las Policas Municipales y Locales debern coordinarse a nivel 
regional, creando academias de formacin y centros de direccin y 
asesoramientos personales, lo que permitir obtener una sensible 
mejora en sus funciones y una uniformidad de criterios respecto a 
su seleccin, formacin y efectividad.

4.4. Polica de las Comunidades Autnomas

En las Comunidades que con arreglo a sus Estatutos y la 
correspondiente Ley Orgnica, deseen crearla, se propiciar que lo 
hagan sobre la base de coordinar e integrar a las Policas 
Municipales o Locales y mediante la transferencia de funcionarios 
de la Polica del Estado.

4.5. Poltica antiterrorista y contra la subversin 
anticonstitucional

Aun cuando el fenmeno del terrorismo y el de la subversin 
anticonstitucional son distintos en cuanto a sus orgenes, 
filosofa y objetivos, no puede caber ninguna duda de su evidente 
interrelacin. Ambos son formas de violencia poltica y ambos 
quieren destruir la democracia.

Tanto el terrorismo de extrema derecha como el de extrema 
izquierda, el GRAPO y el independentista de ETA, sirven hoy de 
soporte a la subversin anticonstitucional. Por ello, aunque el 
fenmeno terrorista es grave en s mismo, y muy especialmente el 
de ETA, por la virulencia y continuidad de sus acciones y por las 
especiales condiciones polticas y sociales del Pas Vasco, su 
gravedad se ve multiplicada y adquiere condiciones especiales, por 
la presencia en Espaa de grupos sociales que provenientes de la 
dictadura y deseosos de volver a recuperar. los privilegios y el 
poder que la voluntad popular les ha negado, propician un golpe 
de. estado haciendo continuos llamamientos a la sublevacin 
militar.

Es, pues, necesario, para consolidar la democracia en Espaa, 
luchar firmemente contra ambos fenmenos, con medidas que aun 
cuando puedan estar interrelacionadas tienen que ser 
necesariamente distintas.

La lucha contra la subversin anticonstitucional exige 
fundamentalmente la puesta en prctica de medidas que sean 
expresin clara y palpable de una voluntad poltica: la de 
mantener la autoridad del Estado y no permitir ninguna actividad 
anticonstitucional, la de que el respeto a la Ley y a la voluntad 
popular van a ser defendidos sin vacilaciones.

La lucha contra el terrorismo requiere, junto a esa voluntad 
poltica una cuidada y detenida planificacin con la adopcin de 
medidas de carcter poltico, social, internacional 'y de 
informacin y operativa policial, dirigidas a conseguir el 
aislamiento de los terroristas, la reduccin de su base social, 
privndoles de la cobertura nacional e internacional que les 
permita la preparacin y realizacin de sus acciones y eludir la 
actuacin de la justicia.

La requerida planificacin y las medidas a adoptar han de basarse 
en el convencimiento de que la lucha contra el terrorismo de ETA 
es una lucha a medio plazo dados los medios con que cuenta esta 
organizacin, de que el Estado no puede regatear medios humanos ni 
materiales para establecer su poder e imponer la Ley y la voluntad 
popular, y de que la planificacin y estrategia necesarias se 
mantendrn por encima de los avatares coyunturales de la lucha 
antiterrorista.

5. LA DEFENSA NACIONAL

Todo programa de defensa nacional ha de tener como punto de 
referencia el artculo 8.0 de la Constitucin, que establece que 
la misin de las Fuerzas Armadas es "garantizar la soberana e 
independencia de Espaa, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional".

La poltica de defensa, adems de influir en la propia 
organizacin militar, se relaciona tanto con la poltica exterior 
como con la poltica interior general. Por ello, se integrar 
estrechamente en el conjunto de la actuacin del Gobierno. Esto 
ser especialmente intenso en lo que se refiere a la coordinacin 
de la poltica de defensa con la accin exterior que desarrolle 
Espaa, as como con las reas gubernamentales de inters para la 
seguridad nacional, integradas en la Junta de Defensa Nacional. 

Corresponde al Presidente del Gobierno, tal y como sealan los 
artculos 97 y 98-2 de la Constitucin, la responsabilidad de 
estas tareas de direccin y coordinacin de la poltica militar y 
de defensa con el resto de las actuaciones gubernamentales, 
asegurando la sincronizacin y coherencia de todas ellas. En 
aplicacin de estos mismos criterios las acciones y operaciones 
militares previstas para las situaciones excepcionales o de 
emergencia slo podrn ejecutarse por orden directa del Presidente 
del Gobierno.

El Gobierno abordar una poltica militar y de defensa de reformas 
paulatinas, que afiance la seguridad nacional, modernice nuestras 
Fuerzas Armadas y permita a stas cumplir en las mejores 
condiciones la misin que la Constitucin les atribuye. Los tres 
objetivos bsicos de nuestra actuacin en este terreno sern los 
siguientes:

a ) Lograr una defensa nacional cada da ms autnoma y ms 
independiente.

b ) Conseguir unas Fuerzas Armadas con un alto grado de capacidad 
disuasoria, ms reducidas pero ms eficaces, mejor dotadas y ms 
operativas.

c ) Conseguir implicar al conjunto del pueblo en la idea de la 
defensa nacional.

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno pondr en prctica una 
serie de decisiones, entre las que sealamos las siguientes:

- Aumentar el grado de autoabastecimiento de las FAS, mediante el 
desarrollo planificado de la industria nacional.  El Estado 
controlar la fabricacin de armamentos y el comercio exterior de 
armas.

- Transformar la actual organizacin territorial en un sentido ms 
operativo, tomando como base del sistema organizativo las grandes 
unidades no territoriales y las zonas de movilizacin. Se 
redactar un Plan de Instalaciones Militares, de acuerdo con la 
poltica de defensa y con la capacidad presupuestaria previsible.

- Poner en marcha un Plan General de Modernizacin de las FAS que 
combine las repercusiones industriales con la potenciacin de una 
defensa independiente y moderna hasta los lmites que permita el 
potencial econmico de Espaa.

- Potenciar la plena profesionalizacin de los militares.
- Reformar aspectos de la enseanza militar, tanto bsica como de 
formacin superior, introduciendo los necesarios mtodos, 
profesores, cursos complementarios, etc., para que la calidad 
tcnica de la enseanza aumente y su contenido se adece 
plenamente a los principios constitucionales y democrticos.

- Llevar a cabo una poltica de reestructuracin de Cuerpos y 
Escalas acorde con la eficacia operativa moderna y con la 
promocin y progresin de carrera de todos los militares, 
cualquiera que sea su nivel, empleo o procedencia.

- Adoptar un criterio de fijacin peridica de plantillas acorde 
con las necesidades del modelo defensivo adoptado.

- Adoptar un sistema de provisin de destinos basado en la 
movilidad, en la transparencia y la clasificacin de los mismos en 
virtud de sus exigencias profesionales.

- Reestructurar el sistema de prestaciones sociales para los 
militares y sus familias, en lo relativo a: asistencia sanitaria, 
en apoyo y facilidades para viviendas propias o en alquiler, y 
obtencin de plazas escolares para los hijos de los militares.
- Elaborar un estatuto especial para los civiles al servicio de la 
Administracin Militar, buscando la equiparacin con sus 
compaeros de la Administracin Civil.

- Se potenciar al CESEDEN como instrumento de encuentro y 
comunicacin entre la sociedad civil y el colectivo militar.

IV. LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMAS

1. EL ESTADO COMO INSTRUMENTO DEL CAMBIO SOCIAL

El Estado ha de ser el garante de la convivencia democrtica y de 
la solidaridad entre los espaoles y entre las nacionalidades y 
regiones de Espaa. Pero tiene, adems, segn la Constitucin, la 
obligacin de promover las condiciones ms favorables para el 
progreso social y econmico y para una distribucin ms equitativa 
de la renta personal y regional. Tiene tambin el deber de crear 
las condiciones que hagan real y efectiva la libertad y la 
igualdad entre los espaoles.

Los socialistas insistirnos en el protagonismo de la sociedad. El 
Estado pertenece constitucionalmente a los ciudadanos. No 
corresponde a ninguna burocracia ni civil ni militar. Cuando esto 
se olvida, los intereses burocrticos se anteponen a los 
verdaderos intereses pblicos, los aparatos burocrticos crecen 
ms all de lo razonable, se derrochan los recursos pblicos, se 
debilita la creatividad de la sociedad y se tiende a llevar al 
ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o asistido. Es 
preciso reaccionar frente a todo esto: el Estado ha de intervenir 
en la vida social, pero su necesaria reforma ha de partir tambin 
del protagonismo social, ha de basarse en la participacin 
ciudadana, en la demanda social de los cambios necesarios para que 
el Estado se halle, de verdad al servicio de los ciudadanos.
Por ello, los socialistas consideramos el principio de eficacia 
como la otra gran directriz de nuestras reformas: conseguir que el 
gasto pblico hoy comprende 35 pesetas de cada 100 producidas por 
los espaoles no se derroche, sino que sirva de verdad para 
obtener cotas crecientes de progreso, de bienestar y de igualdad 
social.

2. LA ADMINISTRACION AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS: UN PROGRAMA DE 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS

2.1. La democratizacin plena de las  Administraciones Pblicas
El Gobierno debe actuar con sometimiento total a la Ley y al 
Derecho. El principio de legalidad se realizar plenamente para 
impedir comportamientos arbitrarios o partidistas de la 
Administracin en relacin con los ciudadanos.
El Gobierno garantizar que todos los ciudadanos y grupos sociales 
puedan acceder a las Administraciones Pblicas en condiciones de 
igualdad para la defensa de sus derechos e intereses. A tal 
efecto:

- Favorecer en especial a los sectores sociales con menos 
capacidad de reivindicacin, tales como los jubilados y 
pensionistas, los minusvlidos, los jvenes, etc.

- Desarrollar campaas de informacin a los ciudadanos sobre sus 
derechos y deberes ante los servicios pblicos fundamentales 
(seguridad ciudadana, seguridad social, educacin, salud, cultura, 
etc.) se elaborarn guas ciudadanas de los servicios pblicos. se 
simplificarn los trmites y se reducirn los plazos. se 
establecern oficinas de informacin, reclamaciones y relaciones 
pblicas en todos los grandes centros. los ciudadanos 
indebidamente tratados tendrn acceso fcil a los servicios de 
inspeccin que dispondrn, en su caso, las correcciones 
necesarias.

El Gobierno exigir y garantizar la profesionalidad y la 
imparcialidad poltica de los funcionarios pblicos. A tal efecto:
- Establecer una incompatibilidad rigurosa entre el ejercicio de 
los cargos pblicos electivos y el desempeo en activo de la 
funcin pblica, empezando, por su valor ejemplar, con las 
incompatibilidades de los Diputados y Senadores, y acabando as 
con la situacin actual que vulnera el principio de divisin de 
poderes e introduce el partidismo en la Administracin.

- Revisar de inmediato todas aquellas compatibilidades que 
comprometen la credibilidad de la Administracin, la imparcialidad 
de los funcionarios o el funcionamiento eficaz de los servicios.

- Establecer una verdadera carrera administrativa. La promocin 
pasar a hacerse por concurso pblico de mritos, en los que se 
valorar la dedicacin eficaz al servicio, la capacidad y la 
antigedad, dejando de depender de la libre designacin.
El Gobierno reconocer los derechos sindicales del personal en 
todas las Administraciones Pblicas. A tal efecto, propondr la 
aprobacin de una Ley Orgnica que asegure el derecho de libre 
sindicacin. el derecho a la huelga (sin perjuicio del 
mantenimiento obligado de los servicios esenciales de la 
comunidad) y el derecho a la negociacin colectiva de los 
funcionarios pblicos.

2.2. Asegurar la gestin eficaz de los servicios pblicos

La Administracin funciona con cotas altas de ineficacia. Hay que 
hacer eficaz a la Administracin para garantizar que los fondos 
pblicos estn realmente al servicio de los ciudadanos.
La ineficacia de nuestra Administracin procede hoy de diversas 
causas. En primer lugar, de la falta de un orden administrativo 
cierto, como consecuencia del abandono en que se ha dejado a la 
Administracin durante los ltimos aos. En segundo lugar, de la 
crisis de adaptacin que hoy viven las Administraciones, pues 
siendo fundamentalmente un sistema de gestin de servicios 
pblicos, se sigue trabajando. en ellas desde una lgica 
principalmente legalista y normalmente al margen de la inquietud 
por la eficacia.

El Gobierno socialista proceder a reordenar la situacin actual 
de la funcin pblica. Y para ello:

- Elaborar (con la consulta a las organizaciones sindicales) el 
Proyecto de Ley de Bases estatutarias de la funcin pblica. Estas 
bases sern el rgimen unitario de todos los funcionarios, sin 
perjuicio de las especialidades o singularidades que para su 
desarrollo pueden introducir las Comunidades Autnomas o las 
Propias Cortes.

- Racionalizar la fragmentacin actual en Cuerpos y Escalas, 
reducindose los 1.300 ahora existentes a cifras razonables.

- Implantar una verdadera carrera administrativa mediante la 
aprobacin por Ley del cuadro general de categoras, la 
clasificacin de puestos de trabajo y el establecimiento de la 
debida relacin entre las categoras y los Cuerpos y Escalas. Los 
puestos de trabajo se proveern por concurso, sin ms excepcin 
que los declarados de libre designacin, que no sern otros que 
los cargos polticos y los de auxilio y asesoramiento inmediato de 
stos.

- Democratizar y racionalizar el acceso a la funcin pblica. El 
acceso responder siempre a los criterios de publicidad, mrito y 
capacidad. Tambin se racionalizar el acceso mediante la 
elaboracin del plan de oferta de empleo pblico.

- Ordenar el sistema de retribuciones de acuerdo con los 
criterios siguientes: 1. El sistema de retribuciones ser unitario 
para todos los funcionarios. 2. Responder a los principios de 
publicidad, transparencia y negociacin. 3. Se simplificar a base 
de integrarlo slo por la suma del sueldo (cuerpo + categora) la 
antigedad y el complemente al puesto de trabajo. 4. La poltica 
de retribuciones se ajustar a las pautas de la poltica salarial 
general.

- Establecer un rgimen de Seguridad Social unitario para todos 
los funcionarios, y se concertar con los sindicatos un programa 
para su aplicacin progresiva, de manera que se acabe con la 
discriminacin relativa de que hoy son objeto en esta materia la 
gran mayora de los funcionarios.

- Se exigir la ejecucin leal y eficiente de los programas, las 
directrices y las rdenes- de los superiores jerrquicos, as como 
el debido cumplimiento de los horarios. A tal efecto se dispondr 
de instrumentos eficaces de sancin disciplinaria y se exigir, si 
procede, la responsabilidad patrimonial cortndose de raz los 
casos ms negativos.

- Establecer un rgimen riguroso de incompatibilidades mediante 
la modificacin urgente de la normativa actual, en la lnea 
defendida por los socialistas en los ltimos debates 
parlamentarios.

- Asegurar la formacin permanente de los funcionarios a los 
efectos tanto de su promocin como de la mejora de los servicios.
El Gobierno socialista, consciente tambin de la crisis de 
adaptacin que hoy viven las Administraciones Pblicas, 
desarrollar un programa de reformas tendentes a introducir la 
inquietud y la capacidad por la gestin eficaz de los servicios. A 
tal efecto:

- Proceder a la reforma presupuestaria y del gasto pblico, en 
los trminos contemplados en otro lugar de este programa.
- Reformar el sistema contable actual a travs de la implantacin 
progresiva de un sistema de contabilidad analtica.

- introducir progresivamente las tcnicas de evaluacin de 
gestin que resulten ms indicadas para cada servicio pblico, con 
el objetivo de sentar las condiciones para la construccin a plazo 
de un verdadero control de gestin en el sector pblico.

- Ordenar que cada organismo pblico proceda a la simplificacin 
de trmites, replantendose el procedimiento de decisiones, 
agilizando su adopcin y eliminando las cargas que hoy soporta 
innecesariamente el administrado.

2.3. Construir la Administracin del Estado que exige el proceso 
autonmico

El proceso autonmico tiene dos grandes vertientes: por un lado, 
la institucionalizacin y puesta en marcha del autogobierno de 
cada nacionalidad o regin, que es una responsabilidad principal 
de las Comunidades Autnomas. por otro, el establecimiento de las 
bases comunes del nuevo modelo de Administracin, y la adecuacin 
a las mismas de la estructura y comportamiento de la 
Administracin del Estado, que es una responsabilidad fundamental 
del propio Estado.

El Gobierno socialista asegurar este objetivo general a travs de 
actuaciones en diferentes planos.

2.3.1. El desarrollo legislativo
Nuestra Constitucin sita el poder de autoorganizacin de las 
Comunidades Autnomas y de los entes locales dentro del marco de 
una serie de leyes estatales, normalmente formulables slo a nivel 
de bases, que son las que han de establecer en su conjunto los 
grandes principios definidores del nuevo modelo de Administracin. 
Estas leyes son, especialmente, las previstas en el artculo 
149.1.18 de la Constitucin.

Estas leyes, junto con otras que tambin inciden en este mbito, 
definirn respondiendo a una lgica coherente de conjunto el nuevo 
modelo de Administracin.

Son adems, leyes institucionales y de modernizacin que es 
preciso se siten al margen del debate partidista. Por ello, el 
Gobierno socialista promover un acuerdo institucional entre todas 
las fuerzas polticas, cuyo objeto sera la definicin de los 
grandes principios o criterios vertebradores de aquel conjunto de 
Leyes.

2.3.2. Las transferencias de servicios y la reconversin de la 
Administracin del Estado

El Gobierno socialista impulsar decididamente el proceso de 
transferencias, que se producir segn las pautas establecidas en 
los acuerdos autonmicos. Pero garantizar tambin que las 
transferencias se acompaen de las reformas necesarias en la 
Administracin Central.

A estos efectos, el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades 
Autnomas, elaborar un programa de transferencias rigurosamente 
establecido, as como las directrices generales a que deber 
ajustarse la reconversin orgnica y funcional de los Ministerios 
interesados.

El proceso autonmico, llevado con conviccin y rigor brinda una 
importante ocasin para proceder a una revisin de conjunto de los 
servicios centrales incluidos los organismos autnomos. El 
mantenimiento de una actitud decidida, un programa coherente y una 
campaa de informacin permanente para los funcionarios afectados, 
contribuir a vencer las reticencias que pudieran surgir, 
transformndolas incluso en colaboracin.

Se trata de una cuestin sencillamente capital para que el proceso 
autonmico sea coherente y no aumente el gasto pblico.

2.3.3. La funcin pblica y el proceso autonmico

Para corregir la situacin actual y evitar que el proceso 
autonmico produzca un fuerte incremento del gasto de personal o 
la necesidad de proceder a una amortizacin importante de plazas 
en la Administracin Central, el Gobierno socialista proceder en 
consecuencia:

- A desarrollar una campaa de informacin a todos los 
funcionarios pblicos sobre el significado y repercusin del 
proceso autonmico y sobre sus derechos y deberes en relacin al 
mismo.

- A incentivar debidamente el traslado voluntario de los 
funcionarios de la Administracin del Estado para cubrir las 
vacantes que existan o se vayan produciendo en las Comunidades 
Autnomas.

- A la aplicacin estricta de los traslados forzosos que procedan, 
sin perjuicio de la opcin por el rgimen singular de jubilacin o 
de excedencia.

2.3.4. La financiacin de las Autonomas

El sistema de financiacin de las Autonomas previsto en la 
Constitucin y desarrollado por la Ley Orgnica de Financiacin de 
las Comunidades Autnomas (LOFCA), si se aplica correctamente, lo 
que no ha sido el caso hasta ahora, garantiza la suficiencia de 
las haciendas autonmicas, permite la solidaridad entre los 
territorios del Estado y hace posible que el proceso de 
transferencia se realice sin incremento del gasto pblico.
Para ello:

- Se desarrollar la legislacin prevista en la Ley Orgnica de 
Financiacin de las Comunidades Autnomas.

- El coste de los servicios transferidos a las Comunidades 
Autnomas se valorar de forma correcta, igual, objetiva y 
transparente.

- Se aplicarn los mismos principios de igualdad, objetividad y 
transparencia en la fijacin del porcentaje de participacin de 
las Comunidades Autnomas en los ingresos del Estado, as como en 
la determinacin del cupo del Pas Vasco y de la aportacin de 
Navarra.

- Las instituciones de cooperacin entre la Administracin Central 
y las Autonomas y, singularmente, el Consejo de Poltica Fiscal y 
Financiera se potenciarn al mximo.

3. LA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO

3.1. Poltica de gobierno para desarrollar y consolidar el Estado 
de las Autonomas

Culminar la transformacin del Estado centralista en un Estado 
garantizador, del autogobierno solidario de las Comunidades 
Autnomas constituye una de las tareas ms hermosas y complejas de 
la democracia espaola.

Formular y desarrollar el proyecto poltico de la construccin del 
Estado de las Autonomas que regula la Constitucin constituye uno 
de los planes bsicos de la poltica socialista. Por tanto, a la 
necesaria tarea de completar y perfeccionar el proceso ya iniciado 
de su establecimiento y desarrollo, debe ahora unirse la de 
consolidarlo y hacerlo funcionar.

3.1.1. Completar el desarrollo del Estado de las  Autonomas
Se completar el desarrollo de los Acuerdos Autonmicos suscritos 
en 1981. El Gobierno no es la nica institucin del Estado a quien 
compete esta tarea, pero, sin duda alguna, debe asumir al respecto 
una responsabilidad fundamental.

Para ello, se impulsar en primer lugar la aprobacin de los 
Estatutos de Autonoma pendientes, as como de la Ley del Fondo de 
Compensacin Interterritorial.

Asimismo, se regularn las transferencias de conjuntos 
competenciales homogneos, as como el marco de la coordinacin 
entre Comunidades Autnomas y Diputaciones. Se modificar tambin 
la Ley de Elecciones Locales en cuanto se refiere al sistema de 
eleccin de los Diputados provinciales.

En cuanto a las transferencias, la racionalidad y la nitidez del 
proceso se acompasar en el tiempo conforme a un calendario 
preciso, y se establecern bloques homogneos a ser transferidos, 
as como la metodologa comn que resulte ms conveniente.

Para completar el desarrollo del Estado de las Autonomas se 
precisar un decisivo esfuerzo en el plano econmico-financiero, 
ya sea promoviendo los proyectos de ley necesarios (de cesin de 
tributos, de consignacin de transferencias a favor de las CCAA en 
los Presupuestos Generales del Estado, etc.), ya impulsando otras 
actuaciones tendentes a garantizar la necesaria cobertura 
econmica de las competencias transferidas.

3.1.2. Hacer funcionar el Estado de las Autonomas

Es evidente que no basta con completar el desarrollo del Estado de 
las Autonomas. debe, adems, asegurarse tambin su funcionamiento 
"regular. El impulso que asegure tal regularidad de funcionamiento 
proceder de diversos agentes polticos. de entre todos ellos, 
ser el Gobierno el obligado a garantizar la efectividad del 
principio de solidaridad interterritorial y el llamado a promover 
la coordinacin entre aquellos agentes autnomos para facilitar la 
direccin unitaria de la actividad del Estado.

A. El principio de solidaridad: Fondo de  Compensacin 
Interterritorial y Poltica Regional

La afirmacin y garanta del principio de solidaridad 
interterritorial constituye el objetivo principal de la poltica 
autonmica socialista. Para ello, debe facilitarse el mejor 
funcionamiento del Fondo de Compensacin. Pero la dimensin del 
problema de las desigualdades interterritoriales en nuestro pas 
es tal que, adems, el Gobierno desarrollar directamente una 
poltica regional tambin conducente a disminuirlos o hacerlos 
desaparecer.

B. La coordinacin de la actividad de las  instituciones del 
Estado

Un Estado estructurado en base a instituciones autnomas debe 
cuidar especialmente la coordinacin entre las mismas para 
garantizar la efectividad de sus prestaciones al ciudadano.

A tal fin, el PSOE asegurar:

- La planificacin y programacin coordinadas de las 
inversiones, servicios y actividades de todo tipo de las 
diferentes entidades pblicas.

- La coordinacin financiera, fundamentalmente a travs del 
Consejo de Poltica Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autnomas.

- La coordinacin de las actividades del Gobierno con las 
propias de las Comunidades Autnomas, a travs de las 
conferencias sectoriales de Consejeros y Ministros del Ramo, 
o tambin en cada comunidad, a travs del delegado del 
Gobierno en la misma.

- La realizacin de actividades con untas (tanto de inversin 
como de gestin de servicios) en las Comunidades Autnomas, 
cuando las circunstancias lo aconsejen y se alcancen los 
adecuados acuerdos.

Para todo ello, se adecuar la Administracin Central y perifrica 
del Estado al proceso autonmico.

Finalmente, se promover el ptimo aprovechamiento de todos los 
recursos administrativos existentes, para evitar el crecimiento de 
la burocracia como consecuencia del proceso autonmico. A tal fin, 
se debe recurrir a las Administraciones de nivel inferior siempre 
que sean capaces de ejecutar las competencias de titularidad 
superior, y en este sentido deber contarse con la capacidad de 
gestin y la agilidad de los Ayuntamientos y las Diputaciones 
provinciales.

3.2. Poltica de gobierno para la  Administracin Local

El PSOE propone desarrollar las responsabilidades que competen al 
Estado en materia de Administracin Local con arreglo a las 
siguientes lneas polticas bsicas:

3.2.1. Establecer un marco legal adecuado

Este marco respetar y potenciar las competencias y la autonoma 
de las Entidades Locales para el gobierno y administracin de sus 
intereses. Para configurarlo se elaborarn una nueva Ley de 
Administracin Local y una Ley de Financiacin de las Entidades 
Locales, as como leyes sectoriales que definan las competencias 
de las distintas Administraciones pblicas.
Por otra parte, se ir a una simplificacin normativa, tanto por 
la derogacin de normas vigentes en este campo como por 
unificacin del rgimen bsico de las distintas Administraciones 
pblicas en puntos como la funcin pblica, expropiacin, 
contribucin, etc.

3.2.2. Crear unas estructuras locales eficientes y adecuadas a la 
sociedad espaola actual

Se crearn unas organizaciones administrativas idneas para 
superar las dificultades que presenta para los municipios actuales 
la prestacin eficaz de los servicios, tanto en las grandes 
aglomeraciones metropolitanas como en las reas rurales. Estas 
medidas asegurarn unos niveles mnimos de servicios locales en 
todo el territorio nacional y se aplicarn a travs de las 
transferencias de recursos estatales a los municipios.

3.2.3. Poner a disposicin de las Entidades Locales los medios 
precisos para completar un sistema descentralizado de 
Administraciones pblicas

Se transferirn a las Entidades Locales algunos servicios que 
hasta ahora han venido siendo gestionados por el Estado o por 
diversas Administraciones pblicas y que por razones de eficacia e 
inters predominantemente local, sern asumidos por aqullas. La 
transferencia de estos servicios ir acompaada por un sistema de 
financiacin adecuado, que para ser equitativo dar un tratamiento 
equivalente a los servicios anlogos ya gestionados por las 
Entidades Locales.

Al trmino de este proceso, los servicios gestionados por las 
Entidades Locales representarn no menos de la cuarta parte, en 
trminos de coste, del conjunto de los prestados por las 
Administraciones pblicas. La responsabilidad de estas entidades 
ser mayor en la ejecucin de la inversin, sin perjuicio de que a 
travs de la programacin y cofinanciacin estatal se aseguren los 
objetivos de poltica general.

La Administracin del Estado prestar a las Entidades Locales 
asistencia tcnica especializada en aquellos campos que sea 
necesario.

Se asegurar la seleccin y formacin de personal tcnico 
especializado suficiente para atender a las necesidades de las 
Entidades Locales. A tal efecto, se potenciarn las actividades de 
la Escuela Nacional de Administracin Local.

3.2.4. Facilitar la integracin de la actividad de las Entidades 
Locales en el marco de la poltica general del Estado de las 
Autonomas

La actividad de las Entidades Locales se orientar al logro de los 
objetivos de la planificacin econmica y de la poltica general 
del Gobierno. Esta coordinacin se efectuar sobre la base de la 
concertacin, utilizando las subvenciones y el crdito oficial 
como medios de orientar la inversin local hacia el logro de un 
nivel mnimo de equipamientos colectivos en todo el territorio 
nacional.

Al planificar la dotacin de medios financieros estatales se 
facilitar la planificacin de las inversiones locales y, 
consiguientemente, una mayor coordinacin y eficacia de las 
actuaciones pblicas.

Las Entidades Locales estarn representadas en el Consejo 
Econmico, en el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera, Comisin 
de Colaboracin del Estado con las Corporaciones locales y dems 
rganos consultivos en que se delibere sobre medidas que les 
afectan.

3.2.5. Institucionalizar el adecuado control sobre las Entidades 
Locales

En la futura legislacin de rgimen local el control sobre la 
actividad de las Entidades Locales ser reservado a los Tribunales 
de Justicia y al Tribunal de Cuentas. Si bien la Administracin 
del Estado, velando por la subordinacin de la Administracin al 
derecho, promover la actuacin de los mismos.

3.2.6. Sistema de financiacin local

Una Ley de Financiacin de las Entidades Locales permitir 
replantear globalmente los medios econmicos con que cuentan estas 
entidades y completar la reforma del sistema tributario. Esta Ley 
deber responder a las exigencias de suficiencia y autonoma 
financiera local, aparte de cumplir los dems principios 
constitucionales del sistema tributario.

3.2.6.1. Cuadro tributario local. Los tributos propios de las 
Entidades Locales y la participacin en los ingresos del 
Estado sern las fuentes bsicas de recursos locales.

Para ello, se revisar profundamente el actual cuadro de 
tributos locales a fin de simplificarlo y dotarlo de una 
regulacin que permita ponerlo en coordinacin con el sistema 
impositivo estatal y con los objetivos de poltica 
urbanstica.

La simplificacin que implica esta reforma supone un esfuerzo 
de racionalizacin y economa en el gasto pblico que 
redundar en beneficio del contribuyente cumplidor de sus 
obligaciones fiscales.

3.2.6.2. Participaciones en los ingresos del Estado. La 
participacin de los Ayuntamientos en los tributos estatales 
se incrementar dentro de un cuadro de medidas que aseguren 
su reequilibrio financiero.

Al propio tiempo se proceder a una racionalizacin de la 
distribucin de estos fondos para reflejar mejor la capacidad, 
necesidades y esfuerzo fiscal de cada Entidad Local.

3.2.6.3. crdito local. Se potenciar el crdito oficial destinado 
a las Entidades Locales adaptando sus condiciones a las 
necesidades y caractersticas de su actividad. Este crdito se 
dirigir preferentemente a la realizacin de proyectos.

V. LA POLITICA EXTERIOR DE ESPAA

La definicin y puesta en prctica de un proyecto global y 
riguroso de poltica exterior constituye una de las carencias ms 
importantes de las que ha sufrido la democracia espaola. La 
desaparicin de los lmites que para la realizacin de dicho 
proyecto conlleva la ausencia de libertades en nuestro pas hasta 
1977 no ha sido aprovechada por los sucesivos gobiernos de UCD, 
que en este campo tampoco han estado a la altura de su 
responsabilidad histrica.

El Gobierno de la nacin abordar, sin ms dilacin, una poltica 
exterior que refuerce el papel de Espaa en el concierto 
internacional, afirme nuestra presencia en pie de igualdad all 
donde los intereses nacionales estn en juego y permita a nuestro 
pas contribuir activamente a la causa de la paz, de la libertad, 
de la justicia y del progreso en el mundo.

Los principios que deben orientar nuestro proyecto de poltica 
exterior sern:

1. El respecto del Derecho como factor organizador de la 
convivencia internacional, lo que supone contribuir a la 
potenciacin del papel de los organismos internacionales, y 
especialmente el de las Naciones Unidas como organizacin 
encargada del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 
y la defensa activa de los principios de su Carta Fundacional 
como norma suprema de las relaciones entre Estados.

2. La bsqueda de la paz, el desarme y la distensin, en la lnea 
iniciada en 1975 por la Conferencia de Helsinki, puesta en crisis 
en los ltimos aos por la revitalizacin de la dinmica de 
bloques y la aparicin de nuevos focos de tensin.

El PSOE propone, en consecuencia, la necesidad de eliminar del 
espacio europeo todos los misiles de alcance medio y apoyar la 
reanudacin de negociaciones para la reduccin de armamentos entre 
las grandes potencias, reduccin que permitir la redistribucin 
de recursos econmicos hacia objetivos de desarrollo contribuyendo 
a la mejora cualitativa del nivel de vida mundial.

Asimismo, el Partido Socialista se pronuncia por el mantenimiento 
del principio de no nuclearizacin del territorio espaol. Se 
estudiar favorablemente la oportunidad de que Espaa ratifique el 
Tratado de No Proliferacin de Armas Nucleares y se trabajar 
activamente por el xito de la Conferencia de Seguridad y 
Cooperacin de Madrid, cooperando con los pases europeos no 
vinculados a ninguno de los bloques militares, cuyas posturas 
constituyen un factor positivo de neutralizacin de las tensiones 
Este-Oeste.

3. La cooperacin activa por un Orden Econmico Internacional 
justo que site las relaciones econmicas entre pases en un plano 
de igualdad real, para lo cual se apoyarn los mecanismos que 
impidan la prolongacin de situaciones de explotacin de unas 
zonas del mundo por otras, que de hecho suponen la perduracin de 
los lazos. coloniales por otros procedimientos y que constituyen 
uno de los factores importantes de la inestabilidad internacional.

4. La defensa de - los derechos humanos, sean individuales o 
colectivos, polticos, econmico-sociales o culturales. Para los 
socialistas el apoyo a los derechos humanos no es un combate 
retrico, y se entroncar de raz con la lucha contra el 
analfabetismo y la miseria y con la construccin de un nuevo orden 
econmico internacional. Tampoco podr desligarse este apoyo de la 
salvaguardia de la paz: la tensin internacional y los conflictos 
entre Estados conducen indefectiblemente a restringir el campo de 
aplicacin de los derechos humanos.

La defensa de los derechos humanos, objetivo universal para los 
socialistas, cobra una especial relevancia en aquellos pases que 
por razones de historia, cultura y lengua no son particularmente 
cercanos, como es el caso de los pases latinoamericanos.

5. La solidaridad con los pueblos que luchan por la libertad, ya 
que para la poltica exterior desde el punto de vista socialista 
es consustancial la solidaridad internacional de las democracias 
hacia los demcratas que viven bajo dictaduras.

La mejor contribucin a esa solidaridad activa ser la lucha por 
la paz y la distensin, ya que la dinmica de bloques tiende a 
sacrificar los presupuestos de libertad y democracia en funcin de 
intereses geoestratgicos y militares.

En este terreno, se inscribir la lucha contra toda forma de 
opresin o discriminacin por razn de raza o creencia y contra 
toda forma de colonialismo o neocolonialismo.

En el mismo sentido se inscribe la cooperacin en el marco 
internacional en la lucha contra el terrorismo, por lo que se 
contribuir a una solidaridad internacional con instrumentos 
jurdicos adecuados que permita erradicar este autntico azote de 
la libertad y de la convivencia pacfica de los pueblos.

Sobre la base de estos principios, la poltica exterior de los 
socialistas se articular en tomo a varias lneas de actuacin 
prioritaria, cuya relacin responde al hecho de que la Espaa 
democrtica: a) es un pas occidental y europeo, con una dimensin 
mediterrnea y una proyeccin americana que lo diferencia de otras 
naciones europeas. b) se encuentra en un nivel de desarrollo 
socioeconmico prximo al de los pases ms industrializados, 
aunque amplias zonas de su territorio muestran an estructuras 
claramente subdesarrolladas. c) est geogrficamente situada en la 
encrucijada de varias culturas y de varios continentes.

Las tareas prioritarias de nuestra poltica exterior, a partir de 
esos elementos de referencia sern:

- Una proyeccin europea basada en una opcin esencialmente 
poltica, aunque de fuerte contenido econmico. Esta opcin 
implica la apuesta por el proyecto de consolidacin de una 
Europa unida, fuerte y solidaria y, en consecuencia, la 
participacin activa en sus organismos, las Comunidades 
Europeas y el Consejo de Europa. En el plano de la 
integracin econmica se orientar la negociacin tratando de 
concretar la convergencia objetiva de los intereses de los 
pases del Sur de Europa dentro del entramado comunitario, lo 
que permitir abrir paso a una reestructuracin interna de la 
CEE que conduzca a superar la crisis de las instituciones 
europeas y recuperar la dimensin poltica de la negociacin 
para la adhesin de Espaa.

- Una poltica con Iberoamrica que situar nuestra relacin 
en un marco superador de la fase meramente declarativa 
presente que actualizar, estrechar y potenciar la 
cooperacin poltica, econmica y cultural con los pases de 
aquel continente.

El fortalecimiento de los regmenes democrticos, la 
solidaridad con los pueblos que luchan por la libertad y la 
recuperacin de su soberana, la defensa de los derechos 
humanos y la adecuada proteccin jurdica a los refugiados en 
nuestro pas, cobran en Iberoamrica una especial relevancia 
para el proyecto socialista. La continuidad en las propuestas 
de cooperacin iniciadas ser un factor clave de la 
credibilidad en ese proyecto y, en consecuencia, de un 
fructfero trabajo en comn, tanto a nivel bilateral como en 
el marco de los foros internacionales.

- Una poltica de clarificacin, estrechamiento y 
potenciacin de  las relaciones con los pases vecinos, 
Francia, Portugal y el Magreb.

El mutuo entendimiento, el respeto, la globalizacin de las 
relaciones y la cooperacin constituirn la base de una 
convivencia armnica con los pases que componen el rea ms 
prxima a Espaa y que requieren, por tanto, relaciones 
especiales, aunque diversas entre s.

- Una poltica mediterrnea que permitir que Espaa, como 
potencia regional de primer orden, pueda jugar un papel 
activo en cuanto a la armonizacin de intereses de los pases 
situados en ambas riberas del Mediterrneo, fomentando 
estructuras institucionales que contribuyan a la distensin 
de las relaciones, a la creacin de zonas desnuclearizadas y 
a la cooperacin en los mbitos cultural, de informacin y de 
medio ambiente, etc.

- Una relacin con EE. UU. en el marco de las relaciones con 
el mundo occidental en su 'conjunto, de la que es necesario 
hacer una mencin aparte, dada la existencia de un Tratado 
Bilateral con esta potencia. Las relaciones se orientarn en 
una doble vertiente: por un lado, aquella que afecta a la 
relacin militar o de mantenimiento de la misma en 
condiciones medidas, igualitarias, de equilibrio y fijadas en 
el tiempo, tal como exigen los presupuestos de la nueva 
situacin de democracia de nuestro pas y fundada en el no 
desequilibrio de la situacin defensiva del mundo occidental.
Por otro lado, el planteamiento de la relacin desbordando el 
marco estrictamente militar y orientndola a potenciar los 
aspectos econmicos, comerciales o de cooperacin cientfica, 
tcnica y cultural.

- Las relaciones con la Alianza Atlntica. El PSOE reafirma 
su filosofa contraria a la poltica de bloques militares que 
de hecho consagra la divisin del mundo en zonas de 
influencia perpetua, y se compromete a seguir luchando por un 
mundo libre y en paz, donde la cooperacin, el intercambio y 
el dilogo Norte-Sur sustituyan a la tensin Este-Oeste.
En este sentido. el Gobierno trabajara para lograr un mayor 
techo de autonoma para Espaa, desvinculndola 
progresivamente en el plano militar del Bloque del Atlntico 
Norte. En consecuencia, y en la lnea ya expresada 
anteriormente por el PSOE, en un primer momento y como medida 
inmediata, se congelarn las negociaciones para la 
integracin en la organizacin militar. En un segundo 
momento, se mantendr el compromiso contrado por el PSOE de 
convocar un referndum para que sea el pueblo espaol el que 
decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN.

Junto a estas grandes prioridades, el mantenimiento de la 
reivindicacin de la soberana espaola sobre Gibraltar, formar 
parte irrenunciable de nuestro proyecto. El Gobierno impulsar 
dicha reivindicacin tanto a nivel bilateral como en los foros 
internacionales.

La poltica exterior socialista considera importante la definicin 
del proyecto de cooperacin con Guinea Ecuatorial, as como 
tambin con el resto del frica Subsahariana.

La puesta en prctica de una poltica especfica hacia el Mundo 
rabe y Oriente Prximo tratar de fomentar las buenas relaciones 
diplomticas y de amistad con los pases de esta zona, 
concretndolas en proyectos de cooperacin recproca e incluso de 
enlace de la capacidad financiera del Mundo rabe con las 
necesidades iberoamericanas de explotacin de sus propios 
recursos.

La poltica exterior debe contar con los instrumentos necesarios 
para llevarla a la prctica. Del anlisis de la situacin actual 
de dichos instrumentos se deduce su inadecuacin y falta de 
operatividad para alcanzar los objetivos previstos. Por ello, el 
Gobierno propugnar:

- Una reforma de la Administracin Exterior del Estado 
definiendo y potenciando sus competencias y funciones dentro 
y fuera del territorio espaol as como la coordinacin de la 
accin exterior del conjunto de la Administracin del Estado.

- La potenciacin y coordinacin de la cooperacin 
internacional, hoy desarrollada por distintos rganos de la 
Administracin. La seleccin de pases beneficiarios de 
nuestra ayuda deber situarse esencialmente en Iberoamrica y 
el Mundo rabe y Africano, atendiendo a criterios polticos 
de apoyo a democracias emergentes, o de afinidad a nuestro 
desarrollo socioeconmico y cultural.
